Argentina: hasta con las retenciones especulaban
La maniobra, hasta ahora consentida, les permitía a los exportadores sacar una diferencia a su favor de 20 a 30 dólares por tonelada de soja cada vez que aumentaba la retención. Y sin haber comprado los granos previamente
Para los exportadores de granos, la suba de las retenciones a las ventas externas puede ser una mala noticia, pero ello no les impide hacer un jugoso negocio con ello. Más que por su habilidad, lo logran por el uso de su posición dominante y el manejo de información privilegiada. Cada vez que subieron las retenciones a los granos (las dos últimas, en noviembre de 2007 y en marzo pasado), lo que hicieron las grandes cerealeras fue inscribir, antes del cambio, grandes volúmenes de ventas externas, con lo cual quedaban registradas para pagar a la tasa más baja (y buena parte de las veces, a precios más bajos), aunque la operación se embarcara meses después. Lo más escandaloso es que, cuando registraban estas operaciones, no contaban con el producto en su poder y ni siquiera lo habían comprado. Ayer, el Poder Ejecutivo dispuso que cuando se produzcan incrementos en los derechos de exportación (retenciones) de productos agrícolas, para poder exportar con la alícuota anterior los exportadores deberán acreditar la tenencia o la adquisición de dichos productos con anterioridad al aumento de la alícuota. Esta resolución es retroactiva a noviembre pasado, con lo cual todas las operaciones registradas especulativamente al conocerse de antemano el aumento de las retenciones, ahora deberán pagar el impuesto con la tasa ya aumentada. El mismo decreto establece que, a partir de ahora, será la Oncca –que encabeza Ricardo Echegaray– y no ya la Secretaría de Agricultura –a cargo de Javier De Urquiza–, la que lleve el control y registro de las declaraciones juradas de ventas al exterior.
Para hacer declaraciones de exportación varias veces superiores a las compras ya negociadas hay que tener anchas espaldas y seguridad de que el mercado no se les volverá en contra. En noviembre, cuando aumentaron las retenciones a la soja del 28 al 35 por ciento, las grandes cerealeras habían declarado ventas externas futuras por 18 millones de toneladas, y sólo habían comprado 4 millones, según relató Alberto Ferrari Etcheberry, ex titular de la Junta Nacional de Granos. Todavía no había culminado la siembra. Muy pocas empresas podían asumir semejante riesgo: Cargill, Dreyfus, Bunge, Aceitera General Deheza y muy pocas más.
El propio senador del FpV Roberto Urquía, titular en la actividad privada de Aceitera Deheza, admitió en el diario de sesiones del 19 de diciembre que las cerealeras “desde algunas semanas atrás venían escuchando el runrún de la suba de derechos de exportación”. Es decir, estaban ampliamente enteradas de lo que venía y pudieron sacar provecho de ello. No sólo registraron operaciones para pagar siete puntos menos de retenciones, sino que formalizaron operaciones a un precio muy inferior al que luego conseguirían –el valor de la soja estaba en plena trepada– al negociar la exportación. Es decir, pagaron retenciones por una tasa más baja y sobre un valor menor al real.
“No se discute que son declaraciones falsas; es una situación tan grotesca, que desde el 7 de noviembre (hasta fines de febrero) no se declaró ni una tonelada más de poroto de soja”, señaló Ferrari Etcheberry en la nota que publicó el diario Perfil a mediados de marzo. La Secretaría de Agricultura, a cargo del registro, no hizo ni siquiera una mínima observación. Significativamente, las declaraciones de exportación reaparecen justo antes del nuevo aumento en las retenciones, a principios de marzo.
El decreto que ayer hizo público el Poder Ejecutivo corrige parcialmente aquellos desfasajes. Establece que cuando se produzca un incremento en los derechos de exportación a los productos agrícolas entre el momento del Registro de la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE) y el de oficialización de la correspondiente Destinación de Exportación (permiso de embarque), “los exportadores deberán acreditar fehacientemente la tenencia o la adquisición de los referidos productos con anterior al aludido incremento”.
En los fundamentos del decreto, se admite que “generalmente, ante la expectativa de un inminente aumento en las alícuotas de los derechos de exportación, se produce un sustancial aumento en el número de Registro de DJVE”, comportamiento que la nueva norma se busca impedir. Pero, además, se dispone que la corrección tendrá carácter retroactivo, alcanzando incluso a las operaciones registradas antes del 9 de noviembre pasado (fecha de aumento de las retenciones a la soja del 28 al 35 por ciento), pero oficializadas con posterioridad a dicha fecha. Es decir, que para atrás, obligará a los exportadores a reliquidar las retenciones a la nueva alícuota cuando hayan inscripto la operación previo a la suba de la misma, siempre que al momento de esta última no estuviera concretado el permiso de embarque. Pero sólo corrige la tasa: si el valor declarado al Registro es inferior al efectivamente cerrado al exportar, el fisco no reclamará la diferencia.
En adelante, el Registro de DJVE deberá efectuarse recién al día siguiente al de la venta correspondiente del producto al exportador, quien además será el único habilitado a registrar la Declaración.
El nuevo sistema recorta una importante tajada que el exportador obtenía mediante maniobras de orden financiero y especulativo, que se apropiaba de la parte que le correspondía al fisco (por la menor retención liquidada), pero también al productor, ya que el descuento sobre el precio que le abonaba a este último en concepto de impuesto era superior al que después efectivamente pagaba. Recordemos que la compra del producto, el exportador la hacía después del Registro de Declaración Jurada y posterior incluso al aumento de la alícuota.
Lo más trascendente, sin embargo, es la señal política. En un conflicto en el que pequeños y grandes productores de granos muy cotizados pulsean con el gobierno nacional, mano a mano, por quién se apropia de las rentas extraordinarias, hay un gran beneficiario del negocio que ni siquiera se despeina en forcejeos. Es el monopolio exportador, que Gobierno y dirigentes se empeñaron en ignorar, para beneficio de aquél. El decreto 764/08 le apuntó directamente a uno de los privilegios de los que goza esa franja de rentistas. Era hora, era necesario. Pero aún no es suficiente.
Reintegros para formales
El titular de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), Ricardo Echegaray, sostuvo que los productores deben “transparentar” su producción e incorporarse a “la economía formal” para acceder a las compensaciones dispuestas por el gobierno nacional para el sector. Lo dijo al anunciar que entre el mes pasado y lo que va de mayo se otorgaron compensaciones al sector agropecuario por 145 millones de pesos, que evidentemente no están llegando a la mayoría de los pequeños productores. Para productores de trigo, por ejemplo, sólo se aprobaron 614 operaciones, por un monto total de 9,3 millones de pesos. La mayor partida correspondió a los molinos de trigo, con 85 millones en 76 operaciones. Les siguieron los faenadores avícolas, con 45 pagos aprobados y 68 millones, y más atrás la industria láctea, que en 9 operaciones capturó 47,1 millones de pesos.