Ecuatorianos marchan en Quito pidiendo justicia
Doce buses llevando cientos de personas de la región ecuatoriana de Intag llegaron a Quito el 12 de Julio para una reunión de dos días, para realizar una marcha en celebración de "la vida, los derechos y la defensa de la naturaleza", así como para expresar claramente su oposición a la Compañía canadiense Ascendat Copper
Las más de 500 personas de docenas de comunidades, parroquias, gobiernos locales y organizaciones (así como indígenas de las montañas de Cotacachi y representantes de la Provincia de Esmeraldas) hicieron de esta la manifestación más grande de la gente de Intag en la capital en la historia reciente.
La primera noche fue una celebración de solidaridad y resistencia llena de música, baile y teatro callejero para complementar los varios discursos y denuncias dirigidas a las actividades e intenciones perjudiciales y divisorias de la compañía minera.
Ascendant desea iniciar la fase de exploración en su "Proyecto Junín" este verano para empezar a demostrar la viabilidad de la comercialización de una mina abierta de cobre en una región cubierta de bosques primarios, agricultura orgánica y que contiene una biodiversidad ecológica internacionalmente reconocida.
Luis Robalino, concejal del Municipio de Cotacachi ayudó a organizar la reunión y la marcha. Para él, la oposición a la compañía es muy simple: la minería no es compatible con el turismo a pequeña escala, con la agricultura, con la artesanía, ni con el medioambiente.
"Estamos aquí por nuestra propia voluntad, y estamos luchando por una causa justa," dijo Robalino.
Marcha por la Justicia
El día jueves comenzó temprano con una rueda de prensa para informar a la gente sobre lo que muchos involucrados en el conflicto consideran un problema nacional y para iniciar la marcha.
Auki Tituaña, el popular alcalde indígena de Cotacachi, fue uno de los exponentes en el evento. Comparó la resistencia de Intag contra las compañías mineras transnacionales y los "políticos corruptos" con la resistencia de Rumiñahui, general del ejército Inca en los 1500, contra los Conquistadores. Dijo que su presencia en la marcha con la gente era para demostrar su apoyo en ésta lucha por la "defensa de la vida, los derechos humanos y la Constitución ecuatoriana."
"Mi rol como alcalde y como persona es el seguir defendiendo nuestras comunidades, nuestros recursos naturales y decir ‘no’ a la mina," dijo Tituaña. "Esperamos que el gobierno, el Ministerio de Energía y Minas y todos sus burócratas hagan parte de nuestro eco y respeten la Constitución para que podamos asegurar un desarrollo normal en lo social, lo económico y lo medioambiental en el Cantón Cotacachi."
Inmediatamente después de la rueda de prensa, la gente caminó por las calles de Quito hacia el edificio del ministerio. Inés Piedra Méndez, una de las manifestantes de la comunidad de Peñaherrera, tiene una pequeña granja para alimentar a su familia. Ella cree que es importante hacer responsable al Estado "El Gobierno es el que vendió nuestras tierras a nuestras espaldas," dijo Méndez.
Silvia Betancourt, presidenta de la coordinación del grupo de mujeres de Intag (que cuenta con aproximadamente 200 miembros), vino desde su hogar en Plaza Gutiérrez para que su voz sea escuchada.
"Las mujeres estamos siendo afectadas por la destrucción social, las relaciones intrafamiliares rotas," dijo Betancourt.
"Como mujer debo luchar por los derechos de los niños que tendré algún día y por los de los niños de las otras mujeres."
También mencionó que hay numerosos casos de violencia y destrucción medioambiental asociados con los proyectos mineros en América del Sur y expresó su preocupación de que la gente de Intag pudiera transformarse en otro caso más de la lista.
Al llegar al Ministerio, los portavoces de la gente que protestaba pidieron audiencia con Iván Rodríguez, Ministro de Energía y Minas para presentar una carta y discutir varios de los problemas con el proyecto minero de Ascendant.
La carta citaba varios problemas legales con el proyecto y enlistaba las consecuencias sociales y ambientales. Pedía que el gobierno defendiera a los ciudadanos.
"El proyecto minero amenaza derechos humanos tales como la integridad, la vivienda, el agua, la comida y la salud, así como la seguridad de aquellos que defienden estos derechos," declaraba el documento.
El Ministro recibió una delegación que incluía a Robalino, Tituaña, la abogada de los derechos humanos Isabella Figueroa, Polibio Pérez, el franco Presidente del Consejo de Comunidades, y cuatro presidentes de las parroquias.
El grupo estuvo reunido durante aproximadamente dos horas mientras que el resto esperó ansiosamente los resultados afuera del edificio del Ministerio bajo un intenso sol de verano.
