Asalto al agua

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Enlazando Alternativas 2, EA2, evento paralelo al encuentro de los jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe y los de la Unión Europea, inauguró sus actividades con la apertura solemne de la Sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre Políticas Neoliberales y Transnacionales Europeas en América Latina y el Caribe, en la noche de ayer, día 10

Hubo un destaque especial hoy, día 11, para los Servicios Públicos del Agua.

Abrió la sesión el representante de la REBRIP (Red Brasilera de Integración de los Pueblos), afirmando que el agua ya es uno de los negocios más rentables en el mercado internacional. Quienes ofrecen el agua para ser privatizada (políticos, técnicos, etc.) y quienes quieren comprarla ya tienen en la mira hacer un buen negocio, muy bueno, y para ganar mucho dinero. Ese interés, sin embargo, siempre se disfraza con la promesa de mejorar el servicio, ampliar la red, llegar a los más necesitados, etc.

Por eso, desde el comienzo de los contactos, ya entra en la negociación la previsión de hacer, rehacer y adaptar los contratos para optimizar las cobranzas, rever políticas, tarifas y rediseñar, en diferentes lapsos de tiempo, todo el servicio público, teniendo en la mira un lucro mayor. En ese momento, en que no respetan contratos, leyes y hasta la propia constitución, no hay ninguna participación de la sociedad.

Es lo que afirmó Carlos Santos, de Uruguay, donde la Suez, multinacional francesa del agua, a través de la empresa Agua de Barcelona, la Agbar, de la cual detenta el 48,64% de las acciones, se apoderó del servicio público del agua en el Estado de Maldonado. Todos los acuerdos, en la práctica, no fueron respetados, desde el respeto del medio ambiente, hasta, sobre todo, las tarifas cobradas. Éstas aumentaron un 700% para el uso del agua y de 8.000% para el servicio de desagüe sanitario. Así, muchos que no podían pagar el novo gasto se quedaron sin agua, porque muchas canillas o grifos públicos fueron cortados.

En Santillo, México, a 200 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, la situación es desastrosa. Rodolfo Garza, de la Asociación de Usuarios del Agua de Santillo, muestra un documento que compila 1.500 artículos publicados en la prensa local, que denuncian las irregularidades de la misma Agbar. Además, muestran la cruel represión ejercida contra todos los que manifiestan su disconformidad o hacen huelga contra la empresa, como los trabajadores que fueron despedidos después de más de 20 años de trabajo, con una indemnización irrisoria.

También en Manaus, Brasil, explica la indígena Francis Junior, la Suez se apoderó del agua en el 2000. Éste fue el primer municipio brasilero donde el agua fue privatizada. Actualmente, cerca de 300.000 personas están casi sin agua, debido a que, además de no poder pagar el servicio, quedaron con pocas horas de agua en fuentes públicas: de las 4h a las 9h de la mañana. El desagüe sanitario prometido continúan siendo corrientes a cielo abierto.

Para completar el panorama, Alberto Muñoz de Rosario, de la Provincia de Santa Fe, en Argentina, donde el agua fue privatizada en los 15 municipios, declara con palabras fuertes y claras que la Suez es una empresa depredadora, incompetente y mala administradora, porque después de 15 años como dueña del agua de aquella región, fue despachada porque nada funcionaba, y dejó 600 millones de dólares en perjuicios. Pero se llevó el dinero, dejando el perjuicio para la Argentina.

Considerando estas declaraciones y el debate que siguió, Luis Guillerme Pérez, secretario ejecutivo de la CIFCA (Iniciativa de Copenhagen para América Central y México), resumió algunas consideraciones: existe todavía gran desconocimiento y hasta desconsideración en relación con el agua como derecho humano fundamental: agua potable de fácil alcance y suficiente; y no se puede desconsiderar, por ningún motivo, la primacía del derecho al agua, ante cualquier contrato económico, nacional o internacional, de interés privado.

Pérez recomienda a la coordinación de la sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos: Que se declare nuevamente al agua un derecho humano esencial e inalienable, y la consecuente soberanía de las naciones sobre sus recursos naturales; que se encuentren caminos legales para obligar a las empresas a pagar los costos para reparar los estragos ecológicos provocados en la explotación de las fuentes de agua, y la posibilidad de concluir los contratos que no respetan los acuerdos firmados; y que se encuentren formas para aplicar penas disciplinarias a personas y empresas que practican el soborno y la corrupción para alcanzar la privatización del agua.

Traducción: moc.liamg@leinad.setnarrab

Adital, Internet,12-5-06

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