Brasil: Tribunal juzgará el comportamiento de empresas transnacionales en la Cumbre
Durante la Cumbre de los Pueblos que será en Lima, Perú, del 13 al 16 de mayo, las empresas transnacionales europeas que actúan de manera abusiva en América Latina y el Caribe serán juzgadas en el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP)
Durante el encuentro, violaciones de derechos humanos, ambientales, sociales o de trabajo serán denunciadas por movimientos sociales y entidades de la sociedad civil.
Desde Brasil se promoverán los casos de siete empresas.
La alemana Thyssen-Krupp es acusada de polución y no respetar a la comunidad de pescadores de la Bahía de Sepetiba, en Rio de Janeiro, durante obras de construcción de un complejo siderúrgico y portuario.
El caso será indicado por los propios pescadores de la Bahía y el Foro del Medio Ambiente del Trabajador.
otra denuncia será sobre la construcción de hidroeléctricas, especialmente en los estados Tocantins y Goias, por parte de la empresa francesa Suez.
El Movimiento de los Afectados por las Represas darán a conocer los impactos socio ambientales en áreas ricas en recursos naturales.
Las farmacéuticas Roche y Boehringer que actúan a nivel global serán denunciadas por abuso en testeos de medicamentos e infracción de la legislación brasileña de quiebra de patentes.
El caso estará representado por la asociación Brasileña Interdisciplinar de SIDA y la Red Brasileña por la Integración de los Pueblos (REBRIP).
La transnacional Unilever que fabrica productos de limpieza y alimentación, será acusada de violar derechos de trabajadores y sindicales en Brasil, Chile y Colombia.
La denuncia ya fue entregada por la Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT).
La empresa suiza Syngenta no obedece a normas ambientales y la legislación de bioseguridad, además de intentar ilegalmente patentar tecnologías genéticas de semillas "terminator".
Los testigos son del MST (Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra) y la ONG Tierra y Derechos.
Y en San Pablo, la Shell está acusada por impactos ambientales y en la salud de 45.000 habitantes en los alrededores de la sede de la empresa.
La acusación es promovida por representantes del Colectivo Alternativo Verde (CAVE) y del Sindicato de los Trabajadores en el Comercio de Minería y Derivados de Petroleo del Estado de San Pablo (SIPETROL).