El Presidente "sentenció a muerte al maíz mexicano", señala Greenpeace
El presidente Vicente Fox autorizará entre hoy y mañana a las empresas trasnacionales Monsanto, Pioneer y Dow Agrosciences la siembra de maíz transgénico en Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, denunció la organización ambientalista internacional Greenpeace, que definió la decisión presidencial de "sentencia de muerte al maíz mexicano"
Estos permisos, explica Gustavo Ampugnani, coordinador de la campaña de transgénicos y agricultura sustentable de Greenpeace, son ilegales.
"Por un lado, no están definidos los centros de origen y diversidad del maíz, que eso remite a los artículos 86 y 87 de la Ley de Bioseguridad y, por otro, no se ha creado el régimen especial de protección al maíz que está contemplado en el artículo 2, fracción 22, de la ley.
Asimismo tenemos información de abogados que aseguran que entre Sagarpa y Semarnat existen desacuerdos sobre la legalidad de las siembras de maíz transgénico."
La organización ambientalista aseguró que con el fin de garantizar estas siembras, la semana pasada estuvo en México el presidente de Monsanto, Jerry Steiner, quien vino a "supervisar" que se den estas aprobaciones antes que concluya el sexenio.
Ampugnani aseguró que las autorizaciones responden "a la necesidad de Vicente Fox de pagar todos los apoyos recibidos durante su sexenio. Antes de que éste acabe quiere allanar el camino a estas empresas para que empiecen a comercializar su tecnología en la próxima administración. Es lamentable que un presidente que llegó al gobierno con tanta legitimidad y apoyo popular concluya su labor dándole el tiro de gracia al cultivo más importante y, de paso, dándole la espalda al sector campesino que creyó en él".
Los ecologistas enviaron ayer a diversas dependencias una carta en la que advierten que, al no haber acuerdos intersecretariales, las autoridades deben rechazar las solicitudes de siembra de las empresas privadas.
En caso de que los permisos no se apeguen a la ley, anunció Greenpeace, se agotarán todas las vías legales para frenar lo que representaría "la sentencia de muerte del maíz criollo y el inicio de la privatización del grano más importante del país".
Ampugnani aseguró que la batalla contra las siembras del maíz transgénico no está perdida mientras no se agoten los recursos legales, pero, en caso de que las autorizaciones no se detengan, será cuestión de tiempo el que las semillas genéticamente modificadas alcancen escalas comerciales de alto nivel.
El grano transgénico contaminará al autóctono, en un proceso que nadie podrá controlar, añadió.
La organización teme que, igual que ocurrió con el algodón transgénico, la siembra del maíz modificado no sólo se extienda por todo el país, sino que las variedades genéticas del grano pasen a manos privadas de grandes trasnacionales.
Agregó que el Estado mexicano carece de capacidad para monitorear las liberaciones transgénicas en el medio ambiente, porque no cuenta con la infraestructura necesaria ni con voluntad política. Por lo tanto, la autorización apunta hacia el beneficio de la iniciativa privada aunque con ella se pase por encima de los intereses públicos, sociales, culturales y medioambientales.