Argentina: ecos de los Andes suramericanos
El Senado de la Nación de la República Argentina aprobó la “Ley de Preservación de Glaciares y del Ambiente Periglacial”, que resguarda el bien común del agua potable que provee, fundamentalmente, la Cordillera de los Andes. El próximo debate deberá rondar la crisis climática y las resoluciones comunes en la región
Esta ley es una de las primeras a nivel mundial que establece que el agua es un Derecho Humano, tal como fue reconocido ese vital elemento en el seno de las Naciones Unidas y a instancias de Bolivia.
Ahora, las organizaciones sociales que lucharon por esta ley esperan su reglamentación, y mantienen el estado de alerta por la amenaza de las mineras de iniciar juicios por afectación de derechos previamente adquiridos.
La reforma constitucional de 1994 otorgó injerencia a los Estados provinciales en la administración de los bienes comunes naturales, transformando a la Argentina en lo que el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, definió como “un país no-Nación, suplantando la Soberanía Nacional del pueblo por feudos provinciales donde los gobernadores hacen lo que quieren y no lo que deben”.
La Ley de Glaciares –como se la conoce-, estuvo teñida de una intensa controversia, precipitada por el veto presidencial a una propuesta anterior que no distaba mucho de la recientemente aprobada, y direccionó el debate hacia la minería “a cielo abierto”.
Ese debate, sin embargo, tiene casi diez años de movilizaciones populares que se originaron en las luchas de los yacimientos de oro de “El Cordón Esquel” y que eclosionaron en “Veladero” y “Pascua-Lama”, hitos del nuevo país que se avecinaba, de corporaciones transnacionales, de 4.441 kilómetros longitudinales, suelo de glaciares y de hielos periglaciales, la Cordillera de los Andes.
Esa masa crítica en resistencia y sublevación instaló en la agenda pública la trama oculta de tratados de entrega y despojo y, casi una década después, aparecieron los técnicos y especialistas defendiendo a la cordillera andina en peligro y apoyando la sanción de la ley protectora de glaciares demandada por campesinos, productores agropecuarios, regantes y vecinos autoconvocados.
Costó casi una década instalar el tema en la “conciencia nacional”, concebir una ley “protectora” de los glaciares y discutir la cuestión minera. Hoy contamos con una Ley de Glaciares que protege una de las reservas de agua potable más valiosas de nuestro país y del mundo del descontrolado avance de la explotación minera y petrolera.
Sin embargo, bajar la guardia no es una opción para las organizaciones. La crisis climática es una amenaza para los glaciares y el futuro mismo del planeta. Las consecuencias en el ambiente del actual modelo de desarrollo capitalista y predador es la principal causa del retroceso de los glaciares.
La Ley de Glaciares es una pequeña gran batalla ganada por los movimientos sociales, organizaciones y redes de asambleas, con la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) como ícono.
El siguiente paso el motorizar normativas similares en el resto de la región y adoptar una posición común de los países andinos en defensa de los glaciares. Si se toma una posición clara al respecto, inevitablemente se deberá defender una posición firme en las negociaciones internacionales para evitar que desaparezcan.