Colombia: la nefasta política ambiental del gobierno de Uribe Vélez

CONTRA LAS FUMIGACIONES EN PARQUES NATURALES Y LAS IRREGULARIDADES EN EL MINISTERIO DE AMBIENTE

El caso de la lora Paquita.

Exportación ilegal de caracoles pala.

Se redelimita reserva en Cerros Orientales de Bogotá.

Ley Forestal, de Aguas y de Páramos.

Privatización de servicios ecoturísticos en los parques naturales.

EU presiona otra vez para fumigar parques naturales.

El estudio de la CICAD-OEA. IDEA de la Universidad Nacional refuta a la CICAD.

Son labriegos paupérrimos.

Estrategia de fumigaciones fracasó rotundamente.

EU y Colombia: descomunal desigualdad en estrategia antidrogas.

Relaciones entre imperio y colonia.

Gracias, señor presidente.

Empiezo saludando a la doctora Sandra Suárez, ministra de Ambiente.

No sobra lamentar que el ministro de Agricultura se haya excusado, que estemos empezando sin el ministro del Interior y que, como ocurrió en estos días con el Banco de la República, su Ministerio no hubiera respondido hasta anoche el cuestionario enviado.

Creo, señor presidente, que este tipo de conductas se deben mirar con seriedad.

Es muy difícil hacer debates de control político si la información llega incompleta o a destiempo.

Y finalmente, lamentar que la transmisión en directo de este debate, sobre la que ya estaba informada la opinión pública, se viera suspendida ayer por decisión de la Presidencia de Senado.

Irá en diferido, pero no deja de ser un hecho digno de lamentar.

El debate se citó inicialmente para mirar unos aspectos del funcionamiento del Ministerio de Ambiente, pero por el camino apareció la muy alta posibilidad de que el gobierno decida fumigar los parques nacionales naturales de Colombia y hubo que adicionar la proposición en tal sentido.

Lo que hace que se nos agrande el debate, senadores y colombianos.

Y por el camino me encontré, doctora Sandra Suárez, con otra serie de hechos que tienen que ver con su Ministerio y que voy a mencionar aquí, no centrándome en ellos, pero pienso que es importante que el país se entere de algunos hechos que suceden allí.

No se trata de sorprenderla con estos puntos.

Voy apenas a dejarlos mencionados, pero pienso que sería una lástima no aprovechar este debate para mirar todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Ambiente.

El debate se divide en dos partes. Una, que enfoca lo del Ministerio de Ambiente, y otra, el problema de las fumigaciones.

El primer tema tiene que ver con que, en Colombia, hay un enorme descontento entre la gente interesada en el medio ambiente por la política que el gobierno del doctor Uribe Vélez viene agenciando.

Toda la política medioambiental viene siendo severamente cuestionada.

Voy a empezar mirando dos casos relacionados con su Ministerio y con el Incoder, y que a mi juicio son actos de simple corrupción, a mi juicio muy graves, porque han ocurrido en la barbas de los propios funcionarios.

Son casos de vox pópuli en el Ministerio y que terminan en actos de corrupción.

Y dependiendo de las explicaciones que usted nos dé al respecto, doctora Sandra Suárez, concluiré o no pidiendo su renuncia.

Porque una cosa es que los ministros tengan políticas generales de Estado que uno no comparta y eso es parte de la política.

Y otra cosa es que en sus Ministerios sucedan cosas que no deben suceder bajo ninguna consideración.

Aquí se pone la discusión en un terreno completamente distinto.

El caso de la lora Paquita

Los casos hacen referencia a la exportación de una lora ya famosa, de nombre Paquita, y con la exportación de caracoles pala, especies de fauna silvestre debidamente protegidas en Colombia.

Para entender la importancia del asunto, en el mundo entero existe un acuerdo del que Colombia es signataria, que es la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora, Cites, que permite hacer negocios en el mercado internacional con esas especies, siempre y cuando se cumplan unos requisitos muy especiales.

Hay algunos casos en que no se puede hacer definitivamente comercio.

Son especies de la vida silvestre en muchas ocasiones en peligro de extinción o por lo menos seriamente amenazadas.

Por ello es un negocio tan controlado como supremamente lucrativo.

Pero además es un negocio en el que la corrupción marca unas diferencias descomunales.

Quien logre, en este negocio, corromper o violar impunemente las normas, por supuesto que hace unas ganancias supremamente grandes.

Entonces es un negocio lícito si se hace de acuerdo con las normas del Cites, e ilícito por fuera de esas normas.

Este es el primer hecho que voy a destacar.

Se trata del negocio clásico en el que quien logra violar las normas dispara sus utilidades.

Por lo mismo, los riesgos de corrupción son enormes.

Si por negligencia o errores del gobierno de Colombia y particularmente del Ministerio de Ambiente, que es el que representa a Colombia ante Cites, se toman decisiones indebidas o negligentes o equivocadas o corruptas, Colombia puede terminar sancionada.

Sanción que consiste en prohibirle exportar especies silvestres por un tiempo determinado.

Y, no hay que olvidarlo, Colombia recoge unos dólares importantes de esas exportaciones de la vida silvestre.

¿Cuál es el caso de la lora Paquita? Alguien me preguntaba, cómo, ¿usted va a hacer un debate sobre una lora? Y alguien me ayudó en la argumentación: si eso pasó con una lora, ¡que no pasará con asuntos de mayor importancia! Fíjense entonces en la relatividad del hecho.

El debate cobra importancia porque lo que estamos mirando no es el problema de un solo espécimen, sino examinando cómo se manejan las cosas en el Ministerio del Ambiente.

Esta historia de la lora la conocimos los colombianos por un artículo de casi media página en el periódico El Tiempo, el 16 de enero de 2005, en el que se contaba cómo algún diplomático de algún país de las Antillas, al terminar su misión diplomática, había intentado sacar de Colombia una lora hacia su país.

Y que cuando intentó tramitar el permiso para sacar su lora, la famosa Paquita, se encontró con que en el Ministerio le habían hecho una serie de exigencias legales que él no había podido cumplir.

El artículo se escribe en el momento en que, por tal motivo, está varada la salida de la lora.

Faltaba particularmente obtener el Cites, el permiso sine qua non. Por la crónica se sabe que el diplomático compró la lora de buena fe, una compra ilegal pero de buena fe.

La compró en el Caguán, en algún viaje que él hizo por allí.

La lora estaba en el Batallón Cazadores y él la adquirió en marzo de 2000.

Queda claro cómo sucedió el asunto.

El embajador se encuentra una lora en el Caguán y la compra.

Y cuando va a regresar a su país de origen, tramita un permiso para salir con su lora, pero el asunto se le enreda porque hay que cumplir una serie de requisitos legales.

En febrero 14, otra vez El Tiempo le gasta al caso un buen tamaño, y titula el artículo “Paquita voló del país”.

