Ecuador: denuncia contra Petrobras
La organización Ecuador Decide denuncia que la compañía brasileña Petrobras está operando el Bloque 18 y el campo adyacente Palo Azul en forma ilegal y provocando millonarios perjuicios económicos al Estado
La empresa compró hace más de dos años las acciones de Pecom Energía, equivalentes al 70% de derechos en el Bloque 18, sin autorización del Ministerio de Energía y Minas, y más grave aún, al haber firmado un convenio de venta del 40% de participación a la compañía japonesa Teikoku Oil, sin tener ningún derecho contractual sobre las citadas áreas petroleras.
Según la agencia Altercom, la denuncia es de Eduardo Delgado, vocero de Ecuador Decide, quien junto a varios sectores sociales, presentó a las autoridades de Energía y a Petroecuador una demanda de caducidad del contrato con base a los artículos 74 y 79 de la Ley de Hidrocarburos.
La venta de acciones de Pecom a Petrobras sin autorización ministerial, la consiguiente extinción de la primera y el no reconocimiento oficial del Estado ecuatoriano a Petrobras como contratista, ha generado otra ilegalidad grave en la operación del Bloque y del campo Palo Azul: la ausencia de garantía del fiel cumplimiento del contrato, toda vez que la misma sigue a nombre de Pecom Energía una empresa ya desaparecida, situación que ha dejado sin garantía la operación petrolera, constituyendo causal de caducidad contractual, según el artículo 74, numeral 2 de la Ley de Hidrocarburos.
El ex diputado y ex dirigente de Petrocuador Henry Llanes, acusó a Petrobras y a sus socias EcuadorTLC, Cayman y Petromanabi, esta última compañía de los prófugos hermanos Isaías Dasum, de haberse apropiado ilegalmente de más de 85 millones de barriles de reservas de crudo del Bloque 18 y del campo Palo Azul, propiedad de Petroecuador, y de traficar y negociar con un bien público, en forma perversa millonarias ganancias en las bolsas de valores, mientras el 80% de ecuatorianos es sometido a humillantes condiciones económicas de vida.
El hecho pudo consumarse, según Eduardo Delgado, por la acción confabulada desde 1997, entre una mafia de ex funcionarios y funcionarios de Petroecuador, que hoy incluso ocupan altos cargos administrativos en la empresa estatal y en el Ministerio de Energía, quienes en complicidad con las compañías privadas, alteraron información técnica, violaron la Ley, los reglamentos y el contrato, para adjudicar el campo Palo Azul.
La demanda de caducidad se justifica, según el ex presidente de Petroecuador, Guillermo Rosero, porque el Bloque 18 por si solo no es comercial, pues cuenta apenas con 3 millones de barriles de reservas y una producción máxima de 280 barriles día (US$ 15 mil diarios), mientras que las reservas probadas del campo Palo Azul de Petroecuador son superiores a los 85 millones de barriles, con una producción actual de 33 mil barriles día (US$ 1,8 millones diarios).
Eduardo Delgado pidió al Presidente de la República, al Ministro de Energía y al Presidente de Petroecuador remover de sus cargos a todos aquellos funcionarios implicados en el caso, como: Francisco Silva, vicepresidente de Petroproducción, quien emitiera un informe para fijar la participación en la producción del campo Palo Azul, 50% para el Estado, cuando el campo es un 100% de Petroecuador; Stalin Salgado, director nacional de Hidrocarburos, quien en un pronunciamiento en calidad de presidente del Colegio de Ingenieros Petroleros, apoyó la adjudicación del campo Palo Azul; y Galo Román, miembro del Consejo de Administración de Petroecuador, por haber suscrito, junto a Galo Balda, un informe recomendando trasladar en forma definitiva las XX del bloque 18 al campo Palo Azul, es decir una participación de 80% para la compañía y 20% para el Estado, lo cual de aplicarse habría ahondado el perjuicio al país.
Ecuador Decide y las demás organizaciones y ciudadanos suscriptores de la demanda, solicitan a la Fiscalía una investigación a fin de sancionar a los responsables de este nuevo ilícito en contra de los bienes públicos, entre los principales responsables figuran: los ex Ministros de Energía, Pablo Terán, Samia Peñaherrera, Carlos Arboleda, Eduardo López, los ex presidentes de Petroecuador; Rodolfo Barniol, Gustavo Gutiérrez, miembros del Consejo de Administración de esa época: Francisco Romero Marínez y Francisco Rendón, Jorge Trujillo, los ex vicepresidentes de Petroproducción; Rosendo Santos, Galo Balda, Carlos Quiroz, el actual procurador de Petroecuador; Jaime Pinos, el ex coordinador de la UCP; Miguel Montalvo y decenas de funcionarios medios de Petroecuador y del Ministerio de Energía, que suscribieron informes alterando información técnica y violando las leyes y reglamentos.