Brasil: movimientos sociales repudian resultado de la CPMI de la Tierra
Entidades ligadas a los trabajadores rurales divulgan declaraciones de repudio al resultado de la votación de la CPMI (Comisión Parlamentar Mixta de Investigación) de la Tierra
El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) expone en nota pública su indignación frente a la actuación de la mayoría de la CPMI, cumpliendo los objetivos "delictivos y odiosos" de la UDR (Unión Democrática Ruralista) y sus aliados. Los parlamentarios habrían actuado para desvirtuar el objetivo original de la comisión, que era trazar un amplio diagnóstico sobre la estructura de la tierra brasileña, los procesos de Reforma Agraria y urbana y proponer soluciones para los problemas encontrados.
El relator de la CPMI de la Tierra, diputado João Alfredo (PSOL/CE), presentó un informe con el diagnóstico de la situación agraria del país y presentó sugerencias para que la Constitución brasileña sea cumplida, o sea, que la tierra sea democratizada. "Ese es el motivo por el cual la bancada ruralista, mayoría en la composición de la Comisión, reaccionó en contra del informe, pues tiene como único objetivo criminalizar a los movimientos sociales del campo y deslegitimar las actividades de diversas entidades que luchan por la Reforma Agraria en Brasil", declara el MST.
Según la entidad, el voto del diputado Abelardo Lupion (PFL/PR), parlamentario vinculado a la UDR y que responde a la investigación en el Supremo Tribunal Federal (STF) por la práctica de caja 2 en campaña electoral, expresó en un informe alternativo la visión distorsionada del latifundio atrasado del país, que ignora la situación de exclusión social de las más de 4 millones de familias Sin Tierra en Brasil. Silencia sobre el hecho incontestable de que, en los últimos tres años, fueron liberados cerca de 12.500 trabajadores encontrados en situación de esclavitud en más de 400 haciendas; silencia el número asustador de 1.500 trabajadores muertos en los últimos 20 años; sobre las milicias de pistoleros de los hacendados; sobre la concentración de tierra; sobre la apropiación ilegal de tierras; sobre los desvíos de recursos públicos de la Sudam (Superintendencia de Desarrollo de la Amazonia).
"La parcialidad se expresa en el análisis que hace de los envíos de recursos públicos a las diversas entidades, pues es imposible no notar que las tres entidades que apoyan la Reforma Agraria investigadas en la CPMI, recibieron, en 10 años, un 4% de lo que recibieron las entidades patronales, defendidas por la bancada ruralista. Las patronales suman R$ 1.510 millones". Se expresa además con la intención de solicitar al Ministerio Público que denuncie a dirigentes del MST sin presentar ningún hecho concreto, que fundamente legalmente la apertura de investigaciones o denuncias contra estos trabajadores.
El MST afirma que la disputa ocurrida en la CPMI de la Tierra expresa el embate ideológico entre los terratenientes y las familias Sin Tierra que luchan por una vida digna en el campo. Datos del Incra (Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria) informan que el 51,4% de los inmuebles clasificados como grandes propiedades son improductivas, o sea más de 133 millones de hectáreas de tierras no atienden a las exigencias de productividad y podrían ser expropiadas para fines de reforma agraria. Y se revela además que, el 1,6% de los propietarios con inmuebles por encima de mil hectáreas poseen el 46,8% del área total existente en el país.
Después de realizar 43 viajes a nueve estados brasileños, escuchar 125 declaraciones y analizar cerca de 75 mil documentos, el informe constató una enorme concentración de la tierra, apropiación ilegal de tierras, violencia en el campo y la utilización de trabajo esclavo, algunas soluciones para esos problemas del campo son señaladas.
Por su parte, la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) también afirma en nota pública que el día 29 de noviembre de 2005 quedará para la historia del país como otro día en que los señores de la tierra y del agronegocio impusieron a la nación su voluntad, manteniendo la intocabilidad de la propiedad y la arcaica estructura agraria de nuestro país.
"De esta forma la CPMI otra vez ensucia la ya desgastada imagen del Congreso Nacional al mantener el derecho a la propiedad como derecho absoluto, desconociendo la constitucional función social de la propiedad de la tierra y cerrando los ojos a la apropiación ilegal de tierras y a la depredación del medio ambiente perpetrada por el agronegocio", declara la CPT. El informe del diputado Lupion también quería impedir que los sin tierra tuviesen acceso a los recursos públicos alegando malversación de los mismos.
La aprobación de este informe de Lupion ocurrió el mismo día en que otro trabajador rural más, Jaelson Melquíades, fue asesinado en Atalaia, Alagoas y al día siguiente en que tuvo lugar el lanzamiento del informe "Violación de los Derechos Humanos en la Amazonia: conflicto y violencia en la frontera paraense".
Solamente en este año 2005, además de la Hermana Dorothy Stang, otras 15 personas fueron asesinadas en el Estado de Pará y 48 viven bajo amenaza de muerte. En todo el Brasil los registros de la CPT indican 36 asesinatos de trabajadores o de personas que los apoyan y 170 personas que viven bajo amenaza de muerte, inclusive otra religiosa, la hermana Leonora Bruneto, en Mato Grosso.
Traducción: Daniel Barrantes