Hasta aquí todo marcha bien.

Pero el 27 de febrero, el doctor Gonzalo Andrade, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, y quien había trabajado en el Instituto de Medio Ambiente como director de ecosistemas, publica un artículo en el que se pregunta: ¿cómo salió Paquita del país? ¿Qué pasó con las normas legales al respecto? Y llama la atención sobre otro hecho grave ocurrido en el Ministerio de Ambiente simultáneamente, el de la exportación indebida de caracoles pala, que vamos a mirar después.

Cuando hacemos la indagación y le pedimos al Ministerio que nos explique cómo hicieron para cumplir las normas para sacar la lora, nos encontramos con lo siguiente: resulta que el Cites que expide el Ministerio lo firma el doctor Leonardo Muñoz, último director de Ecosistemas, apoyado en una resolución de la Corporación Regional del Amazonas, Corpoamazonas, en cuya jurisdicción se encuentra el Caguán.

En el documento se afirma que se entregó la mencionada lora Paquita al diplomático que estaba intentando sacarla del país, como secuestre depositario.

Dice Corpoamazonas que la solicitud de custodia de la lora se la hicieron el 20 de diciembre de 2004, y que el 27 de diciembre expidió la resolución que permitía sacar al ave en mención. Por las fechas, es evidente que alguien está mintiendo, porque no casa la historia que está certificando Corpoamazonas con la que el diplomático cuenta en el periódico El Tiempo.

La resolución dice que los animales serán llevados por el custodio desde San Vicente del Caguán hasta Bogotá.

No, el animal estaba en Bogotá desde el año 2000.

Corpoamazonas se obliga a hacer entrega de los animales al secuestre mediante la firma de las partes.

Pero resulta que en el documento no aparece la firma del secuestre a quien se le entrega la lora, firma que es uno de los requisitos exigidos por la ley.

Afirma también Corpoamazonas que la entidad se obliga a realizar visitas de control y seguimiento, y es obvio que si la lora va a salir del país, no puede haber visitas de control y seguimiento.

Y, por último, la firma que aparece en el documento es un garabato ilegible.

Sobre todo esto quiero llamar la atención, porque atañe a la legalidad del asunto.

Y quiero insistir en un punto específico: el permiso de los Cites es clave, porque cualquier hecho que viole el Cites le abre el paso a la corrupción.

Lo que se afirma es que la lora la decomisó Corpoamazonas, y que una vez decomisada se la entregó al secuestre, cosa que sabemos no es cierta.

Pero además no se adjuntan unos certificados que ha debido adjuntar Corpoamazonas: primero, la diligencia del decomiso, la diligencia de la sanción, documentos que deberían constar para poder expedir el Cites.

Y aclaro que para poder sacar la lora Corpoamazonas había tenido que nombrarlo era de tenedor oficial.

Cuando el escándalo estalla, porque se convierte en un escándalo dentro del Ministerio, va a suceder una de las cosas que a mí más me perturban, y es que el 7 de marzo se le informa al grupo de control interno disciplinario del Ministerio que se extravió el expediente de la exportación de la lora.

¡Oportunamente extraviado! Inmediatamente después que empieza el ruido en la prensa del país sobre lo legal o ilegal de la exportación de la lora, se extravía el expediente.

Y nos dice la señora ministra en las respuestas al cuestionario que el expediente sigue extraviado.

Cosa supremamente grave, porque sin el expediente se le vuelve muy difícil a la Procuraduría adelantar la investigación para saber exactamente qué pasó.

Ahora el Ministerio nos va a decir aquí que, simplemente, ellos cumplieron, porque Corpoamazonas certificó el asunto y ellos, sobre esa base, se limitaron a expedir el Cites.

Pero realmente no fue así.

Ya hay sanciones que han hecho los organismos de control sobre el Ministerio de Ambiente en un caso anterior, hace un tiempo, de unos chigüiros, en que por proceder de esa manera fue sancionado el Ministerio.

Porque el Ministerio debe observar la legalidad con el mayor rigor o no de los papeles que se le envían.

Y más en un caso como este, en el que la señora ministra sabía muy bien de los enredos que estaban sucediendo.

Tan sabía, que en el Canal Capital, el 15 de febrero, ella dice que la lora salió del país cumpliendo todos los requisitos mediante un trámite muy riguroso.

Y por supuesto, ello no es así. Pero además, también lo sabía, porque la exportación de la lora se volvió un asunto, y así lo anota el periódico El Tiempo, de intrigas de ex ministros, de ex presidentes incluso.

A mí la idea que me queda es que usted, señora ministra, fue por lo menos negligente en el caso que estamos debatiendo y que el Ministerio, a mi juicio y sin ninguna duda, terminó expidiendo un Cites que no podía expedir y cohonestando con una manipulación informativa hecha por Corpoamazonas, y que repito, viola de manera flagrante los trámites legales.

Exportación ilegal de caracoles pala

¿Cuál es el caso del caracol pala? Bien parecido.

En febrero de este año, el mismo don Leonardo Muñoz Cardona, director de Ecosistemas del Ministerio, expide un Cites autorizando exportar un caracol, cuando se había dicho desde el año pasado que en 2005 no se podían exportar caracoles, una decisión legalmente sustentada por las autoridades pertinentes.

¿Cómo permite el Ministerio de Ambiente esa exportación? El subgerente de pesca y acuicultura del Incoder, doctor Carlos Mosquera, autoriza a Antillana, una firma que dirige el doctor Martín Echavarría, para hacer una exportación de 29 toneladas de caracol pala, en cifras redondas.

Advirtamos que, por estar en serios peligros, el caracol pala es una especie cuya exportación está bajo control.

Aduce el Incoder que es una exportación de 29 toneladas de unos inventarios del año 2003.

¡Ojo con la fecha! En diciembre de 2004, Incoder autoriza una exportación de caracoles que estaban en bodega, se supone, desde 2003.

A partir de esta constancia, el Ministerio entrega el certificado Cites.

Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando uno empieza a mirar con detenimiento, descubre que la autorización del Incoder para exportar el caracol pala se hace violando las normas legales.

O por lo menos, con movimientos muy sospechosos, cuya ilegalidad o legalidad tendrá que establecerla la Procuraduría.

Creo que son abiertamente ilegales.

¿Y por qué estoy aseverando que esa exportación no se podía hacer? Porque en diciembre de 2003, el Incoder había certificado expresamente que la empresa Antillana solo tenía en bodega 5 toneladas de caracoles pala.

Y el 6 de febrero de 2004 había ratificado que Antillana solo tenía en bodegas 5 toneladas de caracoles.

¿De dónde salen entonces las 29 toneladas de caracoles que está autorizando el Incoder en diciembre de 2004? Este es el problema del millón y, como lo voy a demostrar más adelante, lo sabía el Ministerio de Ambiente.

