Brasil: criticas a política alimentaria
La posición del gobierno de Lula de liberalizar el comercio y el consumo de los alimentos genéticamente modificados es extremadamente grave
"La inseguridad alimentaria, la desnutrición y la obesidad afecta a una parte significativa de la población: 53 millones de brasileños y brasileñas viven debajo de la línea de pobreza. El modelo de política macroeconómica vigente y el costo de la deuda pública es la principal causa de la inseguridad alimentaria y nutricional y de la exclusión social". Esta es una de las conclusiones a las que llegó la II Conferencia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional que se realizó desde 17 al 20 de marzo en el Centro de Convenciones de Pernambuco, en Olinda, con la participación de 1300 personas.
En la apertura de la Conferencia organizada por el Consejo Nacional Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONSEA) intervino el Presidente Luis Inácio Lula da Silva, quien arrancó aplausos de los asistentes al reafirmar su compromiso con la seguridad alimentaria del país.
Uno de los temas más debatidos fue el Programa Hambre Cero que es impulsado por el Partido de los Trabajadores (PT) en el poder, el cual contempla la erradicación del hambre en Brasil en los cuatro años de su mandato.
Uno de los conferencistas del evento, Guillermo Delgado, perteneciente al Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA), dijo que "el programa Hambre Cero no puede restringirse a políticas asistencialistas y debe estructurar derechos perennes en el campo de la seguridad alimentaria". Otro conferencista, Mauro Morelli, formuló una crítica indirecta señalando que el "pueblo no quiere limosna, quiere dignidad".
El Ministro de Desarrollo Social, Patrus Ananias, rebatió las críticas formuladas al Programa Hambre Cero enfatizando que "con la barriga vacía nadie consigue ser ciudadano.
Antes de que enseñemos a un individuo a pescar, el tiene que estar de pie", enfatizó. La intención del gobierno, agregó, es doblar el número de familias atendidas por los proyectos sociales unificados, pasando de los 3.6 millones a 6,5 millones hasta el final del 2004.
La política económica del gobierno también constituyó un punto polémico. En este sentido se expresó la preocupación en cuanto a la capacidad de construir una política de seguridad alimentaria y nutricional con tantas restricciones presupuestarias y recesión económica. Para el profesor universitario y miembro de la comisión organizadora del evento, Francisco Menezes, "en estos marcos es muy difícil. Es indispensable un proceso que se garantice empleo e ingresos, y para eso, es preciso la redefinición de la política económica".
Otro asunto muy criticado fue la posición del gobierno de Lula de liberalizar el comercio y el consumo de los alimentos genéticamente modificados. "Esta liberalización es extremadamente grave y trae prejuicios para los consumidores, la agricultura, el medio ambiente y la soberanía nacional", dijo Jean Marc Von der Waid, coordinador del Movimiento por un Brasil Libre de Transgénicos. Al final del encuentro fue aprobada , por una amplia mayoría, un posicionamiento contrario a la producción y comercialización de transgénicos en Brasil.
En el último día de la Conferencia fueron aprobadas 48 resoluciones que serán entregadas al Presidente Lula y que servirán de plataforma para la actuación del CONSEA para la formulación de un Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. El CONSEA es un instrumento de articulación entre el gobierno y la sociedad para la formulación de políticas públicas y acciones en las áreas de la alimentación y la nutrición.
También se aprobó una carta de principios, denominada Carta de Olinda, en la que se insta al gobierno a revisar la política de exportación e importación de alimentos, apuntando a no desestructurar la producción nacional, en particular la proveniente de la agricultura familiar y de la reforma agraria. En este documento se señala también que el modelo social genera discriminación y afecta con mayor intensidad la seguridad alimentaria de los pueblos afrodescendientes e indígenas.
"Revertir este cuadro adverso implica adoptar una política social y económica como la efectiva redistribución de la renta, la inmediata reducción de la tasa de interés y la negociación soberana de los acuerdos internacionales", se resalta por último en la mencionada Carta.