El Salvador: reprimen protestas contra privatización del agua
La Policía Nacional Civil Salvadoreña capturó a pertenecientes de la Asociación de Comunidades Rurales para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES) cuando se dirigían hacia la ciudad de Suchitoto para participar en un foro de discusión sobre la privatización del agua a celebrarse en el parque central de la ciudad
El lunes 2 de julio a tempranas horas de la mañana, la Policía Nacional Civil Salvadoreña capturó, en el Municipio de Suchitoto, Departamento de Cuscatlán, a Marta Lorena Araujo, Rosa María Centeno, María Haydee Chicas y a Manuel Antonio Rodríguez, todos pertenecientes a la Asociación de Comunidades Rurales para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES).
Las detenciones se efectuaron cuando se dirigían hacia la ciudad de Suchitoto para participar en un foro de discusión sobre la privatización del agua a celebrarse en el parque central de la ciudad.
Cabe indicar que en la Plaza Central del Municipio de Suchitoto, familias rurales de las comunidades de la zona realizaban una actividad pacífica en contra de la privatización del agua; este lugar había sido seleccionado por el Presidente del país Elías Antonio Saca para hacer el lanzamiento de la Política Nacional de Descentralización de los Servicios Básicos, la cual ha sido seriamente cuestionada por los sectores populares por ser la que daría paso a la privatización del agua con su consecuente encarecimiento y por tanto, más difícil de adquirir para las mayorías pobres.
Los integrantes de CRIPDES, a pesar de no haber participado en dichas acciones, fueron perseguidos por la policía que interceptó el vehículo en que se trasladaban, procediendo de inmediato a golpear al conductor. Luego de ser esposados fueron trasladados a la delegación policial d Suchitoto, y luego a Cojutepeque, Santa Cruz Analquito y posteriormente de regreso a Cojutepeque.
Al pasar por el parque centra de Suchitoto, –donde se realizaba el foro con la participación de habitantes de las comunidades-, y al enterarse de las capturas, la población intentó negociar con la Policía Nacional Civil la liberación de todas las personas. Como respuesta, la Unidad de Mantenimiento del Orden –UMO- de la PNC, hizo gala nuevamente de su brutalidad reprimiendo y procediendo a nuevas capturas. La policía hizo disparos, lanzó gases lacrimógenos, persiguió y cateó viviendas. Además hubo sobrevuelo de helicópteros como si de un operativo militar se tratara. La acción represiva dejó como saldo: 16 personas capturadas y más de 50 heridas e intoxicadas.
Lo ocurrido este 2 de julio acentúa el retroceso al proceso de la construcción de la democracia iniciado con los acuerdos de paz que pusieron fin al conflicto armado en El Salvador, al tiempo que se está perfilando la instauración de una política de terrorismo de Estado que busca sembrar temor en la población y coartar cualquier descontento ante las políticas impopulares que el gobierno de Saca está implementando en el país.
La represión de la policía nacional salvadoreña en contra de familias rurales que se pronunciaban pacíficamente contra la privatización de un bien común, contrasta radicalmente con los discursos de Antonio Saca en lo relativo a la sagrada libertad de expresión, la supuesta política de inclusión, y el goce de la democracia plena en El Salvador.
Los golpes, capturas, persecución, cateos y el sobrevuelo de helicópteros traen tristemente a la memoria los peores momentos vividos por la población durante la oscura época del militarismo en el país centroamericano.
Ante esta situación, los representantes de organizaciones populares y sociales que integran el Frente de Unidad Social por un Nuevo País, dirigieron un comunicado a la Asamblea Legislativa, expresando su preocupación e indignación ante los hechos represivos cometidos por las fuerzas de seguridad el la localidad de Suchitoto.
El Frente de Unidad Social por un Nuevo País solicitó a la Asamblea Legislativa:
1. Que cree una comisión especial que investigue los hechos suscitados en Suchitoto el día 2 de julio del 2007, que derivó en la persecución, captura, represión por parte de la Policía Nacional Civil (PNC) y sus unidades elites a población que se manifestaba pacíficamente contra la privatización del agua; esto de acuerdo al Art. 131, numeral 32 de la Constitución. Además, cite al Ministro de Seguridad Pública y Justicia, al Fiscal General de la República y al Director de la PNC, de acuerdo al Art. 132 de la constitución, para que expliquen las acciones realizadas por la PNC y la criminalización que se hace de las organizaciones populares y sociales a través de leyes violatorias de los derechos humanos.
2. Que se pronuncie públicamente en contra de la persecución, captura y la represión contra el movimiento social, considerando que esta situación en nada contribuye a la construcción de la paz social. Asimismo, en relación a la ley especial contra actos de terrorismo y la ley contra el crimen organizado y delitos de realización compleja, por atentar contra el derecho a la seguridad jurídica y el debido proceso y los demás derechos constitucionales.
El CRIPDES así como la Asociación para la Cooperación y el Desarrollo Comunal de El Salvador (CORDES) demandaron la inmediata libertad de los detenidos, el respeto a su integridad física y moral, expresaron su solidaridad con sus familiares, rechazaron cualquier vinculación que, de manera tendenciosa, funcionarios públicos han hecho en relación a los actos del 5 de julio de 2006, y reiteraron su compromiso de trabajar por el desarrollo económico y social de las comunidades rurales.