Se amparan los funcionarios del Incoder en que el 26 de noviembre de 2004, un funcionario del Incoder certifica que hay 29 toneladas de caracol pala en las bodegas de Antillana en Cartagena.

Pero en ninguna parte dice el funcionario, doctores del Incoder y señora ministra, que fue caracol de 2003.

Ese caracol podía haber sido pescado en el mismo año 2004 violando las normas, como vamos a ver más adelante, que prohibían hacer esa pesca exagerada.

Luego es clarísimo que los funcionarios del Incoder, el doctor Carlos Mosquera Arango y después el director encargado para este efecto, el doctor Argiro de Jesús Ramírez Aristizábal, subgerentes de pesca y acuicultura del Incoder, hacen una certificación que no se corresponde con la realidad que ellos mismos habían certificado.

El Ministerio me va a replicar lo mismo: que el Incoder certificó y que nosotros, ante la certificación del Incoder y presumiendo la buena fe y la legalidad de los actos de los funcionarios públicos, simplemente expedimos el permiso Cites. ¿Pero cuál es la historia? Que el fraude de esta exportación venía desarrollándose desde junio de 2004.

No les voy aquí a leer cada aspecto en detalle para no hacerme muy largo.

Pero sí lo siguiente: el 4 de junio de 2004, funcionarios del Minambiente que estaban cumpliendo con sus deberes les comunican al Incoder y a los industriales que la cuota de exportación está agotada.

El 3 de agosto, mediante derecho de petición, el Incoder le pide al Ministerio que le certifique cómo van las exportaciones, porque ni siquiera lo sabía, y le certifica lo que estoy diciendo.

El 5 de agosto, la procuradora delegada para asuntos ambientales y agrarios de San Andrés Islas deja de nuevo establecido que la cuota de exportación está agotada.

Al día siguiente, el Comité Ejecutivo de Pesca dice que la cuota para 2004 está agotada, que no se puede pescar más caracol pala a lo largo de ese año.

El 2 de diciembre, es decir, solo cuatro días antes que el Incoder certifique cómo crecieron mágicamente los inventarios en las bodegas de Antillana, como por generación espontánea, la Procuraduría hace constar: “Estima improcedente esta Procuraduría cualquier solicitud de legalización de producto sobreexplotado” y que “por consiguiente, lo que se espera del Incoder es que inicie las acciones administrativas sancionatorias en los términos de la Ley 13 de 1990 y su Decreto Reglamentario”.

¿Qué es lo que hay aquí? Un caso de alcahuetería, por lo menos, del Ministerio del Medio Ambiente o de funcionarios del Incoder, funcionarios que son delegados de la ministra, frente a una actuación abiertamente indebida de funcionarios del Incoder que estaban autorizando algo que no se podía autorizar.

Lo anterior viola la ley 13 del 90, o Estatuto de Pesca, la ley 99 del 93, la ley 17 del 81 e incluso el Código Penal en sus artículos 328 y 413.

Y esto es vox pópuli en el Ministerio de Ambiente e involucra a funcionarios delegados por la ministra para que supervisen este tipo de acciones.

Se redelimita reserva en Cerros Orientales de Bogotá

Vamos a mencionar una serie de hechos que han venido sucediendo en el Ministerio y sobre los cuales probablemente tengamos que hacer otro debate en los próximos días, hechos que han causado escándalo en el país, según consta en editoriales del periódico El Tiempo.

Primer caso que menciono, el de los Cerros Orientales, una reserva forestal que decreta el Inderena en 1976.

De esa reserva quedó pendiente por hacerse el registro de la reserva.

Qprohibido construir en esos cerros y se ordenó registrar esa reserva en las oficinas de registro, precisamente para evitar que se violara la ley.

Pero el trámite nunca se hace. En el año 2001, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordena al Minambiente que haga el registro de la reserva.

En agosto de 2004, la Corte Constitucional le ordena a Minambiente que haga el registro de la reserva.

Y el 14 de abril de 2005, el Ministerio saca una resolución que redelimita la reserva de los bosques orientales, toda esta zona de los cerros de Bogotá, una de las zonas más costosas de Bogotá, pero no la registra.

No la registra, repito, pero sí le cambia la forma a la reserva, reduciendo en 973 hectáreas el área y legalizando una serie de ocupaciones ilegales que allí había.

El hecho es tan escandaloso que el periódico El Tiempo, en su editorial del 5 de mayo, denuncia que la decisión del Ministerio “levantó en un zigzag inexplicable la reserva forestal hasta una cota de cien metros en algunas áreas y le quitó 973 hectáreas”.

Agrega: “Deja abierta la posibilidad de que se eche abajo centenares de miles de árboles en las hectáreas que todavía no han sido intervenidas” y, en una actitud amable, el editorialista dice que “a lo mejor la ministra prefirió deshacerse de la pelota” y pasársela al alcalde de Bogotá.

Pero el hecho de fondo que estoy señalando es que esa decisión le echó al bolsillo una suma descomunal de dinero a unos cuantos colombianos que tenían ocupados muchos de esos predios.

Ese es el resumen del asunto, que abre la posibilidad de que otras zonas supuestamente protegidas se pierdan con una simple decisión, la de modificar los límites de las mismas.

Ley Forestal, de Aguas y de Páramos

Viene caminando por el Congreso de la República, ya pasó por esta Comisión Quinta, aquí ya se aprobó en una sesión en la que yo no estuve porque me encontraba fuera del país, el proyecto de ley forestal.

Otro punto supremamente grave.

Voy a leer lo que dice Manuel Rodríguez, ex ministro de Medio Ambiente y hoy presidente del Foro de las Naciones Unidas sobre Bosques, una autoridad en la materia.

Dice:“Leyes similares al proyecto aprobado en segundo debate por el Senado de la República (…) fueron precisamente las que generaron el arrasamiento e irreparable destrucción de enormes extensiones de selva tropical del Sudeste Asiático por parte de las grandes multinacionales madereras en corto período de tiempo.

Esos inversionistas dejaron un paisaje de destrucción y de pobreza, y ahora buscan nuevas oportunidades madereras en la América tropical.

Precisamente en el proyecto de Ley colombiano brillan por su ausencia las condiciones de conservación, uso y aprovechamiento del bosque natural y demás elementos necesarios para blindar el país contra la incursión de grandes empresas explotadoras de madera que cuentan con un negro currículo en materia de destrucción de los bosques.

¡Y ya fue aprobado, con esas características, en segundo debate por el Senado de la República”.

Estas son palabras mayores, senadores.

Claro que aquí dirá la ministra que eso no es ella, sino el Congreso de la República.

No, no es tan fácil, porque si bien es cierto que el que aprueba es el Congreso, todos sabemos que el gobierno nacional, el uribismo, es mayoría en esta corporación.

