El COMPITCH denuncia biopiratería en Los Altos de Chiapas

El proyecto en Chiapas del International Cooperative Biodiversity Group (ICBG-Maya), Investigación, farmacéutica y uso sustentable del conocimiento etnobotánico y biodiversidad en la región maya de Los Altos de Chiapas, opera desde 1998 a petición expresa de El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) y la Universidad de Georgia. El ICBG es un consorcio de agencias federales que incluye a los Institutos Nacionales de Salud, la Fundación Nacional de Ciencia y el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos.
Otorga donaciones a instituciones de investigación pública y comercial que realizan programas de bioprospección/biopiratería, en países pobres con gran biodiversidad. Según el propio ICBG, sus metas son promover el descubrimiento de farmacéuticos derivados de recursos naturales, la conservación de la biodiversidad y el crecimiento económico sostenido de los países en vías de desarrollo.

El ICBG canalizó 2.5 millones de dólares del gobierno de los Estados Unidos para el proyecto en Los Altos de Chiapas. Utilizando el conocimiento indígena como guía de su investigación, el proyecto ICBG en Chiapas se propone descubrir, aislar y evaluar farmacológicamente componentes importantes de especies vegetales y microorganismos usados en la medicina maya tradicional.

A principios del mes de enero de 1998 una de las 11 organizaciones del Consejo de Organizaciones de Médicos y Parteras Indígenas Tradicionales de Chiapas (COMPITCH), la Organización de Médicos Indígenas del Estado de Chiapas (OMIECH), fue invitada a participar como contraparte del proyecto ICBG-Maya. De inmediato rechazó tal propuesta informando de ello al Consejo. La COMPITCH denunció el incumplimiento de los compromisos del consorcio y la falta de transparencia, legitimidad y legalidad de diversas actividades.

No estamos bien informados sobre este proyecto que se anda moviendo.
Dónde llegan a una comunidad, ofrecen malla, materiales, azadón y machetes.
Eso para llegar a tener un grupo de gentes dentro de la comunidad, lo que está provocando divisiones.

Don Antonio Pérez Méndez, COMPITCH

Declara el consorcio que el proyecto ICBG-Maya obtuvo ya lo que en la legislación internacional sobre bioprospección se llama el ``consentimiento previo informado'' de varias comunidades. Sin embargo, ilegalmente le dan el grado de acuerdo al permiso otorgado por algunos vecinos de la comunidad. Los supuestos acuerdos comunitarios carecen de convocatoria previa, no derivan de una asamblea general, están otorgados en machotes elaborados por el propio consorcio y fueron suscritos en la mayoría de los casos por las autoridades o por miembros de algunos comités.

No han informado bien sobre este proyecto. El representante de la Universidad de Georgia y líder del ICBG-Maya, doctor Brent Berlin y su esposa la Ann Eloisse Berlin, han tratado de manipular a base de mentiras, supuestamente en beneficio de la comunidad. Esta manipulación crea conflictos. Esta falta de respeto a los derechos indígenas fue una de las bases que originó el levantamiento zapatista. Queremos la suspensión del proyecto y que haya información clara y verdadera a la comunidad. Queremos también una ley propuesta por las comunidades. La propuesta de los médicos y parteras es que tengamos el control de nuestros recursos naturales, que es nuestro patrimonio y que sirva para quien lo necesita.
Muchos investigadores científicos han tratado de sacar provecho particular o para los ricos; porque ellos tienen el poder de sacar este producto. Queremos tener propia voz y nuestra manera de controlar nuestros recursos naturales.

Don Agripino Icó Bautista, COMPITCH

El COMPITCH se ha inconformado porque el consorcio no ha instrumentado un proceso de información objetivo que revele con toda transparencia el propósito de privatización de la biodiversidad y el contexto de intereses multinacionales que rodean al proyecto. En cambio, profundiza interesadamente en los supuestos beneficios locales y busca la aprobación apresurada de este convenio.

El reparto ``justo y democrático'' de los posibles beneficios entre las comunidades participantes que prevé el consorcio, no se haría según la cultura, costumbres y formas de organización propias de los pueblos indígenas --como lo prevén las leyes mexicanas y los Acuerdos de San Andrés--, sino mediante la creación de un fideicomiso denominado PROMAYA que, de acuerdo al convenio, sería administrado por personas seleccionadas por el consorcio, que decidirían el monto y destino de los recursos.

El COMPITCH solicitó la intervención de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap) con el propósito de suspender el proyecto hasta no haber iniciado un proceso de información sobre el aprovechamiento de los recursos genéticos, y posteriormente convocar a consultas, con miras a la conformación de un marco legal que regule la instrumentación en México de proyectos con fines biotecnológicos. Se conformó una Mesa de Negociación Tripartita, que reunió a los delegados indígenas, los del proyecto y autoridades de la Semarnap, el Instituto Nacional de Ecología (INE) y la Comisión Nacional para la Biodiversidad (Conabio). La Mesa ha tratado de salvar la controversia a través de dos estrategias:

Primera, la elaboración de un manual administrativo a partir del cual daría respuesta inmediata a los permisos de colecta con fines biotecnológicos presentada en el mes de abril por el Consorcio ICBG-Maya.
Segunda, inducir a las partes a un proceso de negociación que propicie un acuerdo particular y emergente para el caso.

Respecto a las dos posiciones anteriores, manifestamos que:

1. No aceptamos la invitación que nos hace el gobierno federal a elaborar tal manual porque violaría la Constitución General de la República (art. 13) al establecer un procedimiento administrativo de carácter privativo. (Su elaboración, por cierto, ya inició.)

2. No queremos ni podemos ser la organización única con la que se hagan las ``contribuciones'' a la normatividad buscada. Porque esa ``contribución'' incumbe a todas las organizaciones y pueblos indios, a los mexicanos y aun a la humanidad entera. El COMPITCH no se adjudicará una representación que nadie le ha dado ni se prestará a ser la organización a través de la cual el gobierno federal convalide, ante la opinión pública nacional e internacional, un proceso inconstitucional de ingreso de la inversión colonial enmascarada a la que se le entregarían los recursos nacionales.

3. No estamos de acuerdo en que la jerarquía jurídica de la normatividad a cuya elaboración se nos convoca, sea la de un manual administrativo, inferior inclusive a la de los ordenamientos que regulan el otorgamiento de licencias de para automovilistas. Decimos que esta norma debe tener el rango de una Ley Reglamentaria, de orden público e interés social, y que debe otorgar a los recursos genéticos el carácter de inalienables y estratégicos, en base a que:

a. Los recursos genéticos son de la Nación. Así lo declara implícitamente nuestra Constitución, y expresamente el Convenio sobre Diversidad Biológica.

b. Constitucionalmente, los recursos genéticos gozan de la misma naturaleza y características que declaran inalienables a otros semejantes como son: el telégrafo y la petroquímica básica. Los recursos genéticos son las unidades funcionales de herencia de la materia viva, las claves de la vida, y no puede considerarse su manipulación y aprovechamiento menos trascendente.

Estamos compartiendo con las comunidades todos los conocimientos desde nuestros primeros padres.
Cómo andan curándose desde el principio, cómo tenemos plantas, piedras y animales de la curación. De esta manera buscamos que las comunidades sí tengan el conocimiento de cómo curarse.

Don Antonio Pérez Méndez, COMPITCH

Selección y edición de textos y testimonios de la compitch: ANA VALADEZ

La Jornada, México, 14-8-00