Brasil prohíbe la compra de tierras productivas a inversionistas extranjeros
Es una medida que busca frenar la creciente extranjerización de la producción agrícola. También frena la fusión con empresas locales, un resquicio legal que venían utilizando los empresarios para evitar una resolución emitida el año pasado por el fiscal general
Brasil prohibió que inversionistas extranjeros adquieran o se fusionen con empresas locales que posean tierras cultivables, en otro intento por frenar la inversión externa en zonas agrícolas productivas.
Las fusiones y adquisiciones fueron usadas como un resquicio legal para evitar una resolución emitida el año pasado por el fiscal general, que limitaba las inversiones extranjeras en tierras.
Según el periódico O Estado de S. Paulo, el fiscal general envió el martes su nueva decisión al Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, que lo reenviará a los consejos estatales de comercio que son responsables del registro de los acuerdos empresariales. Los acuerdos que ya se hayan cerrado podrían ser ahora suspendidos por los tribunales, dijo el periódico.
Así, los cambios de control accionario de empresas propietarias de áreas rurales que incluyan a extranjeros no podrán ser formalizados. Y los acuerdos que ya se hayan cerrado podrían ser ahora suspendidos por los tribunales, aseguró el periódico. Los consejos estatales de comercio también contribuirán para identificar la participación de capital extranjero en empresas que adquieran tierras.
Las restricciones impuestas por el Gobierno brasileño en agosto del 2010 provocaron preocupaciones entre los inversores. Extranjeros han estado comprando grandes extensiones de tierras en Brasil, un granero global emergente.
La nueva interpretación de una ley de 1971 que fue emitida en agosto del 2010 determinó que las firmas extranjeras, incluso si actúan a través de una subsidiaria brasileña, no pueden comprar más de 50 módulos, que suman desde 250 a más de 5.000 hectáreas, dependiendo de la región. La medida no se aplicaba retroactivamente a propiedades ya existentes.
Además, la norma limitaba la compra o alquiler de tierras al máximo de 25% del territorio del municipio a extranjeros y al 10% a una misma nacionalidad. Pero las restricciones habían sido suspendidas para empresas brasileñas con control extranjero durante el gobierno de Fernando Enrique Cardoso, precisó el O Estado.