Y aquí no se aprueba nada sin el permiso del Presidente de la República.

Y también todos sabemos que cuando hay un proyecto de ley que no le gusta al gobierno, y eso lo conocen bien las gentes del común, hacen hasta lo imposible para hundirlo.

Luego espero que con esa explicación el Ministerio nos diga si esta defendiendo o no este proyecto.

Hay otro proyecto también muy grave, al que llamaría de la privatización del agua.

Inicialmente no se presento así, pero ahí va.

Que en la exposición de motivos dice que apunta a “orientar la planificación y administración del recurso hídrico en el territorio nacional”.

Tiene origen en un documento Conpes, el 3343, que da los lineamientos y estrategias del desarrollo sostenible.

Y dice el Conpes que se financiará con un crédito del Banco Mundial, cosa que no debe sorprendernos.

En el numeral 2, inciso 2, del proyecto de ley se habla de la eficiencia en el manejo del agua.

¿Y saben cuál es la eficiencia en el manejo del agua, senadores y colombianos? Que sea buen negocio para la empresa privada, aun cuando dice que también para el Estado.

Reza el texto: “Se debe buscar la racionalidad en su asignación y uso de manera que los beneficios socioeconómicos y ambientales derivados de las políticas e inversiones públicas y privadas que se desarrollen sean siempre superiores a sus costos”.

Un eufemismo para decir que sean negocio.

Estamos hablando no de la privatización de los acueductos, que ya viene caminando desde hace rato, sino del riesgo de la privatización del agua, cosa que ya ha sucedido en otros países y que es política del Banco Mundial desde hace bastante rato.

Menciono también otra ley que está caminando y contra la que voté en esta Comisión, que consiste en decretar, de manera a mi juicio arbitraria, que por encima de 3.000 metros todo es páramo y que el que este viviendo ahí se tiene que ir.

Cosa que es una desproporción, porque el páramo se debiera definir de manera precisa.

Le cuento esto, ministra, uno de los páramos más importantes que hay en Colombia queda en Nariño y está en 2.800 metros, en un ecosistema especial donde queda la Laguna de la Cocha.

O sea, su ley no lo protege.

Pero en cambio, con este proyecto, de convertirse en ley, van a sacar a miles y miles de familias campesinas que viven por encima de los tres mil metros y que hacen explotación agrícola.

No se trata de que no se protejan los páramos, pero, primero, sobre la base de proteger lo que lo sea páramo y, segundo, entendiendo que hay unas realidades sociales complejas que no se pueden despachar con métodos despóticos.

Privatización de servicios ecoturísticos en los parques naturales

Por último, antes de entrar al tema de las fumigaciones, veamos el caso que se ha llamado de la privatización de los parques.

Digamos que estrictamente se trata de la privatización de los servicios ecoturísticos de los parques, para no hacer presentaciones que no corresponden.

Pero, ministra y directora de parques, el hecho que se limite a los servicios ecoturísticos no hace bueno el proyecto, porque es el inicio del proceso de la privatización.

Y oír hablar de privatización de parques, así sea parcial, nos impresiona mucho por razones obvias a los que medio entendemos algo de esto del medio ambiente.

Es que hay una contradicción inexorable, y que no depende de la buena voluntad de nadie.

La que se presenta entre la búsqueda de la ganancia y la protección del medio ambiente.

Hay muchos negocios que pueden funcionar en términos más o menos neutrales, digamos, sin producir daños ambientales.

Pero mezclar el negocio con el medio ambiente suele generar una contradicción que fácilmente se antagoniza.

Por una razón muy simple: la ganancia es por definición un propósito del corto plazo, mientras que el cuidado del medio ambiente es por esencia de largo plazo.

Entonces, este planteamiento de privatizar los servicios en los parques no deja de parecer entonces un poco exótico.

Ahora, cuando uno va y mira cuál es la racionalidad del asunto, por qué lo hacen, descubre que hay una política de recortarle el presupuesto al Ministerio en la parte del medio ambiente.

Y entonces ahí se confirman las denuncias hechas hace mucho rato por numerosos ambientalistas.

Ellos han insistido en afirmar que cuando se juntaron los Ministerios de Medio Ambiente y de Desarrollo, la que terminó perdiendo fue la parte medioambiental.

Además, la política medioambiental del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, muy propia de la concepción política que lo orienta, somete los asuntos medioambientales a los intereses de la ganancia y el capital, lo que equivale a decir que los menosprecia.

En el documento Conpes, el que da la orden de adelantar la política de privatización en tres de esos parques, el Tayrona, la Isla de Gorgona y el Parque Nacional de los Nevados, en Tolima, Risaralda, Quindío y Caldas, uno se sorprende mucho porque es un documento que trata supuestamente sobre política medioambiental, y no.

Versa sobre cómo hacer buenos negocios y cómo garantizar que estos operen bien.

El doctor Guhl, un amplio conocedor de estos temas, señalaba hace poco que las experiencias internacionales en este terreno son negativas.

Que no resulte que el día de mañana esta medida se convierta en la puerta abierta para gravísimos destrozos, también oportunamente analizados por gentes que uno consideraría del establecimiento y a quienes les ha llamado poderosamente la atención una política que atenta contra lo que debiera ser la lógica de un Ministerio del Medio Ambiente.

Entremos aquí al galope, señor presidente, cumpliéndole a sus tiempos, y pasemos al tema de la fumigación de los parques, sin duda, por muchísimas razones, un tema de importancia nacional y que tiene que ver con el Ministerio de Ambiente, pero por sobre todo con el del Interior.

Lástima que el doctor Sabas se encuentre en este momento tramitando la ley de falta de garantías a la oposición en las próximas elecciones y por ello no pueda estar por aquí acompañándonos.

EU presiona otra vez para fumigar parques naturales

Ayer la ministra del Medio Ambiente y el ministro del Interior salieron a los noticieros a machacar que no era cierto que se estuvieran fumigando los parques.

Yo les hago al respecto un reclamo cordial.

Nadie ha dicho que en Colombia se estén fumigando los parques.

Entonces esa refutación no cabe, es una astucia para ponernos como mentirosos o por lo menos como gente mal informada.

Aquí lo que hemos dicho es que hace un año los gringos y el gobierno intentaron fumigar los parques, y los derrotamos.

Y estamos denunciando que cocinan nuevamente la fumigada de los parques.

Y este debate lo hacemos en buena parte bregando a evitar que se haga la fumigación.

Es decir, si no están fumigando no es porque no quieran, sino porque no han podido.

No porque no les guste, sino porque se les han atravesado palos en la rueda.

Pero el gobierno no tiene por qué hacer afirmaciones que no se corresponden con los hechos.

Veamos primero si esta preocupación que tenemos porque van a fumigar los parques es un mero invento de Jorge Enrique Robledo y de unas cuantas organizaciones de ecologistas.

