Costa Rica: indígenas de Talamanca denuncian amenaza de 16 represas hidroeléctricas
Dieciséis represas hidroeléctricas en Talamanca destruirán los ríos Telire, Coen, Lari, Urén y el ecosistema del Parque Internacional La Amistad denunció un manifiesto de pueblos indígenas suscrito en territorio indígena Bribri, en Costa Rica
El manifiesto fue suscrito por ochenta representantes de comunidades indígenas Bribri, Cabecar, Keköldí, Gnobes-bouglé reunidos al conmemorarse el 300 aniversario de la muerte de Pabru Presberi, asesinado el 4 de julio de 1710 en Cartago por su lucha contra los abusos de los colonizadores.
Los suscritos exigen que el Estado respete sus derechos ancestrales y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Asimismo, que todos los proyectos que se quieren hacer en la cordillera de Talamanca sean debidamente consultados.
Además, del desplazamiento obligatorio y represión que sufren actualmente las poblaciones Gnobes-bouglé señalan constantes atropellos por parte de empresas nacionales y extranjeras que ingresan avaladas por el Estado para explotar sus recursos naturales.
Afirman que la Ley Indígena nacional es “letra muerta” y que las comunidades de Talamanca viven hace décadas en el desamparo ante las incursiones ilegales y la explotación de la mano de obra indígena.
Indican que algunos líderes indígenas vinculados a organizaciones como las Asociaciones de Desarrollo Integral y la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) se prestan a esos atropellos.
Por otro lado, acusan que el proyecto del Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio) promueve que empresas multinacionales como Merck se apropien y patenten los principios activos de plantas naturales y medicinales.
Tal objetivo lo pretenden alcanzar manipulando al pueblo aborigen con ofrecimientos de proyectos, dinero y cámaras fotográficas, entre otros, a cambio que extraigan, siembren y entreguen plantas e información de animales y conocimiento sobre la biodiversidad.
Otro tema denunciado es la expropiación de tierras de la que son víctimas los pequeños productores del Valle de Sixaola, en la frontera con Panamá, porque al no tener títulos de propiedad son presionados a firmar contratos de arriendo por cinco años.
Al respecto, señalan que quienes se oponen son amenazados de ser expulsados del terreno que poseen.