Colombia: ¿qué estamos fumigando?

Las recurrentes denuncias y críticas que se han hecho a la aspersión de glifosato como método para la erradicación de cultivos de uso ilícito, han hecho de ésta una de las políticas más cuestionadas. Es calificada como ineficiente y dañina para los pobladores de las zonas afectadas. A propósito del tema, el miércoles 5 de septiembre se realizó un debate enla Comisión Quinta de la Cámara de Representantes para buscar un nuevo mecanismo integral que ponga fin a la fumigación con glifosato.

Cultivos de uso ilícito

Durante la década de los 80, la economía cocalera encuentra en el sur del país un espacio propicio para su implantación y auge. En el departamento del Putumayo, los cultivos de coca se intensifican en los años 90[1]. Debido a las condiciones de marginación y exclusión[2] que durante décadas vivieron los campesinos de esta zona, el cultivo y la venta de la hoja de coca se convirtió en una actividad más rentable para los campesinos putumayences. Concientes del uso ilícito de su actividad económica, las organizaciones campesinas han exigido al gobierno que se les proporcione economías alternativas lícitas, argumentando que el cultivo de coca no ha respondido a una preferencia sino a una falta de opciones.

Los “pactos de Orito”, que pusieron fin a la movilización organizada por campesinos y pequeños cultivadores de coca en 1996, conocida como “las marchas cocaleras del 96”, establecían el supuesto compromiso del gobierno de turno por impulsar un plan de desarrollo alternativo cultivos alternativos, lo cual suponía la comprensión de la problemática cocalera por parte del gobierno como no sólo económica sino social y política. Sin embargo, la fumigación aérea era inminente, y con ella, el desacato de lo pactado. En 1999, el entonces presidente Andrés Pastrana, puso en marcha un multimillonario plan financiado por los Estados Unidos que pretendía acabar con el conflicto armado a través de la lucha antinarcóticos.

 

Plan Colombia: Estrategia de lucha contra el conflicto armado

El Plan Colombia fue concebido con la idea de terminar el conflicto armado colombiano a través de una estrategia antinarcóticos eficiente; así, la fumigación aérea se estableció como el pilar de la política de erradicación de cultivos de droga.

De acuerdo al Brigadier General Álvaro Caro Meléndez, director nacional de la Policía Antinarcóticos, en promedio están asperjando 160.000 hectáreas por año, de las cuales, para esta fecha van 130.000 hectáreas.

Hoy, después de más de cinco años de aspersiones constantes, expertos en el tema aseguran que además de que los sembrados de hoja de coca no han disminuido, sino por el contrario han aumentado, y adicionalmente, la sustancia utilizada está afectando gravemente la salud y la subsistencia de los pobladores de las zonas fumigadas.

Gabriel Tobón, profesor de la facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana, explica que la mezcla que se utiliza en el glifosato, herbicida utilizado para la erradicación de cultivos de uso ilícito en el país, es altamente tóxica. “Parte de su toxicidad -dice- se debe a unos aditivos que (…) el papel que cumplen es crear una película en la vegetación de las plantas para que el glifosato se adhiera con mayor facilidad (…) El Cosmoflux, especialmente, quintuplica el poder del glifosato, por eso se vuelve tóxico.” [3]

Además de su toxicidad, su aplicación no se realiza de forma adecuada, añade Tobón: “El glifosato se debe aplicar, según recomendaciones, a una altura del suelo máximo de tres o cuatro metros… Las avionetas nuestras lo hacen a aproximadamente entre 60 y 100 metros.”

Esta diferencia en las condiciones de aspersión genera lo que se conoce como “efecto deriva”. “Un avión descarga aproximadamente unos 23.66 litros por hectárea, una vez los descarga depende de la velocidad del tiempo que ese herbicida caiga localizado en el cultivo que quiere afectar… Se ha encontrado que de acuerdo a la velocidad del viento ese mismo herbicida se puede desplazar kilómetros adelante.” Éste es uno de los factores por los cuales la biodiversidad amazónica y los cultivos de alimentos de los campesinos se ven estropeados.

Contrariamente, el jefe máximo de la Policía Antinarcóticos, General Álvaro Caro Meléndez asegura que las aspersiones se realizan entre los 25 y 60 metros de altura y que la deriva no es mayor a los doce metros.

Para el General Caro el impacto ambiental tiene una explicación diferente. “De acuerdo a los estudios que han hecho –explica- diferentes institutos internacionales en Canadá, Brasil, México y Gran Bretaña, nos muestra que el daño realmente lo están ocasionando la cantidad de ácidos que emplean estos narcotraficantes para transformar la hoja de coca en cocaína. Ellos utilizan ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, carbonato, permanganato de potasio, sustancias terriblemente corrosivas y venenosas que posteriormente sin ningún control las vierten a las fuentes hídricas.”

Sin embargo, hay quienes aseguran lo contrario. Efrén Piña, investigador del Cinep, trabaja en la zona y ha sido testigo de los estragos que deja la aspersión a su paso. “Lo que encontramos –asegura- es una fumigación utilizando glifosato, no sólo a los cultivos de coca, sino a muchos cultivos de pancoger, a muchos proyectos apoyados incluso el mismo Gobierno o los diferentes programas de desarrollo alternativo que vienen de la mano con el Plan Colombia.”

