Argentina: el monocultivo atenta contra la diversidad alimentaria

Para el especialista, Premio Nobel Alternativo de Ecología en 2004, una legislación ambiental es sabia sólo si, además de anunciar preceptos, atiende a quién y cómo se realizarán los controles y en qué consistirán las sanciones.

Cualquier país que apuesta a un único cultivo predominante, como en esta caso a la soja RR, se vuelve absolutamente dependiente de variables que no maneja y, en general, suele responder a un patrón paradojal según el cual se produce para exportar casi siempre materia prima para alimentos o alimentos con bajo valor agregado mientras un ejército de habitantes no tienen cómo juntarse con un plato diario de comida”, comienza diciendo el presidente de la Fundación de la Defensa del Ambiente, apenas se le plantea el tema sobre el que se lo pretende consultar, antes mismo de que el cuestionario vaya siendo desgranado. No es fácil acordar un encuentro con Raúl Montenegro aunque más no sea telefónico, mediado por la tecnología, pero cuando en la agenda queda libre un renglón y los planetas se alinean se entrega al diálogo sin reparos. Además de un militante ambiental, Montenegro es docente en la cátedra de Biología Evolutiva en la Universidad Nacional de Córdoba. La más rimbombante de las distinciones que recibió es la del Premio Nobel Alternativo de Ecología en 2004. Pero no la única: le extendieron el Premio por un futuro libre de energía nuclear en Austria en 1992, el Premio Global 500 de las Naciones Unidas en Bélgica en 1989 y el Premio a la investigación científica de la Universidad de Buenos Aires en 1971. La de Montenegro es una voz de referencia, acaso porque haya logrado abrir la academia a las inquietudes ciudadanas e inundar de inquietudes sociales el aula.

El reporteado no logra explicarse cómo “mientras el hambre sigue siendo un fenómeno humano creciente, se destinen grandes superficies de tierra fértil para producir alimento para animales, del otro lado del mundo”.

A poco de andar, planta el mojón de una opinión fundada. “La diversidad productiva se suele asociar a una política alimentaria más integral, humana”, cita, al concluir que “entonces, además de todos los trastornos ambientales y sanitarios que se generan, tener el 55 % de la superficie productiva dedicada a la soja implica que cotidianamente se reduce nuestra diversidad alimentaria”.

AMBIENTES NATIVOS.

— ¿Por qué es dañina la soja, por qué debe desaconsejarse?

—Una de las tragedias que nos ocurren es que ningún país puede tener resistencia ambiental si se destrozan los ambientes nativos más allá de una cierta superficie. Con criterio conservador, de cada uno de los ambientes nativos argentinos (un bosque, un monte, un pastizal) debiera conservarse el 50 % y, si la situación hubiera desmejorado mucho, se puede tolerar que exista un 30 % de territorio con flora y fauna nativa. Y a partir de ahí, recuperar. Pero en la Argentina, nos queda entre el 12 y el 14 % de los bosques nativos sin afectar, con picos de dramatismo porque en Córdoba por ejemplo se ha destrozado el 94 % o 95 % de todos los bosques nativos. Nosotros hemos pasado sobradamente los límites de la resistencia ambiental. Y lo que ocurre es lo que nos cuentan los noticieros de tanto en tanto, sin ir al fondo de la cuestión: empiezan a colapsar las cuencas hídricas, la tierra pierde resistencia ante las sequías y se vuelve vulnerable ante las inundaciones. Es decir, la falta de resistencia ambiental es un precio altísimo que se paga por la codicia y por la falta de planificación de nuestro suelo.

—Si todo el proceso de producción de la soja es tan maligno, ¿por qué los gobiernos no frenan su expansión?

—Se ha dado una situación nefasta. Por un lado, hay un país con escasísimos controles de parte de la Nación, las provincias y los municipios, con sistemas muy rudimentarios. Además, tenemos un país sin políticas regulatorias en lo que hace a cultivos o actividades productivas. Y, por si fuera poco, unos sectores que exhiben impunemente unos niveles de codicia muy altos. De manera que toda esta ingeniería que promueve la producción a partir de organismos genéticamente modificados está hecha a la medida de esta conjunción de factores que define la sociedad nuestra, a la medida de la llamada Mesa de Enlace y también a la medida de un país sin control.

Téngase en cuenta que si bien la producción de soja viene deteriorando la salud y aumentando la mortandad de manera silenciosa de muchos argentinos, no existen estudios epidemiológicos específicos que ayuden a registrar todas las posibles consecuencias. De hecho, se constituyó una comisión para determinar los riesgos de los plaguicidas en el ámbito del Ministerio de Salud de una forma tardía, incompleta y muy primitiva.

