Colombia: más fumigaciones y más dolor en el Sur de Bolívar
"Esta decisión gubernamental de continuar con las fumigaciones contra los productores de hoja de coca, el campesinado y el medio ambiente, no genera ninguna disminución de la actividad del narcotráfico, controlada en gran parte por el paramilitarismo"
Se ejecuta la cuarta oleada desde el inicio del Plan Colombia
Desde el mes de julio, y siguiendo la política de la administración de los Estados Unidos, y para beneficio de los "contratistas" de Dyncorp, se está adelantando la cuarta oleada de fumigaciones en el Sur de Bolívar, una seria amenaza para el bienestar de las comunidades campesinas de la región.
Actualmente se están fumigando las zonas rurales de Cantagallo y San Pablo, donde se encuentran veredas que hacen parte de la Zona de Desarrollo Integral del Sur de Bolívar, una iniciativa de desarrollo comunitario como alternativa a la economía de la coca. Sin más oportunidades económicas para sobrevivir, muchos campesinos han acudido a los cultivos de uso ilícito, el único producto que les permite resistir y mantener una economía de guerra, dado el bloqueo paramilitar sobre la zona.
El gobierno ha desconocido la voluntad y el clamor de las comunidades campesinas, quienes han expresado su deseo de sustituir concertadamente estos cultivos, así como han manifestado su preocupación por la situación económica que podrían afrontar si se continúan ejecutando las fumigaciones, pues se estaría dejando a las comunidades sin alimentos con qué comer, y sin productos con qué comercializar.
Ya el pasado 5 de marzo, unas 300 familias de la parte alta de San Pablo habían convocado a la opinión nacional e internacional a presionar al gobierno para que suspendiera esta oleada de fumigaciones, buscando salidas sensatas al problema de los cultivos ilícitos, como apoyar los proyectos económicos alternativos que se están ejecutando en el marco de la Zona de Desarrollo Integral, con la financiación del Laboratorio de Paz de la Unión Europea, o el levantamiento de la medida de suspensión de la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra, generando así mecanismos para la sustitución manual y concertada.
Sin embargo, nuevamente se ha recurrido a la salida represiva de las fumigaciones, atentando contra la salud, la vida y la integridad de los campesinos, y reproduciendo el ciclo que multiplica los cultivos de uso ilícito en las zonas de colonización.
Con anterioridad a la fumigación, en las veredas se había escuchado un terrorífico sobrevuelo de avionetas y helicópteros que, según los campesinos, realizaban el reconocimiento de la región y la toma de coordenadas. Luego se inició la aspersión de veneno, que está diseñada para hacerse desde ocho o diez metros, pero en la mayoría de los casos se supera esta altura, con lo cual el glifosato se esparce y cae a una larga distancia de su supuesto objetivo inicial, los cultivos de coca, para alcanzar selva virgen, cultivos de pancoger, cuerpos de agua, viviendas y caseríos.
La fumigación esta siendo acompañada de un operativo militar que cuenta con la participación de tropas terrestres y sobrevuelo de varios helicópteros, los cuales realizan ametrallamientos indiscriminados. Así mismo, el Ejército allana sin orden judicial las casas de los pobladores civiles y maltrata a los campesinos. Estas acciones militares impiden el normal acceso de productos a la región, así como la movilización de personas.
Dejando a un lado la aplicación del principio de distinción, las Fuerzas Militares hostigan y acosan a la población civil. Durante la última fumigación que se efectuó en la vereda Cerro Azul del municipio de San Pablo, un helicóptero ametralló una vivienda, hiriendo a una niña y a su abuela. La niña recibió un proyectil que le atravesó la rodilla y la dejó lesionada. Ahora no puede caminar bien. Grandes orificios han quedado en el techo de la vivienda, como una cicatriz que recuerda ese doloroso día. Los militares se llevaron a la niña, afirmando que la iban a curar y a indemnizar. Pero no ocurrió ni lo uno ni lo otro. En los días en los que estuvo bajo custodia de los militares, se cumplieron los términos para que se pudiera hacer una demanda legal contra el Ejército.
Las fumigaciones se llevan a cabo de manera alternada, sobrepasando todas las veredas de la región que se fumiga, proceso en el cual pueden durar varias semanas. En ocasiones han tenido la duración de más de dos meses ininterrumpidos.
Esta decisión gubernamental de continuar con las fumigaciones contra los productores de hoja de coca, el campesinado y el medio ambiente, no genera ninguna disminución de la actividad del narcotráfico, controlada en gran parte por el paramilitarismo. Por el contrario, sus impactos han intensificado seriamente la pauperización de la vida campesina y el deterioro del medio ambiente, sin llegar a una solución sólida y duradera frente al problema de los cultivos de uso ilícito.
Mientras tanto, las fuentes de agua, la salud humana y los cultivos de alimentos están siendo fumigados por el veneno del glifosato. La seguridad alimentaria de los campesinos está amenazada, así como lo está su vida, pues en cualquier momento pueden recibir una nueva agresión de la "seguridad democrática" uribista. Este es el verdadero terror que están viviendo las comunidades.