España: reputados chefs se unen a la campaña contra alimentos modificados genéticamente
El debate sobre los alimentos transgénicos ha entrado en las cocinas de de los restaurantes premiados con estrellas Michelin. Una veintena de reputados cocineros catalanes han pasado a engrosar las filas de los opositores a los alimentos modificados genéticamente
Hasta ahora, los más activos contra los transgénicos eran algunas organizaciones agrarias y ecologistas, productores de alimentos ecológicos y organizaciones de cooperación internacional. Pero ahora estos chefs se han convertido en la punta de lanza de la preocupación social que suscitan los alimentos que se alteran al margen de los cruces vegetales naturales. Son el sensor gastronómico de una sociedad que quiere alimentos libres de pesticidas que conserven su olor y su sabor.
Oriol Rovira, propietario del restaurante Els Casals, en Sagàs (Berguedà), con una estrella Michelin, opina que con la llegada de los transgénicos se puede agravar la pérdida de la variedad de los alimentos. Y esa homogeneización choca con sus principios. Él tiene su propio huerto y un corral para abastecer su cocina. "A mí me gusta la variedad; tengo siete tipos de tomates diferentes. Creo que hay que conservar las razas animales; tenemos la gallina flor d'ametller o la gallina penedesenca. En Perú, disponen de centenares de variedades de patatas; y México cuenta con cientos de maíces. La variedad es una riqueza que no se puede perder", dice Oriol Rovira.
Igualmente, hace unos días, Santi Santamaria (Can Fabes, de Sant Celoni), con tres estrellas Michelin, dijo lo mismo. "El modelo de monocultivo que imponen los transgénicos supone una pérdida de diversidad y de calidad para nuestra cocina mediterránea". Asimismo, muchos otros cocineros ponen sal y pimienta al movimiento de los chefs ecológicos: Enric Millà, del restaurant El Dien, en Vallfogona de Balaguer (Noguera); Joan M. Ribas, del restaurante Melba, de Vic, o Valentí Mongay, de La Salseta, en Sitges.
El debate cobra más intensidad en un momento en que ocho países europeos han invocado la cláusula de salvaguarda y han prohibido el cultivo del maíz MON 810 (Alemania, Francia, Austria, Grecia, Hungría, Luxemburgo, Italia y Polonia) alegando un principio de precaución y la necesidad de efectuar nuevos estudios para garantizar que el maíz modificado no tiene impacto a largo plazo ni afecta al medio ambiente.
Sin embargo, en España, pese a las protestas, cada vez se siembra más maíz modificado (unas 80.000 hectáreas, de un total de 400.000), sobre todo en el valle del Ebro, para ser destinado casi íntegramente a piensos animales. El resultado es que España lidera la producción de la única planta modificada que se siembra de forma comercial en la UE: el maíz Bt MON 810, que segrega una toxina que actúa como un insecticida contra la plaga del taladro, un gusano que daña el maíz.
"El maíz modificado tiene indudable ventajas. Antes, las pérdidas de las cosechas por el taladro eran de entre un 10% y un 20%. Además, lo necesitamos porque la UE ha prohibido cientos de insecticidas. Además, si España importa colza, soja o algodón transgénico, ¿por qué no nos van a dejar usar aquí estas tecnologías?", se interroga Carlos Ferrer, secretario general de la Asociación General de Productores de Maíz.
Sin embargo, su introducción está provocando conflictos. Algunos agricultores ecológicos han denunciado que sus campos están siendo contaminados por la polinización desde campos contiguos de maíz transgénico. "Tenía 16 hectáreas de maíz ecológico y mis campos fueron contaminados, por lo que el consejo de agricultura ecológica de Aragón me retiró la certificación (pues no puede haber rastro de transgénicos). ¿De quién es la culpa? Para mí es de Monsanto, porque es imposible saber de dónde viene el polen. En unos campos tan grandes y con viento, puede venir de un kilómetro de distancia", explica Juan Carlos Simón, un agricultor de Tauste (Zaragoza) que cultiva productos ecológicos (cereales, horticultura) desde hace años, pero que dejará de sembrar maíz ecológico.
Sin embargo, las denuncias de estos agricultores quedan "en saco roto", se queja Juan Felipe Carrasco, de Greenpeace. "No hay una ley que fije la responsabilidad del contaminador. En estos casos, la Administración deja sin sello ecológico al agricultor; pero así castiga a las víctimas y no a quien causa la contaminación".