Argentina: venta de tierras indígenas
Las tierras de los indígenas mapuches argentinos pueden ser puestas a la venta. Esto es lo que denuncia el Consejo Asesor Indígena (CAI)
Adital -Según la entidad, algunos sectores vinculados al Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (CODECI), durante la realización del reciente "Primer Congreso Patagónico sobre el Uso de la Tierra", habría acordado con el gobierno los criterios para ponerle precio a las tierras de las comunidades mapuches, llamadas por las autoridades de "Tierras Fiscales".
CAI explica que el CODECI es el organismo responsable de que se aplique la Ley Integral del Indígena, n° 2287, y de velar por el cumplimiento de todos sus derechos. "Uno de los derechos fundamentales que reconoce dicha ley en el artículo 12 y 13, es que se investiguen todos los casos de usurpación, estafas y robos encubiertos de los campos de nuestra gente".
La entidad denuncia que durante años el gobierno de la provincia se ha negado a reconocer los territorios tradicionales del Pueblo Mapuche y ahora pretende entregar títulos de propiedad, "como si nuestro territorio fuera tierra fiscal y el CODECI les acepta". Según la Fiscalía de Estado de Río Negro, desde la creación del CODECI, el 1998, el organismo nunca ha solicitado una investigación sobre los miles de "atropellos" que se han cometido y se siguen cometiendo contra los mapuches. "Ante esto, iniciamos una demanda judicial contra el gobierno provincial para exigir que cumplan con las leyes que ellos mismos firmaron".
Varias Comunidades Mapuches vienen resistiendo a los intentos de desalojo, las presuntas amenazas por parte de los terratenientes, denuncias judiciales y las políticas de gobierno. Ellos destacan la defensa del Territorio de la Comunidad Kom Kiñe Mu, (Paraje Arroyo las Minas), ante la venta de sus campos por Internet (10.000 hectáreas), en la página web de la Inmobiliaria Van Ditmar; defensa del Territorio Comunitario, ante el avance de inversores forestales (Rago-Calviño) en la Comunidad Kom Kiñe Mu, y con acciones judiciales de defensa; y recuperación de los Territorios del Lof Casiano, Lof Villar, Lof Antual (14.000 ha), entre otras medidas.
"El gobierno ha estado presente en todos estos conflictos, ocupado en sostener legalmente a los acaparadores locales o no, e intentando encubrir sus políticas públicas ilegales. Son los primeros en no respetar y hacer que no se respeten las leyes que ellos mismos hacen", declara el CAI. La entidad exige a los gobiernos nacional, provincial y municipales: la paralización inmediata y definitiva del programa de regularización de tierras que está ejecutando el gobierno provincial y el Colegio de Agrimensores; investigación de todos los "robos" de campos, estafas y "usurpaciones" que legalizó el gobierno en favor de acaparadores locales y extranjeros; y devolución del territorio que reclaman como Pueblo Mapuche.