Veamos algunos hechos cronológicos:

11 de abril de 2004, mister William Wood, embajador de Estados Unidos en Colombia, el virrey en persona, se toma el trabajo de escribir un artículo en la revista Cambio llamando la atención sobre lo que él considera el aumento de los cultivos ilícitos en los parques.

Dice que hay que hacer algo y ofrece derrotarlos.

12 de abril, o sea, al otro día, el ministro de Defensa de Colombia le concede unas declaraciones a Caracol.

El titular de Caracol es: “El gobierno asegura que la legislación debe permitir fumigar los parques naturales. Según el ministro de Defensa, Jorge Alberto Uribe, la legislación deberá cambiarse para que permita la fumigación con glifosato en los parques naturales, donde están proliferando los cultivos ilícitos”.

Hasta donde vamos no nos estamos inventando nada.

Alguien decía que en política nada es casual y en este caso sí que es evidente que nada es casual.

22 de abril, a los once días de haber dado el virrey Wood la orden de poner los ojos sobre el tema, gran titular de El Tiempo: “Científicos de la OEA aseguran que glifosato no representa riesgo para los seres humanos”. Y salen don Sabas y todo el mundo a celebrar el estudio de la OEA.

Esa es la realidad.

Están cocinando la idea de fumigar los parques naturales.

Qué le hacemos.

Lo que estamos dirimiendo es si la van a poder hacer o no.

El editorial de El Tiempo de ayer rechaza categóricamente la posibilidad de fumigar los parques.

Y hoy el embajador Wood, el virrey, replica en tono gruñón que cómo se les puede ocurrir eso.

El estudio de la CICAD-OEA

Detengámonos un poco entonces sobre el estudio de la OEA.

Dice el embajador Wood que el estudio es de la OEA, y no, no es de la OEA.

Estrictamente hablando, lo hace la CICAD, o Comisión Interamericana para el Control del Abuso de las Drogas, entidad adscrita a la OEA y que es un organismo policivo.

Vamos a hilar delgado.

Dice Wood que el estudio fue preparado durante varios años, ¡paja!, se empezó a contratar apenas en febrero del año pasado y lo entregaron el mes pasado, o sea, no se pudo preparar por varios años.

Y dice además el señor Wood: “Es difícil concebir cómo una organización internacional respetada podría recomendar la continuación de una práctica que viola los acuerdos internacionales”.

Presten atención a estas palabras: organización respetada.

Y es que el informe de la OEA se proponía ponerle un mascarón de respetabilidad a lo que no pasa de ser un insólito acto de barbarie.

Empecemos por mirar la respetabilidad de la OEA.

El estudio lo hace la Cicad, un organismo de policía adscrito a la OEA, pero lo pagan Estados Unidos e Inglaterra, los socios del genocidio en Irak, donde no fumigan con glifosato sino con miles de toneladas de bombas de verdad y desde hace rato.

Para los que hemos estudiado un poco de historia americana, es evidente que, desde que se creó la OEA, no ha habido un solo acto de agresión de Estados Unidos sobre un país de América Latina que la OEA no haya avalado.

Dicho con palabras más precisas, casi que no hay acto imperialista cometido por Estados Unidos en este continente que la OEA no lo haya avalado.

Entonces, la respetabilidad que aduce el embajador norteamericano hay unos que no la reconocemos.

Y qué tal la imparcialidad de Monsanto.

El Ministerio de Ambiente pregona que el de la OEA fue un estudio que se contrató para hacer una investigación “independiente, objetiva e imparcial”.

Para algunos, basta que lo hayan hecho unos profesores de unas universidades extranjeras y ya con eso queda demostrado que está bien.

Durante 26 años fui profesor de tiempo completo en la Universidad Nacional de Colombia y me he movido toda la vida en la academia, más o menos a buen nivel.

Y tengo que decir que en el mundo de la academia hay gente de calidades superlativas, particularmente en Colombia, gente que normalmente es maltratada por el modelo económico prevaleciente.

Pero también he de anotar que en la academia hay de todo.

Ese cuento de que porque fulano de tal es 7académico y científico, ya lo que sale de su boca es palabra de Dios, es una bobería que no nos la pueden presentar a gente más o menos informada.

Sobran los ejemplos de científicos que producen a diario todo tipo de armas atroces, de instrumentos de tortura, de instrumentos de destrucción masiva.

Ensayos científicos con seres humanos es que lo hemos visto por montones a lo largo del siglo XX.

De eso está plagada la historia de la humanidad.

Luego no es con argumentos de autoridad como nos van a ganar el debate, porque además, si algo repudiamos en la academia, son precisamente los argumentos de autoridad.

Que alguien mande más que otro, o tenga más plata que otro, o más poder que otro, no le concede la razón.

Esto es el abecé de los debates académicos.

El estudio de la CICAD lo firma el doctor Keith Solomon, sobre quien no voy a entrar en detalles.

Hemos invitado aquí para que nos haga alguna explicación breve al doctor Tomás León Sicard, PhD, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, director del Instituto de Estudios Ambientales, IDEA, una persona profundamente versada en el tema y quien, con otros colegas, también PhD varios de ellos, hicieron una evaluación del estudio de la OEA. Yo no soy especialista en los niveles en los que se mueve el profesor León, pero voy a arriesgarme a explicar algunas cosas que resultan evidentes y que están planteadas expresamente en el estudio de la CICAD. Parece increíble, pero el estudio dice: si se estudian los daños sobre la naturaleza por efecto de sembrar la coca o la amapola y se comparan con los daños de la fumigación, entonces los daños de la fumigación “son esencialmente despreciables”. Lo anterior puede ser cierto o no, pero la misma comparación es una astucia despreciable, porque el que está tumbando la naturaleza para sembrar coca y amapola es un delincuente, pues actúa por fuera de la ley. Pero, se supone, el Estado tiene que atenerse a las leyes y actuar con un mínimo de respetabilidad en sus decisiones. Y por ello no es comparable una cosa con la otra. El Estado no puede asesinar al que asesina, ni parecerle despreciable que torturen porque en las cárceles de Irak torturan más. Es inaudito que unos profesores universitarios contratados por la CICAD hagan una afirmación de ese calibre. Pero además, los profesores del IDEA le asestan al estudio de la CICAD unos golpes a mi juicio demoledores y que tienen que ver con la propia metodología, con la propia racionalidad con que fue concebido.

IDEA de la Universidad Nacional refuta a la CICAD

Con plena razón, los profesores del IDEA dicen que no aceptan que el informe de la OEA se presente como ambiental. Porque el profesor Solomon lo primero que afirma en su análisis es que ellos no van a considerar ni asuntos económicos ni sociales ni políticos.

Y resulta que lo ambiental es por sobre todo eso, la relación entre el medio ambiente y la economía, la sociedad y la política.

