Colombia: cultivos ilegales y autoridades indígenas, por Alfredo Molano Bravo

Birry y Piñacué consideraron el fallo un avance de la democracia, pues significa un espaldarazo a las autoridades indígenas, a sus normas y valores. No obstante, la sentencia entraña grandes peligros. Hay que presumir que si la Opiac está en desacuerdo con la fumigación, las comunidades también, y la consulta pondría al Gobierno entre la espada gringa y la pared constitucional. A juzgar por los antecedentes, no es difícil saber qué camino se tomará. Ya la embajadora Patterson comenzó a brincar y el señor Londoño blande un perverso argumento: si no se fumiga, los resguardos se llenarán de coca y amapola. Más que un argumento es un chantaje. Olvida el Ministro que las comunidades indígenas han estado siempre de acuerdo con otras formas de erradicación y siempre dispuestas a llevarlas hasta el final si cuentan con el apoyo económico y el respaldo institucional. Los guambianos han erradicado a mano la amapola y si los paeces no lo han hecho es porque el Gobierno les salió calceto. Promesas, actas, programas y... ¡Pistola! La represión y la violencia son más baratas y más vistosas. Dividir las comunidades y sobornar a sus autoridades no son prácticas nuevas. Quizás el Gobierno intente hacer lo que buscaban hacer Uribe y Vélez para que la gente votara a favor del Referendo: comprarle el voto; o lo que hace el Ministerio de Defensa para comprar el apoyo a la Fuerza Pública: organizar la Red de Sapos. Corromper para gobernar. Queda la esperanza fundada en que los indígenas saben resistir las tentaciones del dinero y no ceden en sus principios.

Hay un efecto colateral aún más grave. Ya lo oiremos: comunidad cuya consulta sea adversa a la fumigación será considerada aliada al terrorismo. Lo dirán en Washington y en Bogotá; y nuestros embajadores en la UE y en América Latina. En la Amazonia, la siniestra identificación equivaldría a una luz verde para que los conocidos ?actores armados desconocidos? entren a saco en los resguardos y acaben hasta con el nido de la perra. Ya sucedió en Betoyes (Arauca) donde, afirma el Comité Regional Indígena de Arauca, fueron asesinados el 5 de mayo por supuestos paramilitares tres hombres ?y violaron a cuatro muchachas de 11, 12, 15 y 16 años. Esta última víctima estaba embarazada y la comunidad guahíba tuvo que ver horrorizada cómo los supuestos paramilitares le abrían el vientre a la muchacha, sacaban el feto, lo troceaban y lo lanzaban en una bolsa plástica al río junto a la madre?. El Tiempo informó que los ?combatientes (sic) conminaron a los indígenas a abandonar sus tierras. La ?orden? fue acatada de inmediato por los aborígenes, que empezaron a salir desde el 5 de mayo de las 800 hectáreas donde están asentadas las comunidades de Juliero, Velasquero y Parrero, en la parte alta de Betoyes?.

Si la fumigación ha logrado la descomposición y la huida de muchas comunidades, ¡cuál no será el efecto de la motosierra! Por persistentes que los indígenas sean, la sangre y el dolor pueden más que la tierra. Y, a la larga, ese es el efecto esperado: recuperar los territorios indígenas para el mercado de tierras. Los EE.UU. impusieron como condición para el TLC que México acabara con los ejidos y obligaron a modificar el artículo 27 de la Constitución, la gran herencia de Villa, Zapata y Cárdenas. En Colombia, el ALCA impondrá el fin de las figuras de Resguardo Indígena, Territorio Ancestral Negro y Reserva Campesina. Oiremos a los ilustres consejeros del Presidente: ?El 28% del país pertenece a una docena de indios. ¡Inadmisible! ¡Injusto! ¡Aberrante!?. Nunca dirán, claro está, ¡que el 60% de la tierra pertenece a menos del 1% de la población!

El Espectador, Colombia, 22-5-03