Bolivia: políticas agrarias y soberanía alimentaria

Tal vez una visión de revolución se liga a cambios profundos en diversos aspectos dentro de un País o región: Formas y concepciones de vida; principios-valores para el bien común; Solidaridad, cambios en la toma de decisiones y formas de distribución tendiente a los equilibrios y a la equidad; Fin a las desigualdades y discriminaciones sociales, políticas y culturales; Respeto a la diversidad, instalación de soberanías y autonomías populares; Respeto pleno al ejercicio de los derechos individuales y colectivos de los pueblos y naciones y el fortalecimiento de estos en su desarrollo, en fin, una serie de elementos colectivos integrales que prácticamente no se evidenciaban en esta parte de la región de las Américas.

Sin embargo, en este último tiempo ha comenzado a hacerse notorio una serie de señales con cambios profundos en Bolivia, desde que asumió el actual gobierno encabezado por Evo Morales, donde, por primera vez en la historia “democrática” de los estados, un líder social perteneciente a un Pueblo Originario, el Aymará, pueblo que coexiste en Bolivia al igual que en otras fronteras del continente, es investido con la primera magistratura con un mayoritario y aplastante respaldo popular.

Por si, este hecho ya es revolucionario para las historias republicanas y oligárquicas de esta región, siendo un ejemplo para todo el mundo. Pero lo que más ha llamado la atención, han sido los intentos de implementar cambios profundos de estado, partiendo por generar un nuevo y distinto proceso constituyente, para muchos revolucionario. Desde esta idea, como matriz de políticas y legislaciones, ha comenzado a surgir una serie de medidas sectoriales. Por ejemplo, en junio de 2006 el gobierno ha presentado el Plan Nacional de Desarrollo, actualmente en ejecución, que incluye el componente de Transformación Estructural Agraria (TEA) como la acción orientada a superar, de manera permanente y sostenible, los problemas de pobreza de las poblaciones originarias e indígenas. El plan considera que al transformar la estructura de la tenencia de la tierra se podrá lograr la expansión y desarrollo agrario, favorecer el desarrollo de innovaciones tecnológicas y del conocimiento, aumentar las coberturas de riego, ampliar el acceso al financiamiento, dinamizar los mercados de productos agropecuarios e inserción en nuevos mercados y cambiar la matriz energética de la producción agroindustrial, según datos proporcionados por el gobierno a través del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

Dentro de este nuevo impulso, se hacen reformas a la Ley agraria 1.715 (por Ley 3545 del 28 de noviembre de 2006) para la reconducción comunitaria, con el propósito de beneficiar a las comunidades indígenas, originarias-campesinas sin tierra y a los productores y/o empresarios que trabajan la tierra, que según dice esta nueva Ley “producen y cumplen con la función económica social (F.E.S)”.

Una de las medidas realizadas en primera instancia dentro de estos planes, ha sido la entrega de títulos de tierras fiscales por más de 2 millones de hectáreas a las comunidades indígenas y campesinas en zonas que presentan graves problemas sociales. Asimismo, está la idea de redistribución de la tierra, con expropiaciones de tierras improductivas usadas para las especulaciones mercantiles, y la entrega de maquinaria agrícola que se ha venido haciendo progresivamente, como parte de dos componentes fundamentales que impulsa la administración de Morales. Pero ese proceso también incluye la búsqueda de mercados para los productos generados en el medio rural y el fomento a la producción ecológica y orgánica, así lo afirmó el gobierno a los medios cuanto hizo entrega de tierras a las familias de la comunidad campesina Pueblos Unidos, del departamento de Santa Cruz, situado al este de Bolivia casi a fines del año pasado

Junto con la redistribución de tierras, incluso poniendo un techo sobre su tenencia, no más allá de 50.000 hectáreas, ha causado también que localidades en el marco participativo que existe sobre sus criterios, se pida reducir su posesión en 500 % como ocurre en Sucre, donde pretenden limitarla a un máximo de 10.000 hectáreas, propuesto por el propio ejecutivo, el pacto de unidad y la fundación tierra, manifestaba el presidente de la comisión recursos naturales renovables, tierra, territorio en medio ambiente, Carlos Romero, quien anticipó que estos serán temas de arduo debate.

