Ecuador: violaciones en Orellana
La población y el Gobierno de Orellana continúan las movilizaciones y la huelga de hambre para reclamar el fin del estado de emergencia en la zona que el Estado ha aprovechado para vulnerar el derecho de libertad de expresión y de manifestación
Según un manifiesto de organizaciones sociales internacionales, siguen la persecución y represión de los movimientos de defensa de los derechos humanos y ambientales que se está llevando a cabo en Orellana.
El conflicto se inició con el incumplimiento de las normativas ambientales por parte de la empresa petrolera Perenco y la consecuente contaminación de una de las zonas más importantes en términos de biodiversidad de América del Sur. Ante estos hechos, la Red de Líderes Comunitarios Ángel Shingre llevó a cabo una manifestación pacífica de las comunidades campesinas 15 de abril, Payamino y Punino. La Red es una organización de líderes de varias comunidades, indígenas y colonas, que lucha por la defensa de los derechos humanos y medioambientales ante las agresiones de las empresas petroleras y extractoras de madera.
La respuesta gubernamental no ha consistido en un seguimiento y mejor control de las actividades de la empresa, sino en la represión de las protestas. Así, el 19 de junio de 2006 fue detenido mientras desarrollaban tareas de observación, un miembro de la Red y de la Comisión de Derechos Humanos de Orellana. Tras fuertes presiones sociales, nacionales e internacionales, en pro de su liberación, Wilman Jiménez Salazar salió de la prisión el 05 de julio.
Hoy, tanto Salazar como las entidades de defensa de Derechos Humanos y ambientales de Ecuador, no aceptan el proceso militar que se le ha abierto, ya que respondería a un intento por parte del gobierno y empresas petroleras de deslegitimar y criminalizar sus actividades.
Según el manifiesto la persecución de la sociedad civil ecuatoriana en este caso no se detuvo ahí, puesto que las Fuerzas Armadas (FFAA) han abierto un proceso judicial por presuntas injurias a Acción Ecológica, entidad que trabaja desde hace años sobre los impactos sociales, ambientales y culturales de las actividades petroleras.
Ante estos hechos, las organizaciones internacionales continúan denunciando la detención arbitraria de una persona destacada en la lucha por la defensa de los derechos humanos y ambientales, basada en ningún cargo reconocible; piden el fin del estado de emergencia en la zona y exigen que no se juzgue a civiles bajo la justicia militar; y denuncian la vulneración del derecho de libertad de expresión y de manifestación que se está llevando a cabo aprovechando el estado de emergencia decretado, y que está favoreciendo las actuaciones contra el medio ambiente y la población campesina por parte de las empresas extractivas que actúan en la zona.