Bolivia: efectos del ALCA, por Angélica Siles Parrado
El Área de Libre Comercio de América (ALCA) surgió en los años 90, durante el gobierno de George Bush (padre), con el que se propone la unidad comercial de toda América. El ALCA pretende la liberalización de los mercados de bienes, servicios, inversiones y derechos de propiedad intelectual. Es una ampliación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCNA), que unió comercialmente a EEUU, Canadá y México
En el campo político-social, el ALCA es una expansión del TLCNA, que incluye nuevos países y extiende el alcance del libre comercio a nuevos sectores y fundamentalmente establece un marco jurídico transnacional para proteger a los inversionistas, por encima de las leyes nacionales de cada Estado, violando la soberanía y la autodeterminación. Por lo tanto es la mercantilización de los servicios públicos a costa de la desintegración de las sociedades y las culturas, lesionando los derechos fundamentales de la mayoría de los pueblos.
En el campo económico-social, el ALCA busca convertir a la región de 800 millones de habitantes, con un Producto Interno Bruto (PIB) de 12 billones de dólares, en una de las zonas más grandes de libre comercio, sin tomar en cuenta las asimetrías económicas, financieras y tecnológicas que existen entre Estados, buscando beneficiar a las transnacionales estadounidenses que a partir de 2005 pretenden imponer las reglas económicas del neoliberalismo en todo el continente, para convertir a Sudamérica en un mercado abierto, con ?oportunidades? para todos los socios, donde se imponga la ?eficacia y la competitividad?.
Si tomamos en cuenta el poder económico de los 33 Estados del Sur, sólo llegarían a sumar un tercio del PIB de EEUU, entonces este acuerdo no es realmente de libre comercio ni de integración americana, sino de beneficio unilateral del imperio y de subordinación del resto de los Estados. El ALCA es la ?Apropiación Libre del Comercio Americano? por EEUU.
En Bolivia, la eliminación de las regulaciones nacionales sobre comercio, la legislación laboral y medioambiental, así como la privatización de los servicios básicos como el agua, la salud y la educación, afectarán el futuro de la población mayoritaria.
Con la consideración del Agua como mercancía de uso, los sectores privilegiados (minoría con poder económico) se apoderarán del recurso natural y los Estados signatarios no podrán impedir la exportación de recursos hídricos. Por lo tanto Bolivia no podrá negarse a la exportación de aguas subterráneas hacia Chile, pues se expondría a una demanda millonaria como la que Aguas del Tunari-Brectel está ejecutando contra Bolivia.
En el campo político-social, el efecto sobre el Agua se traduce en que al ser un elemento esencial de vida, su mercantilización agravará los conflictos de las Naciones Originarias, comunidades campesinas, organizaciones de regantes, coordinadora del agua, concesionarios mineros, petroleros, hidroeléctricos, industriales, microempresarios, etc.
En el campo económico-social, el efecto que producirá en la Agricultura, con el principio de ?fronteras abiertas?, reforzará la libre importación de productos agropecuarios, provocando una mayor pobreza campesina y agroindustrial. Para elevar la productividad se impondrán los agroquímicos y las semillas transgénicas, generando dependencia ante esos productos, destruyendo la variedad de semillas, plantas y animales que existen en la naturaleza.
Para las Naciones Originarias y campesinos, la tierra, concentrada en pocas manos de grandes agroempresarios, dejará de ser comunitaria y se transformará en mercancía que será aprovechada en términos de explotación intensiva con la utilización de tecnología, agroquímicos y monocultivos que la desertificarán y convertirán en páramos inhóspitos.
En el campo económico-social y político-social para las mujeres se profundizará mucho más la precariedad del trabajo. La doble jornada de trabajo, que abarca el trabajo dentro y fuera del hogar, será aún más afectada por la crisis económica que incrementará la pobreza, el analfabetismo, la desnutrición de la niñez, los índices de mortalidad materno-infantil que hoy son elevados.
Para acceder a un empleo formal remunerado tendrán que demostrar que no están embarazadas, renunciar a sus derechos de protección a la maternidad, a la mejora de sus salarios e inclusive a la sindicalización. Las desigualdades salariales, las situaciones de acoso sexual y discriminación tenderán a profundizarse por la falta de protección laboral y las libertades sin límites para los inversionistas privados. Las Naciones Unidas estiman actualmente que el valor global del trabajo no remunerado de las mujeres equivale a 11 billones de dólares anuales.
En resumen el ALCA representa una mayor concentración de riqueza en manos de las transnacionales estadounidenses, que pretenden monopolizar el mercado sudamericano para asegurarse ganancias a costa de la pobreza y el hambre de los pueblos del Sur y convertirlos en simples generadores de materia prima sin valor agregado y por lo tanto a los pobladores en simples siervos que tendrán que trabajar para vivir, sin buen futuro y con el riesgo de que desaparezca el Estado boliviano.
El Diario, Bolivia, 29-4-03