Bolivia: surgen más críticas a la ruta Villa Tunari-Beni
El Foro Boliviano de Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade) se suma a las críticas a la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por los posibles riesgos ambientales y sociales, puesto que atravesará el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), y denuncia que los diseños de la ruta no son efectuados de forma independiente
Silvia Molina, investigadora de Fobomade, explica, en un análisis sobre el proyecto y su financiamiento —otorgado por el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (Bndes)—, que sólo el haberse iniciado las gestiones para la ejecución de esta ruta ya significó la invasión del Tipnis y que el proceso de consulta actual pasa por alto los derechos indígenas.
“De acuerdo a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), la consulta pública establecida por ley se ha realizado para los dos tramos que llegan hasta los límites del parque, y aún no se conoce sobre la consulta en la zona crítica que corresponde principalmente al Tipnis”, señala la investigadora en su análisis.
Para Fobomade, las consecuencias de la construcción de la carretera, que estará a cargo de la brasileña OAS por un contrato “llave en mano”, son previsibles.
Apunta al avasallamiento del territorio por colonos, incremento de la deforestación, robo de recursos forestales maderables y destrucción del bosque.
Recientemente, la Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema) denunció también que el proyecto no toma en cuenta el impacto ambiental y el que pudiera afectar la calidad de vida de las poblaciones asentadas en el Tipnis.
Ante esto, OAS respondió que el diseño final de la carretera prevé contemplar todas las especificaciones y requerimientos técnicos de respeto y preservación del medio ambiente.
Estudios
Fobomade cuestiona la falta de independencia en los estudios de diseño de la ruta ya que son hechos por una compañía, Connal, contratada por la misma OAS. Connal supervisa a la brasileña en otra obra, dice.
Molina indica que esto muestra “los estrechos vínculos entre empresas responsables de la realización de costosos diseños y supervisión de calidad con las empresas a cargo de la construcción y los responsables en las esferas estatales de los procesos de adjudicación y licitación”.
Añade que el Estado contaba con recursos (4 millones de dólares) provenientes de la Corporación Andina de Fomento para realizar los estudios de manera independiente, pero no lo hizo.