En defensa de la Amazonía ecuatoriana, por Diana Rojo

La primera herida se abrió en los años setenta. Texaco, con la ayuda de Petroecuador, construyó un oleoducto que atravesaba los Andes. En 1993, representantes de grupos indígenas y colonos interpusieron una demanda por daños al medio ambiente y a la salud, que incluye a más de 30.000 afectados y que asciende a 1.500 millones de dólares.

La demanda fue presentada en Nueva York, sede de la multinacional, con el fin de evitar el riesgo de que los intereses financieros de Ecuador influyesen de alguna manera en la decisión judicial. La disputa por establecer el lugar del juicio aún no ha concluido y la asunción de responsabilidades por parte de Texaco -ya absorbida por Chevron- todavía no ha sido cumplida.

Mientras se espera la resolución de la demanda del caso Texaco, ecos de violencia suenan en la provincia de Sucumbíos. El pasado 9 de enero, varios campesinos que reclamaban un pago justo por la tierra y por los daños provocados por el oleoducto, fueron reprimidos. La policía y el ejército golpearon e hirieron a los campesinos de la Comunidad "Unión Paltense" con bombas lacrimógenas y otras armas e, incluso, penetraron en el interior de las viviendas, según testimonios de los propios afectados. Los ciudadanos, sometidos a un permanente control militar, quedan desprotegidos frente a quienes detentan el poder económico. Los derechos de las empresas se amplían en detrimento de los de las personas.

Las multinacionales del petróleo lesionan los derechos colectivos reconocidos por la Constitución de Ecuador y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), referido a los derechos de pueblos indígenas, entre los que incluye el de ser consultados con ánimo de llegar a un acuerdo sobre toda medida que los afecte directamente y el de participar en las decisiones sobre explotación de recursos en sus territorios. Sin embargo, las petroleras encuentran resquicios en las leyes e interpretan los textos según les conviene para justificar sus actuaciones. Por ejemplo, la realidad histórica del pueblo U?wa -que migra estacionalmente en su territorio- es ignorada y su opinión queda excluida en cualquier decisión sobre las tierras, porque existe un decreto que sólo considera territorio de un pueblo aquel que es ocupado permanentemente.

El gobierno ecuatoriano, que no otorga títulos de propiedad de las tierras a quienes las habitan desde hace siglos, permiten, sin embargo, que los gigantes petroleros intoxiquen los pulmones del planeta. Además, las petroleras tratan de convencer a la opinión pública de que sin la explotación petrolífera no habrá desarrollo en Ecuador. Un portavoz de Texaco afirmó: "si sigues el desarrollo del petróleo en Ecuador, te das cuenta que hace un camino paralelo al aumento en la calidad de vida en el país". Parece ser que ignoraba que cuando empezó la explotación petrolera en Ecuador, este país tenía una deuda de 200 millones de dólares; y hoy, de 16.000 millones.

Para las grandes petroleras la vida vale menos en el sur, donde exhiben muestras de su desidia, mientras que en el norte se muestran 'responsables' de sus actuaciones, como ocurrió con el vertido de petróleo del Exxon Valdez en Alaska. En ocasiones los niveles tóxicos en Ecuador superan cien veces los permitidos por la Unión Europea y los ríos de la zona registran niveles de hidrocarburos de hasta 288 puntos más que el permitido en el viejo continente.

En el curso del Amazonas, la muerte y la enfermedad fluyen disueltos en el agua. La apertura de caminos, pozos y helipuertos para la llegada de la maquinaria conlleva la destrucción de la capa vegetal, y las explosiones para detectar los yacimientos devastan la fauna. Durante la extracción utilizan productos químicos muy peligrosos que son vertidos directamente en los ríos y lagos cercanos o en grandes piscinas, que suelen desbordarse debido a las intensas lluvias. La quema de los componentes que se separan del crudo se hace en plena selva, sin controlar las emisiones, provocando las llamadas "lluvias negras".

Cáncer, abortos, dolores de cabeza, irritación de garganta y ojos, náuseas, mareos, vómitos, infecciones, gastritis, dermatitis: las monedas del oro negro suenan a enfermedad. Entre la población que habita la zona de explotación petrolífera de la Amazonía de Ecuador se registran más del doble de abortos que en cualquier otro lugar. El riesgo de los varones de sufrir cáncer es hasta un 130% mayor en las zonas expuestas que en Quito y el riesgo a morir por esta causa es un 160% más alto, según el informe Yana Curi, avalado por la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de la Universidad de Londres, que se presentará como prueba en el juicio contra Texaco. Las carreteras se pavimentan con productos cancerígenos y su construcción trae consigo la llegada de miles de obreros y de colonos que toman las tierras de los indígenas. Jesús Esteban Sádaba, obispo de Aguarico, asegura que "los empleados importantes vienen de fuera sólo están aquí 20 días y vuelven 10 días a casa para descansar. Los de aquí son los que hacen limpiezas, machetean la hierba y se quedan con la contaminación". Así contribuyen estas multinacionales al ascenso del nivel de vida: sólo el 2% de los empleados de las petroleras que explotan esta zona es autóctono, mientras que el resto de la población sobrevive del café, el maíz y las vacas ya enfermas, según Miguel San Sebastián, coordinador del informe Yana Curi.

Los taladros que van a la caza del petróleo también perforan los derechos humanos. Fuera de Ecuador, casos como el de Nigeria, donde la Shell determinó la brutal represión del régimen dictatorial, incluyendo la ejecución del escritor Ken Saro-Wiwa en 1995 junto con otros ocho opositores al régimen, dan alguna pista sobre el proceder de las multinacionales del petróleo. En Ecuador son Maxus, City, Oryx, Elf, entre otras, las empresas que vulneran el medio ambiente y los derechos humanos.

El Frente de Defensa de la Amazonía, en representación de los 30.000 indígenas y campesinos, exige a Texaco que limpie toda la contaminación que ha dejado, que las comunidades tengan agua potable y una compensación por los daños en la salud de esas personas. Y es alarmante que todavía se debata sobre ello, pues no se está reclamando un favor, sino un derecho. El juicio de Texaco debería ser un primer paso para corregir el comportamiento de las empresas transnacionales que trabajan en la extracción de recursos naturales en los países del sur. No obstante, no basta con curar las llagas a la Amazonía; es preciso atajar las agresiones. La filosofía de quien contamina paga implica que existe esa posibilidad y que se puede comprar; privilegia a quienes no dudan en sacrificar la naturaleza a cambio de llenarse el bolsillo. La necesidad de una legislación internacional que controle las actividades petroleras se hace patente, sobre todo ahora que el capital no encuentra fronteras. Con frecuencia se olvida que es el hombre el que pertenece a la Tierra y no al revés, y cuanto más se abren los poros de la tierra más se cierran los ojos de los hombres, cegados por el brillo del oro negro.

Portaldelmedioambiente.com, Internet, 23-5-03