Brasil: asesinato de campesino compromete a corporación Syngenta
RÍO DE JANEIRO, 31 oct (IPS) - El ataque de milicias armadas a un grupo de campesinos brasileños que ocupaban un campo de experimentación de Syngenta compromete a la corporación agrícola europea, en un nuevo capítulo de lo que movimientos rurales llaman la lucha contra "el latifundio asociado al agronegocio transnacional"
El crimen se cometió el 21 de octubre, cuando 200 activistas del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST) y de la organización internacional Vía Campesina ocuparon por segunda vez el campo de experimentación de Syngenta, ubicado en Santa Tereza do Oeste, municipio de Cascabel, en el sureño estado de Paraná.
"Llovía mucho y 10 trabajadores se abrigaron en una garita próxima a la cerca de entrada de la hacienda para protegerse de la lluvia", relató a IPS Roberto Baggio, de la Coordinación Nacional del MST y de Vía Campesina.
Cerca de la hora local 13:00, unos 40 hombres "portando armamento de grueso calibre y a plena luz del día efectuaron un ataque sorpresa disparando contra la garita", añadió.
Los hombres "bombardearon y ametrallaron constantemente en dirección a la garita en un intento claro de matar a líderes de Vía Campesina y del MST", subrayó Baggio. El ataque mató al dirigente campesino Valmir Mota de Oliveira, conocido como Keno.
En la acción armada, que según el MST también tenía como blanco a otros dos líderes que habían recibido amenazadas de muerte, también murió uno de los atacantes y resultaron heridas ocho personas, entre ellas una mujer que permanece en estado de coma.
Con la ocupación, las organizaciones pretendían exponer experimentos ilegales con organismos genéticamente modificados y multiplicación de semillas de maíz y soja transgénicas, según una denuncia interpuesta ante el gubernamental Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama). El campo de experimentación de 128 hectáreas de Syngenta Seeds, división de la corporación europea del agronegocio, se encuentra a cuatro kilómetros del Parque Nacional do Iguaçú, en la frontera con Argentina y Paraguay, creado en 1939 y declarado en 1986 patrimonio natural de la humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
De acuerdo con el MST, las actividades del campo de Syngenta no respetan la ley que establece una distancia mínima de 10 kilómetros para realizar experimentos con transgénicos, fuera de lo que se considera el "área de amortiguación" del Parque Nacional.
"Estas empresas transnacionales representan una amenaza a la soberanía alimentaria de los países. Con la introducción de semillas transgénicas contribuyen a contaminar el ambiente, la producción de alimentos y la agricultura" con un modelo tecnológico que "aumenta el éxodo rural", dijo Baggio a IPS.
"Ese modelo no sirve para la agricultura ", agregó el dirigente del MST. Sólo en el estado de Paraná hay 300.000 familias de pequeños agricultores, y unos 40.000 productores medios y grandes "que adoptan ese paquete tecnológico de las grandes multinacionales con semillas y productos venenosos", que "agreden así a la mayoría de pequeños productores de alimentos", dijo.
Las acciones contra Syngenta son parte de una "lucha para preservar la soberanía alimentaria" en el contexto de un "casamiento entre el agronegocio nacional con el capital internacional", argumentó.
"¿Cómo puede ser que una empresa multinacional se instale en un área de protección ambiental, cometa crímenes ambientales identificados por organismos oficiales y que nadie tome una medida?", se preguntó Baggio.
Lo que llamó la atención del incidente a Amnistía Internacional, que pidió al gobierno una aclaración de los hechos, y a especialistas en cuestiones agrarias como Bernardo Mançano Fernandes, fue el grado de violencia.
"No es muy común que multinacionales apelen a este tipo de violencia", dijo Fernandes, profesor de geografía en la Universidad Estadual Paulista en una entrevista publicada en el sitio del MST. Por lo general, estas empresas "buscan medios político-legislativos para tener el control de los territorios y de los modelos productivos. Esos medios son siempre violentos porque afectan a miles de personas. Y en la región de Cascabel se unieron utilizando lo atrasado y lo moderno y finalmente utilizando violencia física", dijo el especialista.
Ante la consulta de IPS por la versión de Syngenta, la asesora de prensa de la corporación, Publicom, envió un informe en el que asegura que el campo de investigación, de 128 hectáreas, contiene 73 utilizadas para actividades agrícolas, mientras el área restante está destinada a conservación y reforestación.
En 1996 Syngenta obtuvo un certificado de bioseguridad (CBQ 001/96) que le permitió conducir su investigación sobre mejoramiento genético de maíz y soja, aseguró.
En 1998 inició un programa de mejoramiento de soja con el objetivo de desarrollar linajes de alto desempeño, adaptados a la región sur "debido a la preferencia de los productores del sur de Brasil por la soja tolerante al glisofato", afirma el texto.
El informe enviado por Syngenta a IPS señala también que antes de la primera ocupación del MST, en marzo de 2006, el Ibama había multado a la empresa "por lo que llamó cultivo ilegal de soja y maíz genéticamente modificados en la zona de amortiguación del Parque Nacional do Iguaçú, cuya dimensión fue interpretada como siendo de 10 kilómetros".
Pero la Corte de Justicia de Paraná suspendió la multa y expidió una medida de contra orden, alegando que Syngenta estaba debidamente autorizada a realizar sus actividades dentro de la estación de investigación por la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad, institución a la cual compete esa decisión.
A través de un decreto presidencial fue establecido el límite de las zonas de amortiguación y "eso también confirmó que Syngenta no efectuó ningún cultivo ilegal en el área", según el texto de la asesoría de prensa de la corporación.
La empresa subrayó que poseía la documentación "correcta, válida y apropiada" exigida por la ley federal para el cultivo y "total dedicación" a sus actividades de investigación en la región.
Respecto del crimen del 21 de este mes, Publicom remitió a IPS a un comunicado fechado el 24 de octubre y titulado "Incidente en la estación de investigación de Syngenta", donde se afirma que se registró la denuncia de la ocupación en una comisaría policial local.
Syngenta agregó que la empresa "tercerizada de seguridad" contratada para cuidar la estación, fue instruida para que saliese del lugar y no se opusiese al ingreso de los integrantes del MST que ocuparon el campo.
La corporación negó asimismo con "vehemencia todas las alegaciones de que la compañía solicitó a la empresa tercerizada que retomase la estación o se involucrase en un enfrentamiento armado".
"Syngenta mantiene una cláusula en su contrato con esta empresa que establece que los profesionales tercerizados de aquella unidad deben prestar servicios desarmados y que no deben hacer uso de la fuerza o portar armas en la protección y vigilancia de la estación de investigación", agregó en el comunicado.
Vía Campesina, el MST y otras organizaciones sindicales y humanitarias de Brasil piden que Syngenta se retire de este país.(FIN/2007)
Por Fabiana Frayssinet