Ecuador: Soberanía Alimentaria crea fricciones entre Gobierno y sociedad
El Gobierno busca evitar el acaparamiento y la concentración de la tierra. Ese es uno de los objetivos que persigue el proyecto de ley de Soberanía Alimentaria que debe enviarse al ‘Congresillo’
Un estudio del Sistema de Investigación sobre la Problemática Agraria en Ecuador (Sipae), basado en el censo agropecuario del 2000, determinó que existe una estructura agraria inequitativa: solo 6.616 personas tienen predios superiores a 200 hectáreas y controlan el 29,1% de la superficie agrícola, casi cinco veces más que el 6,26% de la superficie distribuida entre las 535.309 unidades productivas inferiores a cinco hectáreas.
Según la investigación, la concentración de la tierra es mayor en las provincias de la Sierra que en las de la Costa. Azuay tiene el 1,67% de las unidades de producción y concentra el 47,6% de la tierra; Cañar, con 2% de los propietarios concentra el 53,5%; Chimborazo, con el 0,97% de los propietarios concentra el 48,2%; Cotopaxi, el 1,9% concentra el 47,4% de la tierra; y en Tungurahua, el 0,48 concentra el 49,3%.
En la Costa, las provincias con mayor nivel de concentración son Los Ríos y Guayas. En la primera, el 5,1% de las unidades de producción (UPA) está en propiedad del 48,7% de la tierra; y en Guayas, el 6,1% de las UPA concentra el 66,6%. Ambas provincias concentran los cultivos de arroz y maíz para el mercado interno y cacao, café, banano, palma africana para la exportación.
Francisco Hidalgo, director ejecutivo del Sipae, afirma que en los últimos años el país registró una reducción del 23% en la superficie para el cultivo de alimentos. Esas tierras son usadas para cultivos destinados para la exportación. Si esta tendencia continúa, el país podría enfrentar una crisis interna de alimentos, indica.
En ciertos sectores del país aún predomina la subsistencia de la mediana y gran propiedad agraria tradicional. En los cantones Cayambe, Pedro Moncayo (Pichincha) o en el valle del Cutuchi (Cotopaxi) las haciendas ganaderas han sido transformadas en agroempresas florícolas. En otras zonas como el cantón Chunchi (Chimborazo) o en los páramos de Piñán, entre los cantones Urcuquí y Cotacachi (Imbabura), persiste el latifundio dedicado a la ganadería extensiva, según el informe de Sipae.
El Estado buscará corregir estos desequilibrios en la tenencia de la tierra normando el uso y acceso a la tierra, que deberá cumplir la función social y ambiental. Un fondo nacional de tierra regulará el acceso equitativo de campesinos a la tierra, según consta en el artículo 282 de la Constitución. En la norma se establece además que se prohíben el latifundio y la concentración de la tierra como el acaparamiento o privatización del agua y sus fuentes.
Hidalgo sugiere también la implementación de políticas como la compra o alquiler de tierras para beneficiar la producción de alimentos.
En la propuesta gubernamental se determina que este fondo estará compuesto de tierras y de recursos financieros, asignados por el Presupuesto General del Estado y se administrarán a través de un fideicomiso. El fondo regulará y dará tierras a grupos organizados de campesinos sin tierra y de pequeños productores que la requieran y la destinen a la producción de alimentos.
El fondo se alimentará de tierras que pasen al Estado por procesos coactivos tributarios, corrupción, narcotráfico y lavado, del Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA), donaciones y herencias, que incumplan la función social, entre otras fuentes.
Sin embargo, para Humberto Cholango, presidente de la Ecuarunari, mientras no se realice una redistribución de la tierra no se puede hablar de soberanía alimentaria. Para el dirigente, el fondo de tierras creará condiciones para que el campesino siembre determinado producto y se endeude en la compra de tierra. “Si hay que comprar compraremos, pero no con condicionamientos”, aseguró.
Para Rosa Rodríguez, del Colectivo Agrario, no se puede establecer este tipo de proyectos de ley si por otro lado el Gobierno promueve las leyes de minería y de agua, que son lesivas para la tierra.
Se sabe
Puntos de la ley
En el proyecto de ley se crea la Superintendencia de Soberanía Alimentaria, que es un organismo técnico encargado de la vigilancia, auditoría, intervención y control de las actividades y servicios que realicen o presten las entidades públicas y privadas. Este organismo estará dirigido por un superintendente nombrado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En el caso de los gobiernos regionales autónomos, los gobiernos provinciales y las mancomunidades regionales o provinciales podrán conformar comités territoriales para la producción alimentaria y el desarrollo rural que estarán constituidos por las autoridades elegidas, representantes del régimen dependiente.
Fondo de tierras
El proyecto establece además la creación del Fondo Nacional de Tierras, adscrito al Ministerio encargado del sector agropecuario, pesquero y acuícola, cuya finalidad es regular y posibilitar el acceso equitativo a la tierra a grupos organizados de campesinos sin tierra o de pequeños productores que la requieran para que de acuerdo con un plan de producción se destinen a la producción de alimentos.
Acaparamiento
Según el proyecto de ley, se considera que existe acaparamiento de tierra o de agua cuando una persona natural o jurídica tenga un porcentaje de tierra superior al 10% del total del cantón o provincia o región del país.
Biotecnología
En materia de seguridad de la biotecnología, se regularán las actividades que impliquen la utilización de organismos genéticamente modificados y sus derivados. Hará efectivo el mandato constitucional que declara al Estado libre de cultivos y semillas transgénicas y que excepcionalmente por interés nacional, debidamente fundamentado por la Presidencia y aprobado por la Asamblea Nacional, se pueden introducir semillas y cultivos genéticamente modificados.
Textuales
Francisco Hidalgo
Director ejecutivo del SIPAE
“En los últimos años, el país registró una reducción del 23% en la superficie para el cultivo. Si sigue se podría enfrentar una crisis interna de alimentos”.
Rosa Rodríguez
Del Colectivo Agrario
“El proyecto de ley de soberanía alimentaria es un corte y pegue del proyecto rural del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)”.
Humberto Cholango
Presidente de la Ecuarunari
“Mientras no se realice una redistribución de la tierra no se puede hablar de soberanía alimentaria, para que el campesino cultive sus productos”.