Argentina: el Imperio de la Soja se lanzó al ataque

Desde el punto de vista político no cabe duda. Los actores democráticos del escenario argentino deberían encolumnarse en una dura condena y movilización contra el “lock out” con el que los empresarios agropecuarios golpean al conjunto de la sociedad argentina desde hace casi 20 días, lo cual no tiene porqué significar un apoyo irrestricto a lo hecho por el gobierno.

En medio del fárrago mediático al que dio lugar la actual crítica e irracional situación, el periódico Pagina 12, portavoz del oficialismo, sostuvo el domingo último, sin hacer hincapié en ello, que “las corporaciones no riñen por las retenciones móviles a la (exportación) de sojas sino por cómo se apropia una renta extraordinaria en los años por venir”.

Ese reconocimiento debe estar en el centro de la información y no ser un párrafo más de largos análisis, porque denota la verdadera naturaleza de este movimiento patronal contra los impuestos a las rentas extraordinarias de la exportaciones agropecuarias, institución impositiva que rige en todo los países que componen el tablero internacional del sector, desde Canadá hasta Australia.

Las exigencias patronales hicieron que las cuatro asociaciones patronales del agro –desde la oligárquica e histórica golpista de Estado Sociedad Rural Argentina (SRA) hasta la Federación Agraria Argentina (FAA), que representa a los llamados medianos y pequeño productores y surgió para enfrentar al viejo latifundio- se unieran en reclamos comunes y en cortes sistemáticos de caminos y carreteras, para impedir el arribo de alimentos a los grandes centros consumidores urbanos.

Miles de litros de leche fueron botados a la vera de los camiones detenidos en los cortes de rutas y, durante el fin de semana pasado, el Mercado Central (mayorista y distribuidor) de la ciudad de Buenos Aires recibió toneladas de productos en estado de putrefacción.

Aunque sólo sea noticia de tanto en tanto, miles de argentinos –campesinos sin tierras, indígenas, desocupados y trabajadores mal pagos- viven subalimentados e incluso perecen por enfermedades evitables o de hambre.

Al calor de las protestas patronales del campo, la semana pasada surgieron brotes urbanos de “cacerolazos”, casi todos en los barrios más ricos de Buenos Aires, en algunos casos organizados y en otros capitalizados por las fuerzas políticas más derechistas y defensoras de la pasada dictadura militar.

En ese espectro de derecha se juntan en términos objetivos desde impresentables familiares de torturadores hasta dirigentes políticos del sistema, como la ex candidata a la presidencia Lilita Carrió.

Es decir, las fuerzas de derecha se desparraman por doquier: los de la Sociedad Rural Argentina lograron que los chacareros de la FAA hiciesen por ellos el trabajo sucio en los cortes de rutas; los dinosaurios de la dictadura y personajes como Carrió se juntan para encrespar los ánimos de las capas medias; y el gobierno poco y nada hace para tomar medidas tendientes a modificar el paradigma productivo de la Argentina: agroexportador, monocultivista (soja), oligopólico, concentrado en pocas manos y a expensas de los “pools” de siembras, de las transnacionales como Monsanto y de los fondos de inversión también transnacionalizados.

Néstor Kirchner, ex presidente y marido de la actual jefa de Estado, llegó incluso a promocionar a Gustavo Grobocopatel –verdadero zar de la soja, con medio millón de hectáreas en su poder- como hombre del gobierno en los proyectos de cooperación alimentaria con Venezuela, que podrían implicar sumas millonarias en exportaciones para productores argentinos.

La FAA desgañita sus gargantas al explicar que con la Sociedad Rural sólo tiene acuerdos circunstanciales y que de ninguna manera olvida que los separan diferencias históricas y actuales insalvables.

Todas las patronales agrarias le piden al gobierno que revea el aumento del nuevo régimen de retenciones, impuesto desde el 11 de marzo pasado (unos 10 puntos, pero ajustable a los precios internacionales de los productos).

Lo que ninguna de ellas dice es lo siguiente: 6.900 propietarios son dueños del 49.7 por ciento de la superficie cultivable y productiva del país. El Censo Agropecuario de 2002, estableció que 936 terratenientes poseen 35.515.000 hectáreas (casi toda la superficie en cultivo), con un promedio de 38.000 hectáreas cada uno.

Por el contrario 137.021 agricultores poseen sólo 2.288.000 hectáreas, con un promedio de 16,7 hectáreas cada uno. En 1966, el país contaba con 600.000 productores agropecuarios; hoy sólo restan 330.000.

Esas 330.000 explotaciones emplean a 310.000 trabajadores en blanco que ganan alrededor de 1.200 mensuales (unos 400 dólares), mientras otros 700.000 trabajadores en negro viven miserablemente y sin ocupación estable.

En la temporada agrícola 2004-2005, los propietarios de la región pampeana, en el centro del proceso de la “sojización”, recibieron en concepto de renta de la tierra por arrendamiento, algo más de 3.000 millones de dólares, más de 10.000 millones de pesos.

En la actualidad, esas cifras son mucho mayores. Una hectárea en la zona “sojizada” de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe o Entre Ríos se vende a razón de 15.000 o 20.000 dólares y se arrienda a unos 600 dólares. Para dar un ejemplo, sólo por arrendar 300 hectáreas, el propietario de la tierra recibe un ingreso parásito (sin invertir ni arriesgar) de 180.000 dólares por ciclo sojero.

La FAA sostiene que el gobierno nacional no aplica políticas diferenciadas para pequeños y medianos productores, lo que se traduce en un apoyo cada vez menos solapado a los grandes grupos concentrados, que, de seguir la actual situación, se quedarán con todo, con lo de ellos y con lo de los pequeños y medianos productores.

Desde el ya citado diario Página 12 se dio este domingo aproximadamente la siguiente explicación: el gobierno tenía previsto adoptar las medidas solicitadas por la FAA pero por errores políticos o técnicos no lo hizo en su momento (con los anuncios que entraron en vigencia el 11 de marzo).

En el supuesto caso de que eso sea cierto –difícil de creer si se tiene en cuenta la larga experiencia política de la jefa de Estado, de su marido y de sus principales asesores- quedaría por saldar una deuda: ¿quién fue él o la responsable de semejante error, que llevó al resurgir de las derechas en las calles y en los medios de comunicación, y a un paro patronal agrario que, con sus consecuencias de abastecimientos y precios en alza, golpea en forma especial a los sectores económicamente más débiles del país.

De un país en el que resulta que lo que parece no es y lo que no es sí parece. Se trata de una paradoja que viene de lejos, una especie de teoría de la máscara o del encubrimiento: en 1810, en Buenos Aires, las fuerzas patriotas iniciaron el camino de la liberación en nombre de Fernando VII, el soberano del imperio español –preso circunstancialmente por la ocupación napoleónica de la Península- que sometía a las colonias que procuraban su independencia.

Para esta semana, el gobierno prepara un acto callejero y masivo en apoyo a sus políticas. Es esperable que ello suceda con éxito pero también es necesario que se aclare cuáles son las políticas gubernamentales, que hasta ahora apoyaron la destrucción masiva estratégica del agro argentino (al fomentar la “sojización” del mismo), en aras de un fuerte política de acumulación fiscal y de asociación con los grandes grupos concentrados de la economía.

Agencia Periodística del Mercosur, Internet, 27-3-08