Como así que se nos aparecen como los dioses de la ciencia pura a opinar al respecto y sin más ni más nos van despachando conclusiones como esa de que la destrucción de cultivos por las siembras de coca puede ser peor que la de fumigar, o en distintas palabras, que viva la fumigación y sigan procediendo de la misma manera.

Los autores sacan conclusiones que no se pueden extraer de las premisas, por lo demás, en buena parte basadas en estudios indirectos.

Y hay un punto que me llamó profundamente la atención y me dejó muy preocupado.

Buena parte de los datos sobre la supuesta inocuidad del glifosato, un producto de Monsanto, la toman Solomon y sus amigos de investigaciones amparadas por Monsanto y hechas por el profesor Gary Williams.

¡Qué tal la imparcialidad de Monsanto!

Me contó un amigo que acaba de llegar de Estados Unidos que allí se desató un escándalo que involucra al Instituto Nacional de Salud, por estar lleno de prácticas en que las farmacéuticas y los monopolios de agroquímicos colman de regalos y canonjías a los científicos que supuestamente deben evaluarlos.

Si el profesor Williams es un amparado de Monsanto, ya de entrada despierta serias sospechas.

Y aquí voy a recordar cuántos años se la pasaron los científicos a sueldo de Philip Morris y de la American Tobaco demostrando que el cigarrillo no hacía daño, mientras que otros sostenían que daba cáncer y hacía daño.

Son montañas de libros.

Con los mismos títulos, los mismos PhD y hasta los mismos laboratorios.

Entonces no nos pueden venir a ganar este debate con argumentos de autoridad.

Llaman la atención los profesores de la Nacional sobre otro hecho.

Es evidente que el daño fundamental del glifosato es sobre las plantas más que sobre los animales, aun cuando a estos también les haga daño.
El glifosato es un herbicida, ¡o es que ahora nos va a venir a decir Monsanto que su herbicida ni siquiera mata las plantas! El glifosato daña todo por ser un herbicida de amplio espectro.

No escoge coca ni amapola. Y resulta que una de las riquezas más valiosas de nuestros parques naturales es la biodiversidad.

Y dicen que profesores de la Nacional que es tan malo el estudio, que los autores del CICAD son capaces hasta de afirmar que las áreas donde se fumiga no son las principales zonas de biodiversidad del país.

Estoy llegando a la conclusión de que el profesor Solomon y sus amigos tumbaron a quienes financiaron el estudio.

O, mejor, cumplieron a la perfección con el propósito del estudio.

Hoy en el periódico El Tiempo hay una carta de un profesor, debe de ser colombiano, residente en Miami, en la que llama la atención sobre cómo Colombia está convirtiéndose en uno de los países del mundo con mayor mortalidad infantil, en parte relacionada con los problemas de la espina bífida.

Y este médico, miembro de la Asociación Internacional contra la Espina Bífida, me escribe una carta a mi oficina en la que me pide estudiar el asunto, especialmente grave al parecer en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde, coincidencialmente, se viene fumigando desde hace décadas.

Hay otro hecho, señora ministra, que alguien le cuente al doctor Sabas cuando termine el debate.

Es abiertamente ilegal fumigar los parques.

Lo prohíbe la ley, y no han podido cambiarla, lo prohíben acuerdos internacionales de los que Colombia es signataria.

Al embajador Wood le da mucha rabia que El Tiempo le recuerde que las fumigaciones en los parques son ilegales, pero es así, ¡qué le vamos a hacer! Y además hay normas específicas, como el Decreto Ley 2811 de 1974 y el mismo Código de Recursos Naturales y de Protección al Ambiente, artículo 334, que prohíben el vertimiento, introducción, distribución, uso o abandono de sustancias tóxicas o contaminantes que puedan perturbar los ecosistemas de los parques naturales.

En resumen, también es abiertamente ilegal lo que quieren hacer en los parques.

Son labriegos paupérrimos

¿Cuál es el aspecto social? ¿A quiénes son a los que fumigan? A las plantas, no solo a las ilegales sino también a las legales que están al lado.

A las ranas, a los microorganismos, a las especies animales, a todo lo viviente.

Pero además, como los aviones fumigan sobre áreas donde los cultivos de coca se hallan intercalados con los de pancoger y con las casas de los campesinos, ¡fumigan también a los campesinos, a las mujeres, a los niños, a los ancianos, y los animales domésticos, las vacas, las gallinas.

Aquí repito la pregunta que les hice hace un año, señores del gobierno: ¿cuál ley de Colombia permite sancionar, no solo a quien delinque, sino también a su familia? ¿No se supone que es uno de los fundamentos de la democracia jurídica que si yo delinco soy yo el que pago, pero mi familia no tiene por qué ser sancionada ni agredida? Hasta principios tan elementales se los pasan aquí por la faja, como si nada.

Y vuelvo y hago la pregunta: ¿puede el Estado colombiano secuestrar al que secuestra, asesinar al que asesina, extorsionar al que extorsiona? Es una lógica de ley del talión absolutamente inaceptable.

¿Por qué están allá esos compatriotas? ¿Quiénes son ellos? En esas lejanías de los parques naturales de Colombia, en buena parte áreas selváticas, no están los narcotraficantes, los traquetos, los de las bambas, y aun menos los narcotraficantes gringos, sino miles de campesinos paupérrimos, indígenas paupérrimos, jornaleros paupérrimos, en un negocio miserable que tampoco los saca de la pobreza.

Porque todos sabemos que producir hoja de coca rinde mayores ingresos que otros cultivos, pero en esas lejanías los artículos de primera necesidad son tan costosos que finalmente no compensan.

¿Por qué están allí estos compatriotas? Este es un reclamo que debe hacérsele a la sociedad y al Estado colombianos.

Porque nunca ha habido en Colombia una política agropecuaria que respalde a nuestros campesinos para que puedan trabajar productivamente en las zonas civilizadas.

Los campesinos se van por allá es huyéndole a la miseria del centro de Colombia, que se ha incrementado desde 1990, cuando el gobierno de Estados Unidos le impuso a Colombia la apertura y el neoliberalismo y perdimos más de un millón de hectáreas de cultivos transitorios y trescientas mil hectáreas de cafetales.

Y a propósito de la pobreza en las zonas cafeteras, ¿saben quién fue, colombianos, el funcionario norteamericano que estuvo en Londres, en la OIC, rompiendo el acuerdo internacional del café, que tantos problemas le ha creado a la caficultura? Fue un embajador de ingrata recordación, el señor Myles Frechette.

Después de romper el Pacto Internacional del Café, al tipo lo intentaron nombrar embajador en Brasil, pero los brasileños no quisieron darle el beneplácito y entonces terminó en Bogotá de embajador.