Ante esta situación, muchos campesinos se ven en la obligación de desplazarse, bien sea a otra región del país, o del otro lado de la frontera con Ecuador. Así lo confirma una investigación dirigid en 2003 por Consuelo Ahumada, directora de la maestría de estudios latinoamericanos de la Pontificia Universidad Javeriana, la cual concluyó que las políticas derivadas del Plan Colombia, entre ellas la fumigación aérea, tienen un impacto negativo en la región y en las condiciones de vida de la población de la frontera colombo-ecuatoriana. “Ese impacto se ve –afirma- en la salida forzosa de colombianos hacia el sur, pasan al norte de Ecuador, algunos se quedan ahí, pero la mayoría se va hacia el interior del país…”

Pero un estudio titulado “de los efectos del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la aspersión aérea con el herbicida Glifosato (PECIG) y de los cultivos ilícitos en la salud humana y en el medio ambiente”, que se encuentra en la página de Internet del Ministerio de Defensa, concluyó que “los riesgos para las personas y para la salud humana del uso de glifosato y Cosmo-Flux en la erradicación de coca y amapola en Colombia, eran mínimos”.[4]

A pesar de esto, los problemas de salud que presentan las personas expuestas al glifosato han sido denunciados recurrentemente. Milena Peña, quien vive y trabaja hace tres años en San Miguel -bajo Putumayo- adelantando un proyecto denominado “San Miguel mira hacia Colombia y el mundo”, afirma: “Las personas que han estado presente en las zonas donde fumigan, inmediatamente empiezan a presentar brotes, a presentar reacciones fisiológicas a la sustancia”.

La erradicación manual: El otro camino

Ante la lluvia de críticas por el evidente fracaso de las fumigaciones, el Gobierno implementó en 2004 la destrucción manual como método alternativo de erradicación, que no reemplaza la fumigación sino que la aminora. Analistas como Consuelo Ahumada, sugieren que esto obedece, en parte, a la presión proveniente de los demócratas en el Congreso de EEUU, ya que entre las exigencias que han manifestado para la aprobación del TLC con Colombia se encuentra la reducción de los efectos negativos de las fumigaciones.

No obstante, la política de erradicación manual está mal encaminada. Efrén Piña, señala que “la política de erradicación manual forzada, en tanto no esté acompañada de alternativas claramente sostenibles y pensadas en un mediano y largo plazo (…) que permitan una estrategia integral y certera sobre el desarrollo, sigue siendo parte del problema.”

Este mecanismo de erradicación ha sido fuertemente criticado y denunciado por los mismos pobladores, quienes sienten que son violentados por los erradicadores. Así lo asegura Milena Peña: “No es una erradicación voluntaria -advierte-, es una erradicación forzada, los campesinos no participan en eso porque hay muchos grupos allí de erradicadores que están compuestos también por gente que ha pertenecido a los grupos de paramilitares… Hay amenazas por las mismas personas que llegan allí a hacer la erradicación, hay intimidaciones.”

Por su parte, el General Álvaro Caro Meléndez reconoce que no es una erradicación voluntaria, pero aclara: “Por supuesto que son forzadas (las erradicaciones manuales) porque son campesinos contratados para que erradiquen a la fuerza los cultivos de uso ilícito. Aquí no se trata de mirar quien quiere erradicar, eso es un delito; cualquier cultivo ilícito en este país es un delito y la función de nosotros como Policía Nacional es suprimir todas las manifestaciones de delitos que hay en el país.”

¿Lejos aún de la solución?

En primer lugar, la siembra de coca y otros cultivos de uso ilícito le ha ganado terreno a la generación de alternativas viables para contrarrestar la cadena de problemas asociadas a ésta. En segundo lugar, los expertos coinciden en que el problema no se erradicará con la simple destrucción de los cultivos, sin importar el método que se emplee. Además, tal como lo señala un texto de acompañamiento al fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca[5], del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, las innumerables quejas, testimonios y denuncias realizadas ante la defensoría del pueblo por daños ocasionados por el glifosato, “no pueden ser el resultado de una alucinación colectiva”.

Los Representante a la Cámara, Guillermo Rivera Flórez (Putumayo) y Liliana Barón Caballero (Casanare), manifestaron su oposición frente a las fumigaciones ante los demás miembros de la Comisión Quinta de la Cámara el pasado 5 de septiembre. “La solución no está en las fumigaciones. A esta situación hay que darle un tratamiento real, concertado y que atienda la problemática de quienes por necesidad y ante la ausencia del Estado se dedican a los cultivos ilícitos”, dijo Rivera Flórez[6], luego de aportar documentos que sustentan el daño que produce el glifosato a los pobladores de su departamento.

La solución debe tener entonces, como objetivo, el mejoramiento de la calidad de vida y las oportunidades de progreso de los habitantes de las zonas donde se siembra hoy la coca, que en muchos casos reclaman el apoyo del Estado para materializar sus proyectos y poder cultivar sus alimentos. “Es increíble –cuenta Milena- la fuerza de la gente que vive allá, es increíble porque son demasiadas las etapas de violencia a las que han tenido que sobrevivir… Pasa la avioneta (de fumigación), pasan los diferentes grupos, pasan los diferentes abusos, pero la gente sigue proponiendo y queriendo vivir y construir el Putumayo.”

[1] Betancourt, Milson, “El movimiento de campesinos cocaleros del Putumayo en Colombia”

[2] Ibid.

[3] Entrevista dada al programa radial “Desafíos RCN”. Septiembre de 2007

[4]Informe preparado para la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), División de la Organización de los Estados Americanos (OEA) Washington, D.C., Estados Unidos de América. 31 de marzo de 2005. Disponible aquí

[5] El fallo ordenó la suspensión de la aspersión con glifosato hasta tanto no fueran acatadas las medidas dictadas por el Ministerio del Medio Ambiente a la Dirección Nacional de Estuperfacientes y no se determinara a través de estudios el efecto que éste tiene en la salud de los colombianos.

[6] Tomado de: Boletín No.- 049 de la Oficina de Información y Prensa de la Cámara de Representantes.

Actualidad Colombiana, 26-09-07