El reinado de los plaguicidas
Según el ingeniero Fernando Ramírez, del IRET de Costa Rica, el uso de los agroquímicos se intensifica cada año en la región y crece la dependencia de ellos. En paralelo, aumenta el número de intoxicados y los daños a los recursos naturales
En junio pasado, el ingeniero Fermín Romero, responsable de la sanidad ambiental de Panamá, anunció que su país propondría a las demás naciones centroamericanas restringir el uso de los plaguicidas altamente tóxicos en la agricultura a fin de tener una producción más limpia, libre de sustancias tóxicas que afecten la salud pública y el medio ambiente y permitan competir a escala internacional. La propuesta se presentaría en las reuniones regionales de ministros de Agricultura. Romero aclaró que su país no busca prohibir por completo el uso de esas sustancias, sino regular su venta y utilización en el agro.
Aunque se desconoce la suerte de esa propuesta, cabe señalar su importancia, pues los plaguicidas llevan muchas décadas reinando en el sector agropecuario de Centroamérica. Según el ingeniero Fernando Ramírez, del Instituto Regional de Estudios de Sustancias Tóxicas (IRET) de Costa Rica, el uso de los agroquímicos se intensifica cada año en la región y crece la dependencia de ellos. En paralelo, aumenta el número de intoxicados (especialmente entre quienes los aplican) y los daños a los recursos naturales, destacadamente al agua, el suelo y la biodiversidad. El investigador advierte que en esta región se utiliza tres veces más plaguicidas que el promedio mundial, en parte porque se incrementaron las extensiones sembradas con ciertos productos de demanda internacional, destacadamente azúcar, plátano y café.
Buen número de esas fórmulas son muy tóxicas y dañinas para los seres vivos. Un ejemplo son los miles de campesinos y sus familias afectadas por el Nemagón, esparcido durante décadas en las plantaciones de plátano. Vicente Boix muestra ampliamente lo que pasó en Nicaragua en su libro El parque de las hamacas. En él recoge el testimonio de las familias afectadas y su lucha frontal contra las trasnacionales que elaboraban ese compuesto químico (y otro, Fumazone) a fin de que los indemnizaran por las muertes y las enfermedades que causaron. Se trata de Dow Chemical, Occidental Chemical Corporation y Shell Oil Company. A su vez, las compañías Castle, Chiquita Brands, Dole Food Company Inc y Standard Fruit Company los usaban en sus plantaciones sabiendo que producían esterilidad, ceguera y cáncer en los seres humanos, así como trastornos en el sistema nervioso, pérdida del cabello, quemaduras de la piel, impotencia sexual y malformaciones genéticas en los recién nacidos. Además de que sus efectos pueden pasar de una generación a otra.
Las compañías productoras de agroquímicos y las bananeras (todas estadunidenses) se confabularon para enfrentar la oposición a sus prácticas criminales. En Honduras pistoleros no identificados asesinaron en 1998 a Medardo Varela, líder de una organización defensora de los derechos laborales y humanos de los afectados por aplicar plaguicidas en las plantaciones de plátano de las trasnacionales Castle y Chiquita. Junto con Varela también fue ultimado su hijo Wilmer. Esos crímenes quedaron impunes. Una larga y tortuosa batalla legal logró ya que se indemnice a una parte de los afectados nicaragüenses, suerte que no han tenido los hondureños y los campesinos de los demás países de la región, también perjudicados por los agroquímicos.
A fines del año pasado las organizaciones ambientalistas y los estudiosos de la salud pública recibieron informes según los cuales los plaguicidas eran la causa de problemas renales crónicos entre los trabajadores agrícolas del sur de México y Centroamérica, sometidos a condiciones de trabajo extremo, especialmente en las plantaciones de caña de azúcar, algodón y plátano. Los informes, a los que se agregó un amplio reportaje de José Meléndez publicado en el diario El País, dieron pie a la controversia: mientras los especialistas señalan a los plaguicidas como los causantes de los problemas, algunos funcionarios los atribuyen a las altas temperaturas y a las condiciones desfavorables en que trabajan los jornaleros. Por lo que toca a México, es necesario que las instancias oficiales de salud y del ambiente informen con veracidad sobre lo que ocurre con los plaguicidas en, por ejemplo, las áreas agrícolas de Chiapas y Tabasco.