Argentinos y uruguayos cortan vía cerca frontera contra papeleras

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Unas 1.500 personas de Argentina y Uruguay cortaron hoy una ruta cercana a la frontera ente ambos países en protesta por la instalación en territorio uruguayo de dos plantas de celulosa, que consideran altamente contaminantes

Los manifestantes se concentraron en la ruta argentina 136, que conduce al puente General San Martín, que une ambas naciones, para reclamar que "se detenga" la construcción de las papeleras que la compañía española ENCE y la finlandesa Botnia proyectan instalar sobre la costa del Río Uruguay, que separa a los dos países

Pese a la insistente lluvia, numerosos vecinos participaron de la protesta, organizada por la Asamblea de Gualeguaychú, la ciudad argentina más cercana al lugar donde instalarán las fábricas de celulosa

"Las inclemencias del tiempo no nos van a detener. De ponerse en funcionamiento, las plantas van a perjudicar nuestra calidad de vida por la contaminación y el olor desagradable que producirían", aseguró a EFE el ambientalista Horacio Melo, miembro de la Asamblea

Al corte de ruta, también se acercaron algunos ciudadanos uruguayos procedentes de la vecina ciudad de Fray Bentos, donde se planean construir las papeleras

"Acá los empresarios dicen que traerán la última tecnología, pero las metodologías de procesamiento para la fabricación de celulosa debe reconvertirse en Europa en 2007, por lo que antes de tener que readaptar su funcionamiento, se instalan aquí", denunció Melo, rodeado de carteles con leyendas de protesta

La instalación de las fábricas es resistida por el Gobierno argentino, que había acordado en mayo pasado con el de Uruguay la creación de una comisión para evaluar este asunto, pero nunca llegó a reunirse por la negativa de los representantes uruguayos

De todas formas, los Gobiernos de Argentina y Uruguay acordaron el pasado viernes que la comisión mixta se reúna "a la brevedad" para analizar el impacto ambiental de las papeleras y se pronunciará en un plazo de 180 días

Sin embargo, la Asamblea, que aglutina a unos 100.000 vecinos, manifestó en un comunicado que este acuerdo no "representa los derechos de la gente" porque el estudio "será no vinculante, lo que significa que pese a que los resultados certifiquen el riesgo de contaminación, el gobierno de Uruguay puede continuar con su apoyo a esta iniciativa".

oohay@hslawaicnega

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