Brasil: Polo Siderúrgico amenaza vida de comunidad de pescadores
"Los pescadores de la Bahía de Sepetiba viven una situación desoladora desde el 2006, cuando comenzó a instalarse el consorcio empresarial Compañía Siderúrgica del Atlántico (TKCSA). Los graves daños ambientales provocados por la obra amenazan la vida de ocho mil familias"
Los pescadores de la Bahía de Sepetiba, ubicada en el Estado de Río de Janeiro, viven una situación desoladora desde el 2006, cuando comenzó a instalarse el consorcio empresarial Compañía Siderúrgica del Atlántico (TKCSA), formado por la empresa alemana Thyssen Krupp y por la Vale, financiado con R$ 1.480 millones del BNDES. Los graves daños ambientales provocados por la obra amenazan ahora la vida de cerca de ocho mil familias de pescadores que viven en el lugar.
"La situación está cada vez peor. No tenemos capacitación ni medios económicas como para intentar trabajar en otro lugar o incluso para mudarnos", afirma el pescador artesanal Ivo Soares, que preside la Asociación de Acuicultores y Pescadores de Pedra de Guaratiba. El pescador tiene 13 hermanos, 12 de los cuales trabajan en la pesca. "No está dando como para sobrevivir, hay mucha contaminación. El gobierno debería tomar una actitud y volcarse a favor de la clase menos favorecida", reclama.
En actitud de protesta, más de 150 organizaciones sociales y personalidades firmaron una carta de apoyo a esos pescadores. La carta será entregada hoy (17) en el Ministerio Público del Estado de Río de Janeiro. En el documento, las organizaciones sociales denuncian amenazas de muerte sufridas por los pescadores de la región. El último viernes (13), el presidente del BNDES, Luciano Coutinho, y el Ministro de Planeamiento, Paulo Bernardo recibieron la carta y, según informaciones del Instituto Políticas Alternativas para el Cono Sur (PACS), se comprometieron a investigar las denuncias.
"Nosotros queremos que esas amenazas sean investigadas por las autoridades competentes. La Thyssen Krupp viene a lo largo de todo estos años infringiendo varias leyes brasileras. En realidad, ellos no respetan la ley en ningún país. En el sitio web Business y Human Rights, hay varios casos de violación realizados por esa empresa", resalta Sandra Quintela, asesora del PACS. "Además de la contaminación, existe la denuncia de que más de 500 chinos están siendo sometidos a trabajo degradante y se han producido muertes en la obra", agrega.
Al ser cuestionada sobre el motivo por el cual muchas empresas transnacionales son beneficiadas por la impunidad, Sandra cree que hay una connivencia del poder público con el gran capital: "No importa si están violando la ley, perjudicando a personas, lo importante es el desarrollo económico. Es así como muchos gobiernos piensan".
Sandra recuerda además que esta obra es parte del Programa de Aceleración del Crecimiento y de la Iniciativa IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana), proyectos desarrollados con dineros públicos. Ella enfatiza que las organizaciones sociales, como el Movimiento de Trabajadores Sin-Tierra (MST) y la Central de Movimientos Populares, planean acciones para presionar a los órganos públicos para que investiguen las denuncias.
Traducción: moc.liamg@leinad.setnarrab