Pues resulta que un número muy grande de los colombianos que han migrado a las zonas selváticas o semiselváticas, y esto los sé porque lo conozco de cerca, por haber vivido muchos años en la zona cafetera, son campesino y jornaleros del café.

Es a estos millares de campesinos pobres a quienes los están fumigando como cucarachas.

¿Usted está de acuerdo con eso, señora ministra de Ambiente? ¡Es increíble que una ministra del Medio Ambiente pueda siquiera concebir que se termine fumigando a la población! ¿Qué derecho moral, qué autoridad política tienen para tratar a esos compatriotas de esa manera? Esa es gente en la que el Estado solo piensa el día que decide fumigarlos.

Mientras tanto, ¡no existen! Estuvo hace poco en mi oficina un sacerdote italiano que trabaja en esas lejanías en labores de docencia y me decía: senador, consígame un maestro que se le mida a irse para la Bocana del Caguán.

Que haya regiones enteras en que falten maestros confirma que, para el Estado, esos compatriotas solo existen cuando en Bogotá se ordena fumigarlos.

El Estado no es salud, no es educación, no es vías, no es absolutamente nada.

Estrategia de fumigaciones fracasó rotundamente

Además, la política de erradicar o por lo menos disminuir la coca y la amapola mediante fumigaciones aéreas fracasó, y esto si se quiere es lo peor.

Pienso que fue eso lo que al embajador Wood le hizo saltar la piedra con el editorial de El Tiempo de ayer, que expresamente afirma que la estrategia es un fracaso.

Veamos algunas cifras: entre el 2000 y el 2003 las autoridades fumigan 260 mil hectáreas y solo se erradican 60 mil, por problemas de sustitución, de rebrotes, etcétera.

¡Este es el súmmum de la ineficiencia! Destruyen 260 mil y erradican de verdad apenas 60 mil.

En el 2004 asperjan 135 mil hectáreas y la misma CIA admite que no se redujo ni una sola.

Claro que de las informaciones de la CIA qué se puede pensar, si ellos fueron los mismos sabios que dijeron que el señor Hussein estaba lleno de armas de destrucción masiva, y, de ahí en adelante, del secretario de Estado para abajo, todos los embajadores dijeron que Irak estaba lleno de armas de destrucción masiva.

A ratos uno no sabe por qué la información la dan los gringos de una manera o de otra.

Pero lo cierto es que la misma CIA reconoce que las fumigaciones no funcionan.

En el departamento de Nariño, cuando se inicia el Plan Colombia, había cuatro mil hectáreas de coca.

Cuatro años después, y después de haberse fumigado setenta mil hectáreas a fines del 2003, había en coca dieciocho mil y, según el gobernador de Nariño, sesenta mil.

Más rotundo fracaso, imposible.

The New York Times, citado por Daniel Samper Pizano, anota: “‘Cinco años y 3 mil millones de dólares después de iniciar aquí la más agresiva operación antinarcóticos, funcionarios colombianos señalan que han erradicado la cifra record de un millón de acres de cocales, pero la cocaína sigue tan disponible como antes, o aun más, en las calles norteamericanas’”.

Agrega que la oferta de esta droga sube, su precio permanece estable y su pureza ha mejorado.

Lo mismo afirma el Financial Times: “La guerra contra la droga no ha funcionado”.

Y estas son opiniones de los propios estadounidenses, no de campesinos nuestros recluidos en la mitad de las montañas.

Al embajador Wood, el 18 de enero de 2004, le preguntan: ¿ha bajado el flujo de la droga? Y él responde: “No estamos seguros… No hemos visto con certeza un cambio en el mercado norteamericano”.

No lo ha visto ni con certeza ni sin certeza, ese es el hecho.

Este es un debate político, económico y social, aun cuando por supuesto también es ambiental.

¿Y cuál es el problema de fondo? El consumo.

El consumo de los ciudadanos norteamericanos y europeos genera un mercado y está clarísimo que mientras haya capacidad de compra y deseo de consumir drogas, va a haber producción, porque ahí están las tierras, ahí los campesinos pobres y ahí los narcotraficantes nacionales y extranjeros.

No vamos a discutir aquí si se debe legalizar o no.

Aceptemos en gracia de discusión que lo que hay que hacer es perseguirla. Mientras sea ilegal, el Estado, el de aquí y el de Estados Unidos tiene que perseguirla.

Y surge la pregunta: la persecución ¿dónde pone el énfasis? ¿Aquí o allá? Y la persecución ¿tiene límites o vale todo? Es claro que la persecución está centrada aquí en Colombia.

Lo demuestran el Plan Colombia, los aviones, la fumigación, los centenares de agentes de la CIA, la DEA y el FBI, los mercenarios del ejército norteamericano, porque el país está lleno de soldados a sueldo, además de las tropas regulares norteamericanas.

Pero hay un problema, los consumidores están allá.

Allá es donde se soplan las rayas de cocaína y se las soplan gentes de todos los niveles de la sociedad norteamericana, cosa que yo lamento.

Ojalá no fuera así, pero ese es el hecho crudo.

¿Y el negocio al detal dónde se realiza? Allá.

Todos sabemos, no voy a dar cifras para no hacerme largo, que el mejor negocio es el que tiene que ver con el transporte, no con la producción en las zonas campesinas.

Es en el transporte de aquí a las fronteras norteamericanas.

El negocio importante es el del menudeo, que lo hace fundamentalmente la mafia norteamericana, ni siquiera los traquetos colombianos.

Tiene que haber narcotraficantes de enorme importancia en Estados Unidos, así nunca la prensa hable de ellos ni la DEA los capture, pero allá tiene que haber unos capos inmensos.

Y el negocio del lavado no puede funcionar sin cómplices en el sector financiero, porque el dinero hay que moverlo por los circuitos financieros y por los paraísos fiscales, y los bancos son principalmente los estadounidenses.

Con los precursores químicos tampoco se ha podido, es increíble.

No se puede hacer cocaína ni heroína sin precursores de origen industrial que salen de los países desarrollados.

Hasta ahora no se ha podido aprobar una legislación seria que persiga la producción y el tráfico de precursores.

Y las autoridades allá tienen todos los recursos del mundo.

Allá es donde está la plata.

400 mil millones de dólares al año vale el presupuesto del Ministerio de Defensa de Estados Unidos.

Pero la estrategia hay que imponérsela es a Colombia de esta manera bárbara como la vienen imponiendo, por el desgraciado sometimiento del gobierno nacional a este tipo de políticas.

EU y Colombia: descomunal desigualdad en estrategia antidrogas

Voy a hacer un comentario que sé que va a molestar a algunos.

¿Por qué ese tratamiento de semejante calibre de desigualdad, que se expresa de una manera muy gráfica, que todos los colombianos reclaman? ¿Por qué en Estados Unidos no se fumiga la marihuana, si ellos son los primeros productores mundiales? Ni siquiera en Afganistán se fumigan desde aviones los cultivos de amapola.

