Argentina: leyes que prohíben desalojo de indígenas están siendo irrespetadas
El pasado 30 de mayo, un juez de San Miguel de Tucumán respondió negativamente a la petición presentada por miembros de la comunidad, pidiendo la anulación de la orden de desalojo para las cuatro familias del poblado
Familias indígenas de la Comunidad India Quilmes, localizada en el poblado de Colalao del Valle, en Tucumán, al noroeste de Argentina, están siendo amenazadas de desalojo, porque la empresa privada, Comunidad Aráoz Hermanos, reivindica el terreno de 4 hectáreas, que habita la comunidad, como suyo. El pasado 30 de mayo, un juez de San Miguel de Tucumán respondió negativamente a la petición presentada por miembros de la comunidad, pidiendo la anulación de la orden de desalojo para las cuatro familias del poblado.
Al recibir repuesta negativa del juez, representantes de la comunidad presentaron una denuncia formal contra el magistrado, el día 1º de junio, acusándolo de "falta de cumplimiento de los deberes de su cargo” y de adoptar una resolución a favor de la empresa.
Ante esta amenaza de desalojo, que ya es la cuarta en los últimos meses, Amnistía Internacional (AI) se pronunció esta semana, recordando que dos leyes nacionales, la Ley 26.160 y la Ley 26.554, prohíben el desalojo forzado de comunidades indígenas, desde noviembre 2006 hasta noviembre de 2013, mientras se realiza el estudio nacional que definirá los territorios indígenas.
A causa del insistente irrespeto a las comunidades indígenas, AI emitió un documento dirigido al gobierno donde expresó su preocupación por las familias, en riesgo de sufrir un intento más de desalojo forzado. Amnistía pidió que las autoridades no permitan el desalojo forzado y que cumplan con las leyes nacionales que prohíben esta acción.
Amnistía orientó además a que sean tomadas medidas para garantizar el respeto de los derechos de las comunidades indígenas, obedeciendo las definiciones de la Declaración Universal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el derecho de los Pueblos Indígenas, de 2007, y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de 1989.
"¿Qué sentido tiene promulgar legislación nacional que protege los derechos de los pueblos indígenas si las autoridades no van a acatarla?”, cuestionó la directora adjunto del Programa de AI para América, Guadalupe Marengo.
El cacique Francisco "Pancho” Solano Chaile, relató que no es de hoy que la comunidad enfrenta problemas de desalojo. Dijo que las autoridades los desalojaron ‘un monte de veces'. "Llevamos tiempo organizándonos, ocupando tierras ancestrales. [...] hay intereses de afuera, de afuera del país, que no son lugareños. En el pasado no había tanto apoyo de los políticos a los terceros. Nosotros nos encontramos encerrados", relató.
Los pobladores de esta comunidad ya habían sido desalojados en septiembre de 2009 y en enero de 2010. En las dos oportunidades las familias consiguieron regresar a sus casas, pacíficamente, días después. El pasado 29 de abril, cuando hubo un nuevo intento de desalojo, miembros de la comunidad resistieron y se enfrentaron con la policía, acción donde resultaron algunos heridos.
A pesar de la existencia de dos leyes, propietarios de tierras insisten en tratar de desalojar violentamente a familias indígenas, de sus tierras ancestrales. Estas violaciones se han dado también en territorios de la provincia de Neuquén.
Con informaciones de la Prensa local.
Traducción: Ricardo Zúniga