Chile: transgénicos al Parlamento
La iniciativa busca autorizar el cultivo de vegetales genéticamente modificados en Chile con miras a potenciar el sector agrícola
Acaba de ser presentado en el Parlamento un proyecto de ley que regula la producción y cultivo de vegetales transgénicos en Chile. La moción, presentada por el senador RN Alberto Espina, cuenta también con la firma de los senadores Eduardo Frei (DC), Fernando Flores (PPD), Andrés Allamand (RN) y Juan Antonio Coloma (UDI). Un respaldo multisectorial para un tema que urge zanjar en el sector agrícola chileno y que no está exento de polémica.
La situación actual del país en materia de organismos genéticamente modificados es contradictoria.
En los campos se cultivan transgénicos exclusivamente para la producción de semillas destinadas a la exportación.
Al mismo tiempo, Chile importa grano transgénico (probablemente semilla chilena), pero los agricultores nacionales no pueden producirlo. Y, en tercer lugar, en los supermercados hay alimentos transgénicos. De hecho, los pollos chilenos se alimentan con granos importados desde Argentina, donde sí están permitidos estos cultivos.
Una paradoja con la que el senador Espina quiere terminar.
Nos engañamos nosotros mismos convenciéndonos de que no tenemos transgénicos, pero los cultivamos y los consumimos.
Para Espina esta situación genera una enorme desventaja para el agro chileno.
Privarnos de esta tecnología es otorgarles a nuestros competidores, en especial Argentina, una enorme ventaja.
La biotecnología permite producir más y de mejor calidad.
Y esto está generando un nuevo elemento de competencia desleal, indica.
El proyecto de biocombustibles sería inviable, según Espina, si es que no se autoriza el cultivo de transgénicos.
Esto, porque las transnacionales ya están desarrollando granos genéticamente modificados que aumentan la eficiencia de éstos como materia prima para producir bioetanol o biodiésel, y si Chile no los tiene, se quedará fuera del mercado.
La iniciativa se preocupa de regular que por cultivar transgénicos no se excluya otro tipo de agricultura, como la orgánica y convencional. Para eso se detallan medidas de bioseguridad, de manera de evitar la contaminación cruzada que, por ejemplo, podría convertir un maíz orgánico en transgénico.
También se protegen los centros de origen y de diversidad genética, al prohibir el cultivo de transgénicos que puedan intercambiar genes con especies nativas, como por ejemplo podría ser el caso de Chiloé y la papa.
Asimismo, en las áreas protegidas como parques nacionales, reservas marinas y lugares bajo protección oficial, el proyecto sólo permite liberar transgénicos especialmente fabricados para combatir plagas que causen un daño a las especies del lugar.
Cumplir con estos requisitos es factible. Chile ya tiene experiencia en esta materia, ya que la producción de semillas genéticamente modificadas cuenta con estrictas medidas de bioseguridad implementadas por el SAG, sin que hasta ahora haya habido inconvenientes.
En caso de controversias, queda explicitado que cualquier persona natural o jurídica tendrá acceso a información sobre estos cultivos e instancias de reclamación si es que le causa perjuicios y, eventualmente, conseguir que no se autorice.
Que sí, que no
Este no es el primer proyecto que busca regular la transgenia. Durante el gobierno de Ricardo Lagos se instauró una Comisión Nacional de Biotecnología que elaboró un proyecto de ley que nunca fue presentado.
Según se indicó, no era el momento para discutirlo, ya que no había consenso entre los exportadores.
El tema saca ronchas en el área comercial, pues si bien en EE.UU. la transgenia es ampliamente aceptada, en Europa hay mayor reticencia. Hay quienes piensan que la imagen de Chile como productor de alimentos sanos y limpios, especialmente en el sector frutícola, podría verse perjudicada con la introducción de estos cultivos.
Así lo cree Luis Schmidt, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Pero al mismo tiempo entiende que es de vital importancia para la competitividad de los productores de cultivos anuales y para la industria de aves y porcinos.
Nuestra posición es neutral, ya que representamos a varios sectores y la opinión cambia dependiendo del rubro. Hasta aquí nos hemos barajado bien sin tomar una definición y no sé si hoy sea el momento adecuado para hacerlo, dice Schmidt.
El senador Flores aceptó patrocinar el proyecto de ley, precisamente porque estima que es hora de que en Chile se legisle.
"Aunque no comparto todo el contenido del proyecto, estimo que es tiempo de conversar seriamente el tema, es importante que legislemos", aclara.
El pero está en que la propuesta tiene una estructura muy rígida que podría encarecer demasiado los costos de producir biotecnología en Chile. Pero eso no tienen ninguna importancia hoy. Lo importante es que se convierta en tema de discusión, agrega Flores.
Espina sabe que el tema no pasará por el Congreso sin sobresaltos, pero el hecho de que lo hayan apoyado senadores de diversos partidos le da un buen augurio.
Aquí va a haber una batalla grande y estamos dispuestos a ganarla, señala. Hay varios puntos no definidos en el proyecto que tendrán que salir de la discusión parlamentaria. Uno de ellos es la trazabilidad, concepto vital en el proceso exportador y que el documento no consigna.
El etiquetado
Un elemento controvertido es el etiquetado. El proyecto no contempla indicar si un producto fue fabricado mediante la transgenia. Lo que sí debe consignar es la cualidad nutricional que lo hace diferente a uno convencional. Por ejemplo, un aceite de oliva gracias a la transgenia, deberá indicar alto contenido de Omega 3. Sin embargo, Espina no se cierra a que se especifique que es transgénico.
La ciudadanía tiene que tener mayor información. Aquí no se trata de ocultarle nada. Si es necesario y técnicamente se puede hacer, que se haga, dice.