Discuten una Ley de soberanía alimentaria en Costa Rica
Este martes 17 de mayo, el congreso costarricense empezó a discutir la viabilidad de una Ley para la Seguridad y la Soberanía Agroalimentaria
Al debate asistieron representantes de organizaciones campesinas y ecologistas, que ven con cautela esta propuesta presentada por uno de los partidos de oposición.
Una de las participantes del panel fue Silvia Rodríguez, de la Red de Coordinación en Biodiversidad. La investigadora reflexionó sobre las consecuencias de la propiedad intelectual de la semilla campesina.
Rodríguez señaló cómo los procesos de privatización de los Bienes Comunes o bienes públicos abarcan también a la agrobiodiversidad, por ejemplo mediante la implementación de convenios internacionales como UPOV 91, firmado en el marco de la Agenda de Implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) de Costa Rica con Estados Unidos.
La semilla criolla, según enfatizó Rodríguez, corre el riesgo de desaparecer debido a la puesta en marcha de mecanismos para patentar variedades que son utilizadas por agricultores desde hace cientos de años.
En el foro también se puso sobre la mesa el peligro que representan los organismos genéticamente modificados (OGM) y las semillas híbridas para la agricultura campesina.
La investigadora de la Red de Coordinación en Biodiversidad propuso que las políticas públicas de soberanía alimentaria estén basadas en el apoyo y la conservación de la semilla criolla.
Por su parte, Lorenzo Cambronero, de la Unión Nacional de Agricultores - Vía Campesina Costa Rica resaltó varios puntos que deben de reconocerse para la generación de una verdadera política nacional en esta materia.
Cambronero cuestionó las propuestas de ley que apuntan al acaparamiento de tierras, entre ellas un proyecto del INDER (Instituto Nacional de Desarrollo Rural), que tendrá como consecuencia, según vaticinó, una mayor extranjerización de la tierra y el despojo acelerado de tierras campesinas por parte de empresas agroindustriales.
Puso como ejemplo de este fenómeno la expansión del monocultivo de la piña, una producción que es estimulada y fomentada por las políticas de comercio exterior, la exoneración de impuestos y la entrega de grandes fincas propiedad del Estado, que deberían haber sido destinadas a familias campesinas, pero que, sin embargo, fueron entregadas a subsidiarias de transnacionales como Del Monte, uno de los mayores productores de piña en este país centroamericano.