Para el director nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria, Juan Carlos Rojas, la distribución y redistribución de tierras se pretende dinamizar regiones poco pobladas a través de poner al recurso tierra como activo social y productivo, así como factor de distribución y redistribución de la riqueza. Rojas señala que en esas condiciones, la tierra y el territorio (que incluye a los recursos naturales) se convierten en factores de desarrollo agrario, en base a un Modelo de Desarrollo Integral capaz de generar ingresos económicos para las familias y de manejar sosteniblemente los recursos naturales... “La distribución y redistribución comunitaria de tierras está orientada a lograr equidad en el acceso y uso económico y social de la tierra, cuyos principales actores o beneficiarios serán indígenas y campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, con amplia y efectiva participación de las organizaciones sociales rurales”, señaló. Agrega que uno de los objetivos de la política es dotar de seguridad jurídica en la tenencia de la tierra a todos los sectores y se implementará sobre la base de una reorientación del proceso de saneamiento para hacerlo más ágil, transparente y de menor costo. “Para ello se ha modificado la Ley 1715, mediante la Ley de Reconducción Comunitaria de la Ley INRA, se han emitido decretos supremos y se está elaborando el reglamento de la Ley”, dijo.

PLAN DE DESARROLLO Y SOBERANÍA ALIEMENTARIA

El Plan Nacional de Desarrollo establece: “Soberanía alimentaría basada en la agricultura campesina, que garantiza el derecho humano fundamental que es acceder a una alimentación adecuada y que dignifique el trabajo de la agricultura familiar campesina.”

Un importante referente social en Bolivia, es la Federación nacional de mujeres campesinas Bartolina Sisa, la que incluso, por ley, integra la Comisión Agraria Nacional (CAN), instancia de plena incidencia en el proceso agrario. “Bartolina Sisa”, como parte de su misión, es la de recuperar la soberanía territorial, alimentaria y la dignidad de las mujeres campesinas, indígenas y originarias de Bolivia, y de alcanzar una participación equitativa de la mujer en todos los espacios. Al ser consultada en ciudad de La Paz la secretaria del instrumento político de esta Federación, Bertha Blanco, de origen Quechua e integrante de la organización “Pachamama”, sobre su visión de la “revolución agraria” y su relación con la soberanía alimentaria, ella nos señalaba: “Nosotros teníamos territorios, incluyendo las tierras y los recursos naturales. La Pachamama (madre tierra) ha sido generosa en compartir sus frutos y permitir trabajar en ella cultivando. Pero nos han quitado nuestros derechos, por las invasiones, los colonialismos, las injusticias. Ya no era la tierra para quien la trabaja, sino para quien la mercantiliza. Pero ahora estamos recuperando lo que nos corresponde y hay un gran avance para las mujeres y por supuesto las familias…. Todos los pueblos indígenas somos productores y si vemos lo propio, esto es orgánico y agro-ecológico… Muchas enfermedades actuales han llegado por la mala alimentación. Embasados, enlatados, etc, dañando a la persona y al medio natural. ¿Pero porqué?, si el suelo en Bolivia produce productos de alto valor nutritivo, en proteínas y minerales. Somos ricos en ello y no se justifica la pobreza y la mala alimentación, podemos incluso contribuir a alimentar al mundo sana y nutritivamente”…

Para Bertha Blanco, el apoyo, los subsidios, el incentivo a recuperar lo diverso, propio y milenario en la producción agrícola, fortalece a las familias y genera una nueva y gran posibilidad de vida. Permitir el intercambio de productos entre pueblos más allá de las fronteras, incentivar lo orgánico y ofrecer una buena alimentación a la población, acumular y tener reservas y excedentes alimentarios para tiempos difíciles, son inversiones que según ella, tendrían grandes recompensas para Bolivia en un futuro no muy lejano, con beneficios no solo para las economías familiares o de carácter público, sino también en la educación, salud y el medio ambiente. Por ello, señala, “existen grandes expectativas con la revolución agraria, porque al tener territorios para estos fines, con estos criterios de producción, posibilitaría un importante desarrollo sustentable”.

Las características climáticas de las regiones en Bolivia son muy diferentes una de la otra, lo que da lugar a una diversidad y riqueza en los tipos de cultivos predominantes. Solo a modo de ejemplo, En el Altiplano los cultivos son papa, quinua, avena, haba y cebada. En el Valle el cultivo principal es el maíz, pero también se cultiva el trigo, avena y otros cereales, así como variedad de frutas, verduras y hortalizas. La coca es un importante cultivo de la región subandina del Llano, donde se produce además café, cítricos y frutas semitropicales. En los Llanos los productos típicos son yuca, maíz, maní, algodón, soya, girasol, caña de azúcar y tabaco, entre otros.

Para el gobierno de Evo Morales, la revolución agraria promueve una agricultura orgánica y una Bolivia ecológica, en convivencia y armonía con el medio ambiente… Junto con ello, pretende garantizar el abastecimiento de los alimentos a partir de una producción nacional. Señalan además que renacerían los mercados locales, la agricultura familiar y la vida campesina. Mejor alimentación para la niñez y mejoras de la dieta alimentaria de los bolivianos, son parte de sus proyecciones.

