Brasil: estado de Pará prosigue acción contra los sin tierra
La violencia del poder público y privado contra los sin tierra ha marcado la Historia de Brasil. En la Amazonía, es en el estado de Pará donde más se mata a dirigentes empeñados en la reforma agraria
El capítulo reciente es el mayor reintegro de posesión de tierras contra los sin tierra que se haya realizado en Brasil. Son 48 reintegros de tierra en una única firma, la del juez Líbio Moura, de la Jurisdicción Agraria de Marabá, creada por el gobierno estatal el año 2003. En tesis, con el objetivo de mediar en conflictos.
En el "empujón" de la Policía Militar (PM) en el sudeste del Estado, que moviliza a 280 policías militares y que deberá durar 90 días, más de dos mil familias fueron desalojadas. Viviendas precarias y cultivos fueron quemados. El dirigente Antonio do Alho de Parauapebas fue ejecutado al comienzo de las operaciones de la PM. La mayoría de las áreas son tierras de la Unión. Muchas de ellas ocupadas hace más de siete años. La semana pasada otra página de truculencia fue escrita en el área conocida como Jacaré Grande, municipio de Curionópolis. Tractores destruyeron viviendas y cultivos.
Marabá en la mira de la ley
Marabá es el municipio en la mira en el mes de julio. Una reunión el próximo miércoles con el Juez Agrario Nacional, Jurisdicción Agraria Estatal de Pará, INCRA y entidades del movimiento social, debe decidir sobre las acciones. Informaciones de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), indican que las áreas incluidas en el "empujón" del Poder Judicial de Pará en Marabá se tratan de áreas improductivas y hasta homologadas como proyectos de asentamiento por el Incra, como el caso de la Hacienda Remanso Talismã.
Por lo menos hasta el momento las áreas ocupadas por el MST, Peruano y Cabaceiras están fuera del "empujón". Las mismas son de propiedad de la familia Mutran, conocida nacional e internacionalmente por la violencia empleada contra los sin tierra en Pará. Las áreas estuvieron en el "libro sucio" de trabajo esclavo del Ministerio Público del Trabajo (MPT). Salieron por fuerza de la preliminar.
Los desalojos con evidentes marcas de violencia van a continuar en las siguientes áreas: Balão, área que acoge a 100 familias y que ya fue considerada improductiva; Remanso-Talismã 48 familias, las tierras son de la Unión y están ocupadas desde hace 7 años; Estrela da Manhã, 90 familias ocupan la hacienda, aún sin inspección del INCRA y Tibiriçá, ocupada por 80 familias, el área fue evaluada por el INCRA como improductiva.
El temor vive aquí al lado
En la agenda de la violencia pública que se mezcla con la privada, Rondon de Pará, municipio del sudeste de Pará, es el próximo de la lista. La ciudad tiene como jefe a un maderero y dueño de aserraderos, José Décio Barroso Nunes, alias "Delsão". Señalado como articulador de varios crímenes contra los sin tierra en el municipio. Entre ellos el caso del sindicalista José Dutra da Costa, "Dezinho".
En Rondon de Pará deben ser desalojadas familias de la hacienda Santa Mónica, ya evaluada como improductiva. Incluso familias ya asentadas en el Proyecto de Asentamiento Unidos Para Vencer serán expulsadas del área. Organizaciones como la CPT, la Federación de Trabajadores Rurales de la Agricultura (FETAGRI), regional sudeste de Pará y el MST, temen por la seguridad de la dirigente sindical Maria Joelma, presidente del Sindicato de Trabajadores Rurales de Pará de Rondon de Pará.
Joelma es viuda del dirigente José Dutra da Costa, "Dezinho", ejecutado en la puerta de su propia casa el 21 noviembre del 2000. El caso engrosa la lista de crímenes impunes contra dirigentes sindicales. La dirigente es blanco de amenazas de muerte y ya denunció el caso en varias instancias del poder público. Además de Joelma otros nombres engrosan la lista de los marcados para morir en Rondon. Actualmente el municipio es uno de los más delicados en la lucha por la reforma agraria en el sudeste de Pará.
Denuncia internacional
Las organizaciones Justicia Global, Comisión Pastoral de la Tierra (CPT/Marabá), Tierra de Derechos y Plataforma Dhesc Brasil asentaron una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) enviada al secretario ejecutivo de esa Comisión, Santiago Canton. En el documento, las entidades revelan la situación de tensión en Pará y el riesgo de muerte que sufren más de 15 mil personas en la lucha por la tierra.
Esas personas, dicen las entidades, pueden ser posibles víctimas durante la operación de la Policía Militar de Pará y del gobierno en articulación con el Tribunal de Justicia de Pará, para cumplir las más de 40 preliminares de desalojo en haciendas ocupadas en la región sur y sudeste del estado.
Según informaciones proporcionadas por la Comisión Pastoral de la Tierra de Marabá, esta acción se trata de un acuerdo firmado en reuniones realizadas entre hacendados y representantes del Gobierno del Estado de Pará y del Poder Judicial Estatal. Los desalojos que comenzaron hace cerca de 20 días, perjudican a casi cinco mil familias que ocupan 30 áreas ubicadas en 13 municipios del sur y sudeste de Pará.
Traducción: leinad