Argentina: la pelea por los Royalties de la semilla transgénica
La Cancillería enfrenta en Europa la ofensiva de Monsanto por la soja, instruyó a nueve embajadas para que frenen las acciones de la multinacional
El Gobierno comenzó a mover sus fichas en su pelea contra Monsanto, que reclama judicialmente en Europa que se le reconozcan royalties o derechos por la soja RR, el primer cultivo transgénico adoptado en el mundo y en el país, diez años atrás. La Cancillería, según pudo saber Clarín, ordenó a nueve embajadas en Europa que salgan a enfrentar la ofensiva de la semillera, que ya logró tomar muestras de ocho barcos.
Las nueve embajadas que entraron esta semana en acción son las de Bélgica, Francia, Alemania, Austria, Reino Unido, Holanda, España, Italia y Grecia. A todas ellas, como primera misión, se les encomendó enviar un instructivo a las aduanas locales, para que sepan cómo actuar —o al menos estén enteradas de la posición argentina— cada vez que Monsanto pretenda detener un barco proveniente de Argentina.
Monsanto opera así: solicita a un juez local que determine si la soja que llevan esos cargueros a Europa es transgénica (prácticamente toda la soja argentina lo es), para así tener pruebas en los litigios que inició contra diferentes importadores de soja, a los que reclama 15 dólares por tonelada en concepto de royalties. De esta manera, Monsanto pretende cobrar su fee tecnológico a los compradores (para que a su vez estos efectúen descuentos a quienes les venden), ya que en la Argentina no cuenta con patente sobre ese evento biotecnológico.
Dejar claro a las aduanas europeas que el Gobierno considera la ofensiva de Monsanto como una extorsión, no es el único paso que se ha dado en los últimos días. Además, la Secretaría de Agricultura que conduce Miguel Campos logró que los grandes traders del negocio —Bunge, Cargill, ADM y Dreyfus— evitaran mantener una reunión con representantes de Monsanto, prevista para el próximo miércoles. Allí la semillera pretendía, según los informantes, llegar a una salida consensuada con las empresas que mueven el grueso de la cosecha argentina.
Por otro lado, en Bruselas —sede de la Unión Europea—, el agregado agrícola argentino, Gustavo Idígoras, presentó un largo informe ante la Dirección General de la Competencia del bloque, a fin de expresar la posición nacional ante lo se consideran "prácticas abusivas" por parte de la empresa estadounidense.
La Argentina, además, logró que el juez actuante en el litigio judicial que Monsanto inició en Holanda (quizás el más importante, porque allí está el puerto de Rotterdam, principal puerta de ingreso de la soja local), acepte a la Secretaría de Agricultura como "tercera parte" interesada en esa causa. Es decir, la justicia holandesa permitirá al Estado presentar pruebas y argumentos antes de dictar su fallo.
Entre esos argumentos, además de la falta de una patente sobre la soja RR en la Argentina, el Gobierno esgrime que Monsanto ya cobró más que suficiente por su semilla transgénica, ya que no solo el país le sirvió como -cabeza de playa para introducir el cultivo en toda la región y para facturar sumas multimillonarias por sus ventas de glifosato, el herbicida que obligadamente debe usarse con esa variedad de soja y del que la compañía estadounidense tuvo la exclusividad hasta 1999.