Concentración de tierras atenta contra la seguridad alimentaria: caso Ecuador
La creciente concentración de tierras en manos privadas no es solo injusta y ahonda las brechas de la pobreza en las zonas rurales. Es también un gravísimo riesgo contra la soberanía y la seguridad alimentaria
La creciente concentración de tierras en manos privadas no es solo injusta y ahonda las brechas de la pobreza en las zonas rurales. Es también un gravísimo riesgo contra la soberanía y la seguridad alimentaria, porque los grandes latifundios se concentran en productos para la agroindustria y la agroexportación. Aquí examinaremos esta relación entre la concentración privada de tierras y la soberanía y seguridad alimentaria en el Ecuador.
Lo haremos a partir de la información contenida en el Atlas sobre la Tenencia de la Tierra en el Ecuador, publicado este año por el Sistema de Investigación sobre la Producción Agraria en Ecuador (SIPAE). Este documento nos revela que en dicho país, el 94,53% de las tierras (11’680.49 hectáreas) está concentrado en manos privadas. Las otras dos formas de propiedad son la comunal (4,88% / 602.862 hectáreas) y estatal (0,59% / 73.261 hectáreas).
Para graficar mejor esta concentración de la tierra en manos privadas debemos mostrar las cifras en términos de unidades de producción agropecuaria (UPA), definidas como “extensiones de tierra desde 500 metros cuadrados (0,05 hectáreas) dedicadas a la producción agropecuaria bajo una dirección o gerencia única, sea una persona, un hogar, una empresa, una cooperativa o cualquier forma de dirección”[1].
En estos términos, vemos que el 63,96% del total de las UPA acceden a solo el 6,53% de la superficie agrícola del Ecuador, mientras que solo el 0,16% de las UPA concentran el 16% de la superficie agrícola, con un tamaño promedio de 1.400 hectáreas. Otro dato: el 99,99% de las UPA tienen extensiones menores a 640 hectáreas, frente al 0,01% que posee extensiones mayores a las 640 hectáreas.
Esta realidad contradice totalmente lo que señala la Constitución Política del Ecuador en su artículo 281. “Art. 282.-El Estado normará el uso y acceso a la tierra, que deberá cumplir la función social y ambiental. Un fondo nacional de tierras, establecido por ley, regulará el acceso equitativo de campesinos y campesinas a la tierra. Se prohíbe el latifundio y la concentración de la tierra, así como el acaparamiento o privatización del agua y sus fuentes”. (El subrayado es nuestro).
Soberanía y seguridad alimentaria
En el Ecuador, el 80% de los alimentos que se consumen se producen en el país, solo el 20% se importa. Ecuador ha sido siempre un país agrícola, pero pequeño, donde no es posible extender la frontera agrícola. Por tanto, la concentración de tierras implica el despojo a las comunidades y a los pequeños propietarios.
Grandes latifundios ocupan hoy territorios indígenas. Y esta tendencia es creciente: en 1950, los pequeños agricultores constituían el 70% de la población. Hoy solo representan el 30%. Si los latifundios siguen creciendo, la producción de alimentos será cada vez menor, mientras se profundiza el modelo primario exportador. Esto claramente es un grave riesgo para la soberanía y seguridad alimentaria.
Veamos las cifras: los pequeños y medianos productores (menos de 100 hectáreas en la costa, hasta 50 hectáreas en la sierra y hasta 200 en al Amazonía) producen la mayoría de cultivos alimenticios: yuca, habas, trigo, maíz suave o choclo, trigo, papa, cebada, frejol, arroz. Y lo hacen cuidando la tierra a través de la diversificación y rotación de cultivos.
En cambio, la gran propiedad se dedica al monocultivo o cultivos permanentes, sobre todo tres productos “estratégicos”: el plátano, la caña de azúcar y la palma africana, destinados a la agroindustria y los mercados externos. Un ejemplo claro de esto es el hecho de que las propiedades de más de 500 hectáreas le dedican más de la tercera parte de su superficie a la palma africana, mientras que las propiedades menores de 10 hectáreas dedican a este cultivo solo el 0,61% de su superficie.
Esta realidad también contradice radicalmente lo que establece la Constitución Política del Ecuador en su artículo 281: “La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente”.
Propuestas indígenas
La mayor parte de las tierras campesinas no están tituladas y hay una orientación hacia la titulación individual en las zonas andinas y costeras. En la Amazonía sí hay titulación comunal. Además de la Constitución, esto contradice también el Plan Nacional de Desarrollo 2009-2013, uno de cuyos ejes es la redistribución de la tierra, que en la práctica es una política inexistente.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) ha elaborado una Propuesta de Ley de Tierras y Territorios, dirigida a cambiar el modelo terrateniente a uno comunitario, para lo cual plantea eliminar el latifundio, prohibir el control y acaparamiento de la tierra, distribuir la tierra, en tamaño y recursos suficientes para campesinos e indígenas sin tierra o con poca tierra, y disponer los instrumentos para transformar la estructura agraria hacia un modelo basado en la Soberanía Alimentaria.
Otro de sus planteamientos es proteger y promover la restitución los territorios ancestrales y garantizar la disponibilidad de recursos productivos de los pueblos, nacionalidades y comunidades, así como garantizar el ejercicio de derechos colectivos y consuetudinarios sobre los territorios y asegurar la distribución de recursos suficientes para la organización territorial. Un punto clave en esta propuesta es garantizar que la tierra redistribuida produzca para la soberanía alimentaria.
Otro sus planteamientos es eliminar el control monopólico de la comercialización de alimentos y fortalecer la participación de los productores en el mercado y la comercialización. La propuesta también se ocupa del régimen de territorios, la función ambiental de la tierra, las limitaciones al dominio sobre la tierra y la institucionalidad, a través de un Consejo Intercultural y Plurinacional Agrario como autoridad nacional y otras entidades.
Intenso debate en ECUARUNARI
La propuesta de ley están en debate en las organizaciones regionales de CONAIE. La Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI), integrante de la CAOI, aporta en la construcción de la propuesta a través de Asambleas Plurinacionales y Asambleas Comunitarias.
En el marco del Foro Nacional sobre los Derechos la Madre Tierra y Propuesta Agraria, realizado en Quito los días 27 y 28 de octubre del 2011, el Presidente de ECUARUNARI, Delfín Tenesaca, expuso las ideas centrales de su organización en torno a este tema.
Señaló, en primer lugar, que para los pueblos indígenas la tierra es una expresión de la vida misma. No es una mercancía ni un objeto de mercado, no se comercializa: es nuestra madre. “El territorio –dijo– es donde desarrollamos la cultura, la identidad de nuestros pueblos”.
Es en ese marco donde los pueblos indígenas “cuidamos nuestras tierras, nuestros recursos, nos defendemos de la minería. De lo que se trata es de confrontar al modelo capitalista, individualista, neoliberal, con nuestro modelo comunitario, colectivo”.
Delfín Tenesaca subrayó que los pueblos indígenas defendemos la tierra desde la conquista. “Hoy la tierra se está convirtiendo en un objeto, en un recurso, y frente a ello hay que recuperar nuestros sistemas propios de producción”.
Recordó que el Levantamiento Indígena de 1990 en Ecuador propuso por primera vez en el continente el Estado Plurinacional, con un nuevo modelo económico, en el cual “los pueblos y nacionalidades indígenas no pueden consolidarse sin tierra. Por eso planteamos una reforma agraria que revalorice las culturas sobre la base de la tierra”, finalizó.
Nota:
[1] Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), citado en Atlas sobre la Tenencia de la Tierra en Ecuador, SIPAE, Quito, 2011.