Brasil: ONU recibe denuncia sobre represas
El Movimiento de los Damnificados por Reprresas entregará a la ONU un informe completo con denuncias contra las empresas constructoras de represas, el sistema judicial y el Estado brasileño
El Movimiento de los Damnificados por Represas (MAB, en sus siglas en portugués) entregará este sábado, 17 de diciembre, a Hina Jilani, relatora de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los defensores de los Derechos Humanos, un informe completo con denuncias contra las empresas constructoras de represas, el sistema judicial y el Estado brasileño, que llevaron a un proceso de criminalización de los damnificados por las represas de la Cuenca del Río Uruguay, en el límite entre los estados de Río Grande do Sul y Santa Catarina. El informe presenta una lista de 107 personas que están siendo procesadas por la justicia por luchar por los derechos del pueblo damnificado en la región. Además, son relatados casos de detenciones arbitrarias, violencia policial, difamación y persecución política en los últimos diez años.
Según el informe, "al criminalizar a los defensores de derechos de las poblaciones damnificadas por represas, el Estado y las empresas constructoras pretenden dañar al MAB. En la evaluación de las empresas, la organización del MAB es vista y tratada como subversiva del orden establecido y un riesgo para el mantenimiento del modelo energético tal como está constituido actualmente". Eso es evidente cuando los principales dirigentes de la región deben responder a más de 15 procesos cada uno.
Sin embargo, la situación se volvió extrema con la detención de 10 dirigentes del MAB en marzo de este año. Las detenciones ocurrieron días antes del Día Internacional de Lucha contra las Represas y tuvieron claras motivaciones políticas de inhibir e impedir manifestaciones en toda la región, principalmente en Campos Novos, donde los agricultores denuncian la situación que están viviendo. Los dirigentes permanecieron en la cárcel como delincuentes durante 25 días, mientras la justicia local y las empresas dueñas de la represa negaban el derecho de 310 familias, reconocidas como damnificadas por la Fundación de Medio Ambiente del estado de Santa Catarina.
La ONU envió a la relatora para realizar una inspección en Campos Novos pues ésta es una de las represas que, en Brasil, ha tenido casos emblemáticos de violación de los derechos humanos. Para el MAB, el casamiento entre el poder económico de las empresas y el Poder Judicial configura una dictadura que se materializa en la expropiación de los medios de vida de las poblaciones que son afectadas por las obras, en la negación sistemática de los derechos humanos, económicos, sociales y ambientales de estas poblaciones, en la incapacidad del Ministerio Público y del Poder Judicial para garantizar esos derechos, en la violencia policial para defender los patios de obras (obradores) y dispersar manifestaciones en sus alrededores.
El Programa Nacional de Protección a los Defensores de los Derechos Humanos conceptúa como tal "a todos los individuos, grupos u órganos de la sociedad que promueven y protegen los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos", pero, frente al conflicto social instalado en Campos Novos y a la movilización de la población, las empresas constructoras de la represa y el Poder judicial han respondido con procesos que piden la prisión, que va de uno a 30 años, para 36 dirigentes procesados por acciones delictivas.
El MAB explica que las manifestaciones populares causan la ira de las empresas constructoras de represas porque la región hidrográfica del río Uruguay presenta un potencial hidroeléctrico con una capacidad total de producción de 40,5 kilowatt por kilómetro cuadrado (KW/Km2), una de las mayores relaciones energía/Km2 del mundo. De ahí el interés de empresas como la Companía Brasileña de Aluminio, Companía Níquel Tocantins, Votorantin (dueñas de la UHE de Campos Novos), Tractebel, Banco Bradesco y Camargo Corrêa (dueñas de la UHE de Barra Grande), de instalarse en la región para la implantación de las usinas.
Además, de acuerdo al plan de aprovechamiento energético de esta cuenca, proyectado en la década del 70, sería posible construir 25 represas de ríos. Estos proyectos transformarían el perfil topográfico de la región en una escalera de sucesivos lagos o depósitos de agua. Con el agregado de nuevos proyectos de pequeñas centrales eléctricas, el volumen de tierras inundadas sería de 1.600 Km2 y damnificarían a aproximadamente 300.000 personas.
Hace 25 años, el MAB se organiza en la región para que los agricultores continúen plantando, teniendo una vida digna y generando riquezas y para que grandes áreas de florestas no sean destruidas.
Traducción: Daniel Barrantes