Colombia es el único país del mundo que fumiga los cultivos desde aviones.

¿Por qué se nos pisotea así? ¿Cuál es la relación que tenemos con Estados Unidos en este y en otros casos? Y voy a decir una cosa que sé que molesta, pero alguien la tiene que decir: padecemos una relación con un país que es un imperio y que desarrolla una política imperialista frente a sus vecinos.

Y hago una aclaración antes de continuar.

No tengo un pleito con el pueblo norteamericano ni con la nación norteamericana.

Esa es una nación admirable, tan buena como la que más.

Los aportes del pueblo de Estados Unidos al progreso de la humanidad son muy importantes.

Mencionemos uno solo, evidente, la Constitución de Filadelfia.

La xenofobia tal vez sea uno de los peores defectos que pueda tener un ser humano.

Mi pleito no es entonces con los ciudadanos norteamericanos.

Uno dice “los gringos”, pero es una manera coloquial de decir las cosas.

El pleito es con los jefes de ese país, con el señor Bush y compañía, que nos imponen lo que estoy denunciando aquí, políticas contrarias a los más elementales avances de la civilización, contrarias a la democracia, verdaderas monstruosidades como estas de fumigar los parques naturales de un país.

¿O es qué no hay principios ni límites? ¿Qué mundo estamos construyendo? Uno que no tiene principios ni límites.

No me sorprendería, porque ya tuvimos la desgracia de leer un artículo del ministro de Comercio, doctor Botero, en el que de una u otra manera ponía en duda si se podía o no torturar a la gente.

Increíble.

Con esa lógica, si no les funciona el glifosato, pues tiren uno todavía más duro en vez de hacer la erradicación manual, que es lo que se debe hacer, porque aquí no estoy defendiendo esos cultivos.

Nosotros estamos por la erradicación manual.

Y que no se diga que no se puede hacer, porque allá está la gente, allá viven los campesinos y los indígenas, y con ellos mismos se hace la erradicación.

Tengo en mi archivo documentos de los habitantes de la Sierra de la Macarena en los que ellos se muestran dispuestos a acordar con el Estado mecanismos de erradicación manual.

Piden a cambio, por supuesto, que las autoridades les ayuden a establecer plantíos de otros productos que le permitan sobrevivir y no morirse de hambre.

Un reclamo perfectamente natural. ¿Sirve o no sirve el método? Las cifras del Cimci del año pasado muestran que mediante procesos de erradicación manual disminuyó en los parques naturales el área sembrada.

Esas son cifras válidas.

Veamos que van a decir las nuevas.

Pero aun si dicen que ha aumentado, ni así se debe hacer erradicación mediante fumigación aérea.

Relaciones entre imperio y colonia

Continuando con este lío del imperialismo, mencionemos el caso del Plan Colombia.

Unos dólares para gastos de tipo militar, dólares que en general se gastan allá, lo que ponemos los colombianos son fundamentalmente los muertos y los heridos y los damnificados y los empobrecidos, mientras que los fusiles, las balas, los helicópteros, el glifosato, todo se compra en Estados Unidos.

Hay algo que se conoce poco: el Plan Colombia no es solo fumigaciones, como piensan tantos colombianos, ni se limita al tema de las drogas.

El Plan Colombia contiene un buen número de páginas de letra menuda sobre la economía nacional.

En el Plan Colombia se lee, por ejemplo, que Colombia tiene que privatizar sus empresas de servicios, que hay que hacer la reforma pensional que está en marcha, que hay que actuar en la lógica aperturista de la globalización neoliberal.

Allí se puede leer toda la política económica que nos está imponiendo el Fondo Monetario Internacional.

El Plan Colombia presiona al gobierna nacional para que firme el TLC.

Y hay un rumor grande en Bogotá, según el cual, ante los forcejeos de sectores del empresariado en contra del TLC, los gringos vienen agitando que podrían empezar a interrumpir el flujo de recursos del Plan Colombia.

Hechos todos estos supremamente graves, porque no solo nos maltratan con las fumigaciones, sino que estas políticas van amarradas al subdesarrollo del país.

Voy a leerles una cita escrita en el siglo XIX y que explica cómo son las relaciones entre el imperio y sus colonias, que es en parte lo que explica por qué las fumigaciones de los parques generan tanta reacción en el exterior, por qué son tantos los demócratas de Estados Unidos y de Europa que se vienen pronunciando contra ellas y presionando al gobierno nacional para que no las haga.

Miren la cita lo que dice: “La profunda hipocresía y la barbarie propias de [este tipo de] civilización se presentan desnudas ante nuestros ojos cuando, en lugar de observar esa civilización en su casa, [la del imperio] donde adopta formas honorables, la contemplamos en las colonias, donde se nos ofrece sin ningún embozo”.

Lo que no se atreven hacer en Estados Unidos lo hacen en Irak o lo hacen aquí.

Pero eso no le quita su barbarie.

Por el contrario, diría que la agrava, porque genera un sesgo completamente intolerable.

Concluyo insistiendo en un par de afirmaciones.

Queda claro, primero, que la política medioambiental del gobierno del doctor Álvaro Uribe Vélez es un desastre, lo que no nos sorprende, porque neoliberalismo y medioambiente antagonizan.

Segundo, que hay dos casos muy graves en el Ministerio de Ambiente, el uno con respecto a la lora Paquita y el otro a los caracoles pala que pueden terminar llevándome, dependiendo de lo que diga la señora ministra, dependiendo de cómo explique el asunto y de hasta donde llegan sus responsabilidades, a pedir su renuncia.

Y tres, que esto de las fumigaciones en los parques definitivamente es un acto de barbarie, un acto de agresión imperialista.

Ese es el nombre exacto.

Un acto de barbarie que el gobierno de Colombia tolera, de una forma que los colombianos no podemos respaldar, y en un proyecto que es un fracaso, pues si lo que apunta es a acabar con los cultivos ilícitos, cada vez más se pone más en duda.

Porque se hace cada vez más evidente que el Plan Colombia aparece es como un instrumento para imponernos tratados como el TLC, y para eso sí funciona.

No es cierto que la fumigación sobre los parques naturales sea un hecho, no la han podido hacer, llevan un rato largo bregando a hacerla y no han podido.

Por ello concluyo haciéndoles un llamado muy especial a todos los colombianos, particularmente a los ambientalistas, a que insistamos de manera democrática, civilizada, en decir ¡no a la fumigación de los parques! ¡No a la fumigación de los parques! ¡Sistemas de erradicación manual! ¡Independencia de este gobierno frente a las imposiciones de Estados Unidos! Aunque fuera de milagro.

Muchas gracias, señor presidente.

Indymedia Colombia, Internet, 28-5-05