Banco Mundial, México y agua
Los beneficiarios directos de la privatización del servicio público del agua no son consumidores urbanos ni campesinos ni la administración pública, sino las grandes empresas del sector
La industria mundial del líquido está controlada por 10 multinacionales y el BM es su aliado.
El Banco Mundial (BM) tiene amplia experiencia financiando proyectos hidráulicos en México. Desde que en 1972 celebró el primer convenio para elaborar el Programa Nacional Hidráulico de 1975 hasta la reciente propuesta (aún no aprobada) Apoyo para la Modernización del Sector de Agua y Saneamiento, la institución multilateral ha participado en más de 30 proyectos vinculados con el agua en el país.
El abanico de programas relacionados con el vital líquido en el que el BM ha intervenido es muy amplio. Abarca áreas como irrigación, sanidad y abasto. La colaboración entre el gobierno federal y el organismo ha sido muy cercana. La evaluación del Proyecto de Administración de Recursos Hidráulicos, elaborada por la institución financiera el 31 de mayo de 1996, señala: "La política nacional hidráulica y los objetivos de administración de agua en México están estrechamente de acuerdo con la política del BM".
Muchos de los préstamos que el organismo financiero ha concedido a México han puesto como condición la privatización y la recuperación del costo total del agua. En su lenguaje la "recuperación del costo" se refiere tanto a la eliminación de los subsidios gubernamentales como al incremento de los pagos que los consumidores deben hacer para tener acceso al servicio. Esto significa que las empresas operadoras encargadas de proveer de agua potable deben cubrir todos sus gastos de operación y mantenimiento mediante los cobros a los consumidores, sin recibir subvenciones gubernamentales.
El gobierno de Vicente Fox, al igual que sus antecesores priístas, está de acuerdo con estas medidas, es decir, coincide con la privatización del sector. Según la institución multilateral, "las autoridades mexicanas han expresado su interés en que el BM se involucre activamente en el sector en este momento crítico para la agenda de la reforma, como un instrumento para proporcionar asistencia técnica imparcial basada en buenas prácticas experiencias internacionales".
Esta estrecha colaboración con la administración del "cambio" tiene un largo camino recorrido. Apenas en el año 2002 el BM concedió un préstamo de 250 millones de dólares a la Comisión Nacional del Agua. Parte del financiamiento fue utilizada para apoyar el llamado Programa para la Modernización de los Prestadores del Servicio de Agua y Saneamiento (Promagua), creado en 2001, que es parte de un fondo de financiamiento de infraestructura que proporciona préstamos a las municipalidades para que actualicen y expandan sus sistemas de abastecimiento de agua potable, abriéndolos a empresas privadas mediante concesiones de entre cinco y 50 años.
El suministro del líquido es responsabilidad de los municipios desde el sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988). La privatización de los servicios del agua en México comienza en 1992, con la Ley de Aguas Nacionales, aprobada durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Y ahora, como ha señalado Andrés Barreda, se encuentra en una fase de maduración muy avanzada. Ha avanzado de manera oculta, contradictoria y de forma desigual en los ámbitos rural, urbano e industrial.
Los beneficiarios directos de la privatización del servicio público del agua no son consumidores urbanos ni campesinos ni la administración pública, sino las grandes empresas del sector. La industria mundial del líquido está controlada por 10 multinacionales y el BM es su aliado. Tan sólo dos de ellas, Vivendi y Suez, con sede en Francia, controlan 70 por ciento del mercado mundial del denominado oro azul. Suez funciona en 130 naciones; Vivendi en más de 90 y es la empresa más grande del sector, pero Suez suministra agua a más personas en el planeta.
Estos gigantes han sentado sus reales en México. Cerca de 20 por ciento de los sistemas operadores municipales de agua de México están privatizados. Tan sólo Ondeo, la división de aguas de Suez, abastece a cerca de siete millones y medio de personas. Tiene contratos con ciudades como Monterrey, Ciudad Juárez, Puebla, Laredo, Saltillo, Aguascalientes, Piedras Negras y Ciudad Acuña. En 2002 adquirió de la empresa Azurix (subsidiaria de la Enron) un juego de nuevos contratos mediante los cuales obtuvo la concesión del servicio de provisión de agua en Cancún, una parte de la ciudad de México, León, Torreón y Matamoros.
Según Suez, los contratos mexicanos "son un paso clave hacia la consolidación del liderazgo de Ondeo en Norteamérica, lo cual representa el segundo mercado prioritario después de Europa, a la vez que un enfoque clave de crecimiento".
La nueva Ley de Aguas Nacionales, aprobada por el Congreso de la Unión en 2004, fue un paso sustancial en la privatización de la infraestructura y el suministro de agua potable. Según el BM el "nuevo marco legal constituye una oportunidad única para profundizar el proceso de reforma" del sector. La nueva legislación afina los mecanismos para lograr la exclusión de la población del proceso de toma de decisiones sobre las políticas y la gestión real del líquido, para trasladarlo a las grandes empresas.
Es falso que la privatización aumente la disponibilidad del agua. Buen número de experiencias de traspaso de los servicios públicos de distribución de agua potable a la iniciativa privada en América Latina han sido un completo fiasco. En la conversión de un bien colectivo a monopolio empresarial, las empresas han preferido reinvertir sus ganancias no en el mejoramiento de las redes de suministro, sino en su expansión corporativa. Su lógica de funcionamiento es el lucro, no el servicio.
Los amables "consejos" del BM a nuestro gobierno son una trampa. Buscan despojarnos de un bien público para dejarlo en manos de los grandes gigantes empresariales.