Brasil: ocupación de usina hidroeléctrica
En la mañana de hoy (01), cerca de 300 familias reocuparon la usina hidroeléctrica de Campos Novos, ubicada en Río Canoas, entre los municipios catarinenses de Campos Novos y Celso Ramos. Según informaciones del Movimiento de los Damnificados por Represas (MAB), la obra es de las empresas Votorantim, Bradesco, Camargo Correia y CBA, que forman el consorcio Enercan
Adital - Estas empresas cuentan con inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) para la construcción de la represa.
Durante la ocupación hubo una confrontación con la policía y varios agricultores quedaron heridos, entre ellos: Jairo dos Santos, de 64 años, Aldoni Varela (34), Adair Fabris (42), Irineu Pinheiro (42), Setembrino Pereira Ribeiro (51), José Olimpio Teles de Macedo (55), Antonio do Nascimento Morais (31), Florêncio Freski (46), Tiago Kavichão (20), Marcelo Ricardo (27), Adair das Chagas (48), Valdecir das Chagas (45), Fermino Rodrigues Fernandes (52), Sebastião Sutil (63), Noeli de Fátima Matos Antunes (44), João Orli Mello da Silva (42), Flávio Amorim (23), Valdecir Ribeiro de Almeida (22) y Adelar Poltranieri (23).
Hace varios meses que las familias damnificadas por la obra vienen luchando para que se garantice el derecho a permanecer en la tierra y denuncian la práctica de las empresas constructoras de represas. Después de mucha lucha y de la divulgación del informe de Fatma - órgano ambiental del estado de Santa Catarina - reconociendo a las familias como damnificadas, la Enercan continuaba ofreciendo una indemnización irrisoria a las personas, denuncia el MAB. La prisa en comenzar el llenado del lago resultó en un grave vaciamento en uno de los túneles de la represa, según informó el Jornal Diario Catarinense, del 27 de octubre último. "Este hecho la empresa intenta esconderlo, pero tenemos que denunciarlo, pues ponen en riesgo la vida de las personas de la región", afirma Otacílio da Rosa, dirigente de la región.
Los damnificados denuncian además irregularidades en la construcción de la usina como el cierre de las compuertas sin autorización de la Fatma, comienzo del llenado del lago durante la noche, sin ninguna campaña de difusión para avisar a la población, lo que está prohibido por ley y el cierre de la represa sin que todos los problemas sociales y ambientales estuviesen resueltos.
Frente a esto, la Plataforma Brasileña de Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales (DHESC) y el Movimiento de los Damnificados por Represas (MAB) enviaron, a comienzos del mes de octubre, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) un pedido de medida cautelar con denuncias de violación de derechos humanos de los damnificados. La denuncia fue motivada por la expedición de licencia de operación de la represa que puede hacer irreversibles "la destrucción de las bases materiales y culturales de que dependen los grupos poblacionales damnificados, haciendo inviables la sustentabilidad de sus sistemas productivos tradicionales y su reproducción socio-cultural", como consta en la denuncia.
Además en el mes de octubre el MAB, y la ONG Tierra de Derechos enviaron representantes a Washington para reclamar al BID (Banco Interamericano de Desarrollo) el tomar medidas en todos los problemas locales. "Entendemos que tanto los que construyen como los que financian la obra tienen responsabilidades sobre los hechos que están ocurriendo en la región", afirman los dirigentes. En este sentido, el MAB estudia la posibilidad de solicitar al Banco la instalación de un Mecanismo de Investigación Independiente, así como ocurrió en Cana Brava, Goiás.
Traducción: Daniel Barrantes - moc.liamg@leinad.setnarrab