Costa Rica: rechazan privatización de parques nacionales

Un proyecto para convertir el estatal Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) en un ente privado mediante la figura de sociedad anónima, al parecer nació con una deficiencia congénita y nadie se aventura ahora a darle respiración boca a boca, para mantenerlo con vida.

El proyecto "Servicio de Parques Nacionales S.A" dio sus primeros pasos a finales del año pasado, cuando su autor, Mario Boza -exviceministro de Ambiente y Energía (MINAE) en el gobierno de Rafael Ángel Calderón- lo circuló entre personas conocidas suyas, para conocer sus criterios. De aquí se filtró a otras personas y comenzaron las críticas y el rechazo a dicho plan.

La idea propuesta apunta a transformar el sistema de parques nacionales en una empresa pública que se regiría por la figura legal de una sociedad anónima, similar a la que cubre a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH). El fin: librar a los parques de la legislación burocrática para su manejo y desarrollo.

Uno de los mayores impedimentos para quienes quieren parques sin ataduras administrativas, es el inciso 15 del artículo 8 de la Ley de Parques, el cual prohíbe: "Realizar cualquier tipo de actividad comercial, agrícola o industrial".

Si bien el proyecto prácticamente no ha trascendido en los medios de comunicación, las reacciones en contra de diversos sectores no se hicieron esperar a finales del 2006, y esto provocó que su proponente desistiera de impulsarlo, según informó Boza a este Semanario, el pasado 12 de enero.

Organizaciones y personas consultadas por UNIVERSIDAD, como la Asociación Conservacionista Yiski y Foro Popular Ambiental; el Sindicato de Trabajadores del MINAE (SITRAMINAE); la presidenta de la Comisión Permanente Especial de Ambiente de la Asamblea Legislativa -Maureen Ballesteros-; el biólogo de la Universidad Nacional -Freddy Pacheco-; y el presidente de la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (APREFLOFAS) -Luis Diego Marín-, expresaron oposición a la iniciativa para reformar la Ley de creación del Servicio de Parques Nacionales (No.6084, de 1977) y privatizarlos.

Pese a que se le llamó en varias ocasiones entre viernes 12 y lunes 15, el director del SINAC, Ronald Vargas, no devolvió las llamadas. En su oficina dijeron que se encontraba en reuniones.

Mario Boza, por su parte, defendió las bondades de su plan y atribuyó las críticas a personas "malintencionadas", que han tergiversado el objetivo de dotar de suficientes recursos económicos y humanos a las áreas protegidas.

Parques S.A.

En la exposición de motivos del proyecto, se alega que las áreas estatales protegidas cubren el 17% del territorio nacional y contienen valiosos recursos biológicos, energéticos y de interés turístico.

"Sin embargo, a pesar de que el sistema público de parques y reservas constituye una fuente importante de ingresos y de prestigio para el país, su protección, administración y desarrollo requieren de la búsqueda de nuevas formas de gestión administrativa, que le suministren una gran flexibilidad y autonomía, y una gran independencia económica, que le permitan aprovechar en forma directa los importantes ingresos que está recibiendo y los cuantiosos fondos que podría recibir si se ponen a funcionar adecuadamente todas las fuentes que existen", agrega el documento.

También se aduce que "las dificultades administrativas derivadas del actual sistema de administración pública que rige a las áreas protegidas, ocasionan frecuentemente la casi parálisis de los servicios que ofrecen los parques y reservas".

Se concluye que el sistema de parques "posee el potencial económico para asegurar su sostenibilidad financiera, por lo que los problemas de protección, administración y desarrollo que afronta actualmente no se justifican".

Para remediar dicha situación, se propone convertir la entidad en una sociedad anónima de plazo indefinido (Servicio de Parques Nacionales -SPN-), con personería jurídica propia, y con un patrimonio que pertenecerá íntegramente al Estado costarricense. El rector del sistema sería el MINAE y la fiscalización correspondería a la Contraloría General de la República y a la Superintendencia General de Entidades Financieras.