Con todos estos elementos, podemos entender perfectamente por qué la soja está en el lugar que está, gracias a la combinación de la codicia de algunos sectores y un país donde no existen controles, donde de alguna manera se protege más a los derechos corporativos de los grandes factores económicos que a la salud de las personas y el ambiente.

DILEMAS.

— ¿Y qué puede hacer la sociedad a favor de su propia salud ante una controversia como la que está planteada entre el campo y el Gobierno?

—Hago un comentario preliminar que me parece inexorable: el Gobierno y el sector más codicioso de los productores están del mismo lado, más allá de que, transitoriamente, se escenifiquen diferencias en torno al debate sobre retenciones.

Debe quedar en claro, además, que el Gobierno no es la gestión actual: el Gobierno es ésta y todas las gestiones anteriores. A esto a veces los argentinos lo olvidamos. Entonces, un Gobierno que tiene una gestión determinada es absolutamente corresponsable de todas sus antecesoras, si no corrige la dirección de los pasos dados.

Se ve muy claro con la soja, que se instala con particular fuerza a partir de las gestiones de Carlos Saúl Menem pero que fue consolidada por todos los gobiernos sucesivos, incluido el de Néstor Kirchner. En fin, no veo que la actual gestión esté tratando de cambiar el modelo productivo del país. No es así, de ninguna manera.

Sobre lo que la sociedad y las personas pueden hacer digo que hay algo muy importante que está pasando, aunque todavía embrionario, y es de pronto darse cuenta de lo que la soja transgénica le produce al ambiente, que va desde el desmonte hasta la alteración de los suelos, pasando por todos los efectos nocivos sobre los seres vivos y las napas de agua que generan los plaguicidas. Pero, ojo, que no es solamente la soja: lo mismo puede pasar con el cultivo de arroz cuando se hace en ausencia de políticas y sin controles. Sintetizando, lo único que les queda a las comunidades y a los ciudadanos de a pie es que se informen, que sepan qué es lo que hay detrás de estos modelos productivos que conllevan un criterio respecto de la ocupación del suelo, de la alteración de los ambientes nativos, con organismos públicos que prácticamente no controlan incluso sobre legislaciones claras como la del uso de plaguicidas, donde a su vez no hay relevamientos, ni registros ni estudios que vinculen ciertas formas de enfermedad y distintas causas de muerte con las características de ciertos y determinados cultivos.

Por eso pienso que en la medida en que la sociedad acceda a una más amplia información estará en mejores condiciones de imaginar modos de reclamo novedoso, vías para canalizar la resistencia, mecanismos de interacción con lo público.

Control, el corazón de toda norma

A propósito de la falta de controles propicios de parte del Estado, surgió una situación especial en las discusiones que procuran conforman un Código Ambiental en Entre Ríos. La labor no es menor ni menuda: reunir las leyes que regulan distintos aspectos vinculados al hábitat natural, analizar que los preceptos no se yuxtapongan, identificar los vacíos jurídicos para cubrirlos debidamente. En definitiva, integrar: esa utopía permanente dentro del sector público. Con buen tino, se incorporó a las discusiones a representantes del Gobierno, acaso para que —una vez que se componga un único volumen— la legislación suene interesante al oído pero además resulte aplicable. Y lo primero que emergió, sorprendentemente, es que la letra fría de la norma no es el mayor escollo en Entre Ríos, que hay leyes para las distintas problemáticas: lo que no se vislumbra es la forma, la organización, el presupuesto para controlar todas aquellas cosas que los legisladores convirtieron en mandamiento. Y, subsidiaria de este asunto: los pocos medios que tiene el Estado para inspeccionar se despliegan en áreas distintas (Secretaría de Medio Ambiente y Secretaría de la Producción) y muchas veces en base a criterios diferentes, lo que es todo un problema dentro del problema.

Se aprovechó el diálogo con el biólogo Montenegro para que opine sobre esta tendencia al juridicismo, tan argentina como el tango, esta predisposición de los sectores dirigentes a creer que con la mera sanción de la norma el asunto ya está resuelto. “Creo que no es casual que tengamos mecanismos institucionales de baja calidad que producen estas mezclas legislativas, por eso espero que llegue a buen puerto la comisión que quiere compilar y articular la normativa específica en un Código”, señaló, antes de referir que “hay sistemas jurídicos que están mal construidos y, de alguna forma, se le agrega a eso que los sistemas de control son ineficaces”. Para Montenegro, “no debiera juzgarse el de-sempeño de un legislador por la cantidad de normas que produce; porque un país no necesita muchas normas, lo que necesita son las normas que le sean útiles a la sociedad para protegerse de las agresiones”. De todos modos, llamó la atención sobre “los vacíos o faltantes” que se detectan más allá de la “sobreabundancia” legislativa, acaso no en cuanto a la problemática general a la que se refieren como a ciertas particularidades dentro de cada problemática.

El Diario, Argentina, 2-6-09