Algunos sectores sociales, en el marco de la asamblea constituyente, estiman que es fundamental incorporar el derecho a la alimentación en la Constitución Política vigente y que los constituyentes deberán incorporar este derecho fundamental, conjuntamente con la soberanía alimentaria, en la nueva Constitución Política. Por que no existiría soberanía nacional sin soberanía alimentaria, como tampoco existiría sin una seguridad alimentaria, para que así, la “revolución agraria” sea irreversible en el país.

El Senador Boliviano por Cochabamba y dirigente social de origen Quechua, Omar Fernández, nos dice “Las comunidades indígenas, campesinas, agrarias, podemos tener nuestros propios cultivos los que pueden garantizar la alimentación de las familias con una alta calidad en la nutrición. Recuperar los conocimientos culturales ancestrales para la producción. Recuperar y fortalecer la enorme riqueza y diversidad productiva que tenemos, son y deben seguir siendo prioridades en la revolución agraria. En efecto, la posibilidad de poder contar con territorios suficientes tanto en tierras como en recursos naturales en manos de las comunidades, asegura nuestro autoabastecimiento y soberanía en alimentos.”, sigue “Los Pueblos indígenas, en base a nuestras culturas, nuestra cosmovisión de la vida , sabiduría, nuestra forma de vida, manejo ancestral de los recursos, son la inspiración principal de los procesos de cambio, de las transformaciones y base fundamental para la generación de nuevas propuestas, contrario a lo que ha venido ofreciendo sociedades mercantiles y destructivas”.

LAS DIFICULTADES DE LA “REVOLUCIÓN AGRARIA”

Según el senador Fernández, la oligarquía en Bolivia, con su red política y económica, con sus ataques, intervencionismos y maquinaciones, son elementos de obstáculo y de dificultad, pero superables. Agrega, que en el marco de su implementación, han existido dichos amenazantes y temerarios provenientes de este sector, incluso, dichos al vacío como que “si esto se inicia (revolución agraria) va a correr sangre en Bolivia” o bien, actos de sabotaje, como la de senadores de derecha que al momento de definir la legislación de la ley agraria se retiraron de la sala. “Hubo dificultades desde este sector, por su vinculo a la oligarquía e incluso por ser parte de ella, ya que hay varios que son latifundistas con miles de hectáreas (como el presidente del senado), por ello, hicieron fallidamente todo lo posible para que no se aprobara esta Ley. Hoy son un obstáculo para su implementación”, señala Fernández.

Para Juan Carlos Rojas, director del INRA, las principales dificultades que podría atravesar este proceso, son acciones de resistencia de los sectores terratenientes, quienes podrían obstaculizar los cambios de la Ley 3545, particularmente a aquellos aspectos relacionados con la reversión y expropiación de tierras con el objeto de recuperar tierras fiscales para su distribución, que se constituyen en amenazas importantes que pueden afectar a la implementación del plan de saneamiento y por ende la aplicación de la Ley.

Bertha Blanco de la Bartolina Sisa y Pachamama, coincide con lo señalado por el Senador y el director del INRA, pero deriva la responsabilidad para su éxito, en los propios movimientos sociales, indígenas y campesinos principalmente… “A pesar de las dificultades y ciertas diferencias que puedan existir, tenemos que estar bien, fuertes, cohesionados, solidarios entre nosotros. Necesitamos la paz, vivir bien, tranquilos y en armonía. Tenemos que trascender a otros lugares, ya no nos mataron, nuestra raíz sigue viva y creciendo…. Espíritu, identidad, familia, suelo, territorio, soberanía, son las bases de nuestras proyecciones. Si esto lo logramos como pueblos, como comunidades, como organizaciones sociales y familia, estaremos asegurando importantes logros, un ejemplo para el mundo, con beneficios para todos”.

Aún queda mucho camino por recorrer para la implementación de estas nuevas políticas agrarias para campesinos e indígenas, que también alcanza a sectores agropecuarios y ganaderos. Al parecer la mezquindad, el acaparamiento, el individualismo, la discriminación, como males humanos, mayoritariamente arraigados en los poderes políticos de la mayoría de los países, en Bolivia en cambio, existen grandes expectativas y esperanzas de diversos sectores sociales para que estos “males” vayan erradicándose. Queda pendiente aún para ello, la consagración de un nuevo estado, el revolucionario, el incluyente, el participativo, el digno, que distribuye su poder en la toma de decisiones en las bases sociales, contrario a muchos otros países limítrofes, que siguen reproduciendo tentáculos de poder e imposición a los sectores sociales y diversidad de pueblos excluidos, cuyos únicos propósitos es de hacer la pobreza “más digna”, en medio del unicentrismo estatal y políticas de clientelismo y asistencialismo.

Mapuexpress, Internet, 29-06-07