El artículo 4 establece que el SPN "gozará de plenas facultades para prestar los servicios indicados en esta Ley y en los Reglamentos que se emitan", ya sea directamente o por medio de "las subsidiarias que constituya para tal efecto".

El artículo 6 excluiría al SPN de las obligaciones definidas por leyes como las de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, de Contratación Administrativa, de Planificación General, del Servicio Civil, de Biodiversidad, y de Equilibrio Financiero del Sector Público.

Según el artículo 9, "El SPN podrá adquirir también bienes muebles y derechos reales o personales, y podrá hipotecar sus bienes muebles e inmuebles, arrendarlos, pignorarlos o poseerlos y disponer de ellos, otorgar garantías y conferir poderes".

Asimismo, en otros artículos se otorga al ente la potestad de aprobar créditos y empréstitos con instituciones nacionales o extranjeras, al igual que aprobar convenios de cooperación técnica, de inversión conjunta o de concesión de obra pública.

Entre las disposiciones transitorias, se anuncia que "las reservas biológicas, los refugios nacionales de fauna o vida silvestre, los humedales y los monumentos naturales, indistintamente de su tamaño, serán considerados como parques nacionales, con base en los alcances de esta Ley y a partir de su vigencia".

Oposición

Este Semanario trató de conocer la posición frente al mencionado proyecto de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON). Sin embargo, en esta dijeron que si bien han oído de él, todavía no han analizado el texto. Algo similar dijeron en la APREFLOFAS, aunque su presidente sí se refirió a algunos puntos a título personal.

En este sentido, Luis Diego Marín manifestó estar de acuerdo con la concesión de algunos servicios no esenciales a grupos privados de las comunidades aledañas a los parques y no a organismos no gubernamentales como ha ocurrido en el parque Volcán Irazú, en donde la tienda la administra el Centro Científico Tropical.

Entretanto, la Asociación Conservacionista Yiski -una férrea opositora a la privatización de las áreas protegidas- externó un criterio parecido a Marín, al estimar que los beneficios no se compartirían con las comunidades cercanas. "El Estado se queda con las pérdidas y la `sociedad anónima´ se queda con las ganancias", puntualizaron.

Para Yiski, el importante recurso hídrico que poseen los parques quedaría "secuestrado" allí bajo el mando de una sociedad anónima de plazo indefinido, sin las regulaciones de las leyes que cobijan al sector público, "pero con capital y patrimonio de todos los costarricenses".

Esta organización cree además que al convertirse el sistema de parques en sociedad anónima, se cambian sus objetivos y filosofía, para pasar a ser una entidad con fines comerciales, y poder hacer cualquier cosa con las tierras del Estado.

"Todo este proyecto de ley es un verdadero abuso, una bofetada, un insulto al pueblo sencillo y humilde costarricense, una burla descarada; es una traición a la patria", increpó esa agrupación.

María Elena Fournier, presidenta de Yiski, cuestionó el hecho de que al estar aproximadamente el 25% de la superficie del país bajo algún tipo de protección, la ley proyectada pondría un cuarto del territorio nacional en manos de una sociedad anónima.

En su opinión, este proyecto se inscribe dentro los fines que persigue el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y el Plan Puebla-Panamá, para aprovecharse de valiosos recursos como la biodiversidad y el agua, elementos con un gran potencial para su explotación mediante productos farmacéuticos y electricidad, respectivamente.

La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidenta de la comisión legislativa para el ambiente, Maureen Ballestero, también fustigó la idea de la sociedad anónima y anunció que el Gobierno no apoyará esta iniciativa si llega a trámite parlamentario.

Sí se inclina por reformar algunos aspectos de la ley de parques -en razón de que es una legislación de 30 años de existencia- y de que eventualmente -si se realizan cambios- se hagan consultas abiertas entre la ciudadanía sobre cualquier modificación.

