Chile: depredación, corrupción e industria pesquera
A partir de la llamada Ley Corta de pesca, aprobada en el 2002, en Chile se ha ido construyendo una nueva institucionalidad pesquera, la que se ha caracterizado por un sistema de administración basado en asignaciones individuales
De esta forma, se entregaron cuotas -en una suerte de propiedad privada- a quienes tenían mayor presencia histórica reciente en la actividad y mayor capacidad de bodega. Esta ley no ha servido para detener la depredación de los recursos pesqueros. A fines del año 2004, el 71% de las principales pesquerías comerciales de nuestro país se encontraban en un nivel de colapso o en estado de sobre explotación y 10 de 17 especies presentan un estado crítico, de las cuales 9 estaban a cargo de la flota industrial, mientras que sólo una estaba administrada por el sector artesanal. El sector pesquero industrial –responsable de la depredación- se apropió en promedio del 80% de las cuotas de pesca de las especies más apetecidas financieramente.
El argumento que siempre está detrás de estas innovaciones es el beneficio social. No obstante, el mayor costo lo ha pagado el sector pesquero artesanal al que pertenecen unos 54 mil pescadores registrados que aportaron aproximadamente el 23% de la pesca total en el período 1999-2005, mientras el sector industrial, con sólo 4 mil empleados, capturaba el 77% restante. Al considerar sólo la captura de pescado, los industriales llegaban al 84%, mientras el sector artesanal sólo al 16%. Es decir, se perjudicaron quienes más aportaban al empleo. La nueva legislación tampoco ha tenido un impacto positivo en materia de indicadores sociales. En algunas comunas costeras que acogen a pescadores artesanales hay casos dramáticos. En el norte, Chañaral presenta un 32% de pobreza y 12% de indigencia y otras llegan a más del 25%. En la zona central, algunas bordean el 30% y en la zona sur, también hay comunas con altísimos niveles de pobreza e indigencia.
Se podría pensar que las empresas también han sido afectadas. Muy por el contrario, a partir de la nueva legislación, las pesqueras comienzan a generar utilidades o a reducir sus pérdidas considerablemente. Por ejemplo, Pesquera Itata tuvo un alza de 745% en las utilidades. Esto obviamente se debe a la mayor asignación de cuotas pesqueras que estas empresas reciben con la nueva ley que les permite un mayor porcentaje de las extracciones.
Esta nueva legislación fue aprobada con carácter de urgencia, categoría que sólo puede darle el Ejecutivo, en ese entonces encabezado por Ricardo Lagos. Además contó con la complacencia corrupta del entonces Presidente del Senado, Andrés Zaldívar y su hermano Adolfo, quién en esa época era presidente de la Democracia Cristiana y miembro de la comisión de pesca del Senado. Quedó demostrada la propiedad de acciones de la familia Zaldíviar y sus desenfadados vínculos con el grupo Angelini –principal beneficiado de la nueva ley- no obstante lo cual, ambos senadores continuaron siéndolo y jugando un rol activo en la política chilena.
La información inobjetablemente muestra que en Chile se ha puesto en marcha un masivo proceso de acumulación de capital desde hace muchos años atrás, gracias al golpe de Estado, el financiamiento de campañas políticas, vínculos familiares, corrupción y control de los medios de comunicación. Esta acumulación inmisericorde se sustenta en la extracción de riqueza desde la naturaleza y desde el trabajo, los que son depredados y explotados respectivamente.
El gran beneficiado ha sido el grupo Angelini, cuyo principal holding representa el 8% de las utilidades obtenidas por las 10 principales empresas privadas del país y, a su vez, sus ventas concentran el 6% del Producto Interno Bruto de Chile, mientras su aporte tributario sólo llega al 1% y su contribución al empleo nacional es casi despreciable con sólo el 0,2%.
En medio de la Alameda de las Delicias, Chile limita al centro de la Injusticia.
Fuente: Ecoceanos