La gente estalló en aplausos al ver salir a la comisión.
Tituaña se dirigió a la multitud y se mostró optimista con los resultados. El Ministro se comprometió a dar una respuesta en el plazo de un mes con relación a la legalidad y futuro del proyecto minero.
"Esperaremos vigilantes durante este plazo de tiempo dado a la compañía para recibir las buenas noticias de la salida de la compañía," dijo Tituaña. "Nuestro propósito ha sido cumplido, aunque no podemos aún cantar victoria."
Robalino, inspirado por las cifras de personas presentes, la reunión y el "éxito" de la marcha, compartió el optimismo de Tituaña.
"Los días de Ascendant están contados y esperamos que esta empresa corrupta e ingrata se vaya no solo de Intag, pero también del país," dijo el concejal Marcia Ramírez, organizadora y líder de Chalguayaco Alto, dijo que la marcha era necesaria para hacer que el gobierno tome acciones. La mayor parte de su vida se ha visto envuelta en resistencia comunitaria a la minería. Tenía 14 años cuando Bishi Metals, la última compañía que trató de minar en Intag, fue expulsada. Habitantes del lugar incendiaron el campo minero después de que el gobierno y la compañía se negaran a actuar respetando sus opiniones y derechos.
"Es importante que hagamos presión en las autoridades y propaguemos la historia a través de la prensa para que no sea visto como un problema de Intag, sino como un problema de todo el Ecuador," dijo Ramírez. "Normalmente los gobiernos en Ecuador no nos han ayudado. Cuando el gobierno siente presión social, ahí es cuando actúa, no porque lo quiera."
Un Conflicto en Aumento
Ha sido difícil medir el calibre de las relaciones entre el gobierno ecuatoriano y la compañía. El 6 de junio el Ministerio envió una carta a Ascendant criticando a la compañía por los problemas que ha causado en la región.
La carta decía:
"El Ministerio de Energía y Minas está preocupado por los conflictos crecientes en las áreas y se deslinda de cualquier responsabilidad por la serie de problemas sociales que las actividades desarrolladas en Intag hayan causado."
La carta urgía a la compañía para que tomara la responsabilidad por los problemas que ha causado y exigía que ésta respetara y siguiera la ley ecuatoriana.
Pero menos de dos semanas más tarde, el Ministro aceptaba los Términos de Referencia (TdR) de la compañía para su estudio de Impactos Medioambientales aún cuando los abogados alegan que Ascendant no consultó a las comunidades de acuerdo a la ley ecuatoriana.
"Hay muchas irregularidades por parte de la compañía pero también del Ministerio de Energía y Minas," dijo la abogada Figueroa. "Los TdR fueron aprobados pero la información en estos TdR fue manipulada."
Además, existe la preocupación en cuanto a que la serie de recientes renuncias del gabinete ante la solicitud del Presidente Alfredo Palacio pudiera golpear al Ministerio de Energía. Esto podría dejar al pueblo de Intag con alguien que no conozca nada sobre el asunto o que abogue a favor de las corporaciones transnacionales.
El conflicto en la región también es visto como algo muy volátil –una de las razones por las cuales la población consideró oportuno marchar en la capital.
En un testimonio filmado por los observadores de la Red de Solidaridad de Intag, Polibio Pérez cuenta cómo fue amenazado el 8 de Julio a punta de pistola por dos hombres ocultando su identidad bajo los cascos de motocicleta. A penas unos días antes, había recibido amenazas de muerte por teléfono.
Estos mismos observadores escribieron un informe "Warning of Paramilitarization" ("Alerta de Paramilitarización") mencionando las amenazas contra Pérez y un incidente con un hombre que alegaba ser parte del ejército (acompañado por otro hombre conocido en el sector como empleado de la compañía) intentando entrar a Junín ya que, entre otras razones, "ellos creen que hay la posibilidad de encuentros peligrosos con el potencial de violencia o muerte."
Ramírez, quien a menudo trabaja con Pérez, estuvo de acuerdo con la evaluación de los observadores.
"La gente en las comunidades cree que la zona está siendo paramilitarizada," dijo. "Si en realidad lo hicieran, habrían muertes en los dos lados, más en el nuestro. Pero no creo que sea tan fácil para ellos paramilitarizar el área puesto que tenemos varias organizaciones comunitarias y escribimos informes sobre estos problemas."
La analogía de Tituaña entre el conflicto actual con la compañía Canadiense y la lucha infructuosa y sangrienta contra los invasores españoles puede ser acertada en muchos aspectos. Pero la gente de Intag espera que el final sea distinto.
Traducido por Patricia Simon