Ballesteros comentó que ya se ha comprobado que se pueden dar en concesión algunos servicios, pero la administración de los parques no debe salir bajo ninguna razón de las manos del Estado. Por ese motivo, fue enfática en que el Gobierno, el PLN y ella no apoyarán de manera alguna cualquier intento por convertirlos en sociedad anónima.

Por otro lado, el biólogo y ambientalista, Freddy Pacheco, recordó que el origen del proyecto de Boza es un plan financiado por la Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) de Estados Unidos, financiado por el Banco Mundial y la organización Conservación Internacional. El coordinador fue Boza, precisó.

Cabe mencionar, que el representante regional ante Conservación Internacional es el exministro de la anterior Administración, Carlos Manuel Rodríguez.

De acuerdo con una información preparada por la periodista Katiana Murillo para el boletín del organismo Rainforest Alliance (julio del 2006), "la última fase de este gran esfuerzo para la consolidación de las áreas protegidas de Costa Rica, tardaría de 3 a 4 años y sería financiada con una donación de aproximadamente EE.UU. $10.000.000 del PNUD-FMAM, sujeta a una contrapartida del Gobierno de Costa Rica, que consiste en un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo por EE.UU. $20.000.000. Si el préstamo se aprueba en la Asamblea Legislativa, el dinero será dedicado en mejorar la infraestructura en los parques nacionales".

No sigo

El padre del proyecto en mención, Mario Boza, aseguró que no le dará más impulso, debido a los cuestionamientos "malintencionados" de personas que adujeron que se buscaba la privatización de los parques, cuando "todo el mundo sabe que hay sociedades anónimas públicas, como Canal 13, Correos de Costa Rica, RACSA, RECOPE, Compañía Nacional de Fuerza y Luz".

Hay sociedades anónimas que pueden ser públicas o privadas, y en el caso de los parques el proyecto hablaba claramente de que era pública, explicó Boza.

"Ante tanta majadería, yo descontinué eso (promover el proyecto), ya que yo tengo mucho que hacer, en vez de estar metido en una cosa recibiendo críticas absurdas", aunque también hubo comentarios positivos, añadió.

Por el momento, él no piensa continuar con el plan y quizás podría retomarlo en el futuro si se presenta la ocasión propicia. No obstante, no descarta que otras personas puedan darle seguimiento.

Detalló que antes de recibir críticas negativas de "las voces del odio", había pensado en cambiar la figura de la sociedad anónima por otra menos polémica, que podría haber sido la que utilizan las instituciones autónomas, o la Promotora de Comercio (PROCOMER).

Boza no dudó en que de llegar a aprobarse su plan podría sacar a los parques nacionales de los problemas financieros que los aquejan.

A pesar de ello, en un informe facilitado por Jorge Gamboa, directivo del SITRAMINAE, se advierte que por la forma como fue preparado este proyecto y "lo poco hilvanado que se encuentra, no es conveniente ni siquiera considerarlo como borrador de discusión".

El documento plantea que ha existido "un período de relativa inacción institucional durante los últimos diez años, dándole prioridad a los aspectos administrativos y financieros (parcialmente resueltos a la fecha) y posponiendo la discusión y las decisiones sobre los aspectos técnicos de fondo (la razón de ser del SINAC)".

Para el SITRAMINAE, muchas de las cosas que plantea la propuesta de ley pueden realizarse sin necesidad de modificar el marco legal vigente; "es decir, para estas cosas el proyecto de ley no ofrece aportes sustantivos (v.g. facultades actuales del SINAC para suscribir contratos, convenios, acuerdos, etc.)".

El sindicato sostiene que "las carencias financieras no existen en el buen sentido de la palabra, si se pudieran utilizar los recursos que generan el Fondo de Parques Nacionales, que son alrededor de ¢4000 millones. Realmente hasta después de su uso se puede hablar de carencias. Lo que existen son serias trabas administrativas por una política gubernamental hecha para no invertir en tiempo con eficiencia y eficacia".

Semanario, Internet, 24-1-07