¿El libre comercio debe prevalecer sobre la salud y el medio ambiente?
Según Ecologistas en Acción, la Organización Mundial del Comercio (OMC) ha dado la razón a Estados Unidos, Canadá y Argentina, que en 2003 denunciaron la moratoria europea a los transgénicos, alegando que era contraria a las normas de libre comercio
Para la organización ecologista, esta decisión significa que los países europeos deben autorizar la importación de variedades transgénicas no permitidas en la Unión Europea, renunciando al principio de precaución, exponiéndose de lo contrario a sanciones comerciales de la OMC.
Entre 1998 y 2004 la Unión Europea paralizó el proceso de autorización de organismos manipulados genéticamente (OMG), por considerar que la legislación europea no aseguraba una correcta evaluación de riesgos. A su vez, varios países europeos (Alemania, Austria, Francia, Grecia, Italia y Luxemburgo) han decretado prohibiciones nacionales a algunos OMG, acogiéndose a la norma europea que permite a los Estados miembros denegar su entrada si consideran que la liberación en su territorio supone riesgos para la salud o para el medio ambiente.
La moratoria europea ha supuesto un verdadero quebradero de cabeza comercial para países como Estados Unidos, que el año pasado sembró el 55% de la superficie mundial de transgénicos. En este país se cultivan una serie de variedades manipuladas genéticamente cuya importación no está permitida en Europa, y no se requiere etiquetado ni segregación de las cosechas de OMG. En consecuencia, el rechazo europeo a los transgénicos ha sido un duro golpe para los grandes exportadores estadounidenses, obligados a eliminar en sus envíos las variedades no autorizadas en la UE, y que se han encontrado con que su cliente más solvente prefería importaciones de países que podían garantizar un suministro libre de transgénicos.
En su defensa ante la OMC, la Unión Europea alegaba que “el proceso de creación de OMG está rodeado todavía de numerosas incertidumbres”, afirmando que las técnicas de manipulación genética son muy imprecisas y conllevan numerosos y graves riesgos que justifican plenamente una postura precautoria. Pese a ello, posiblemente para demostrar a EE UU su buena voluntad de terminar la moratoria, a partir de 2004 la Comisión Europea ha autorizado apresuradamente nuevos OMG, obviando la decisión contraria del Consejo y el rechazo mayoritario de los consumidores europeos.
La UE tiene ahora un plazo de 60 días para apelar la resolución de la OMC. De no hacerlo, tendrá que hacer frente a las sanciones impuestas, que pueden ser cuantiosas, ya que solo EE UU alega pérdidas de 300 millones de dólares anuales en exportaciones. O puede doblegarse a los dictados de la OMC, renunciando a su soberanía y “agilizando” la entrada de nuevos transgénicos, como reclama EE UU. En este país el proceso de autorización de los transgénicos es un mero trámite en el que la administración se limita a certificar los informes de la industria, que tienen carácter voluntario, sin capacidad para verificarlos.
En cualquier caso la resolución de la OMC, adoptada por un panel de expertos en legislación comercial cuyas deliberaciones son secretas, ha dejado claro de nuevo que para esta organización las normas de libre comercio deben prevalecer sobre el derecho de los Estados a proteger la salud de los consumidores y el medio ambiente.