Argentina: denuncia por hambre

Dos organizaciones no gubernamentales alemanas, el Servicio para el Desarrollo de la Iglesia Evangélica Alemana (EED) y la Red para la Información e Intervención Alimentaria (FIAN), denunciaron ante la comisión de Derechos Humanos de la ONU al gobierno argentino por no cumplir los acuerdos del pacto de los derechos económicos, sociales y culturales del hombre (DESC).

Sergio Correa, colaborador de BBC Mundo en Berlín, conversó con Jürgen Reichel, encargado para América Latina de la ONG alemana EED, una de las que presentaron la denuncia.

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¿Cómo comenzó la denuncia?

En enero fuimos invitados por ONG argentinas para visitar el país y hacernos una idea de la situación de la alimentación en el país.

Estuvimos en Santiago del Estero, Tucumán y el Gran Buenos Aires. En un barrio de Tucumán, en el centro comunitario ''Carballito'', por ejemplo, vimos niños con desnutrición en segundo grado, algunos llevaban dos días sin comer.

La situación es tan grave que se puede decir que hay una violación al derecho de la alimentación.

El Estado argentino, en base a los acuerdos de los derechos fundamentales que suscribió con la ONU, en el llamado pacto de derechos económicos, sociales y culturales (DESC), tiene la obligación de garantizar esos derechos.

No se trata de un catálogo utópico de deseos, sino de los esfuerzos mínimos de un estado para garantizar las necesidades de la población.

¿Qué responsabilidad tiene el gobierno argentino en esto?

Tienen la responsabilidad a muchos niveles. Debería facilitar los esfuerzos de la población para alimentarse por sí misma, intervenir si un tercero lo dificulta o impide y de ayudar cuando la propia población no es capaz de alimentarse por sí misma.

El gobierno no ha apoyado casi a las llamadas ollas populares, ha puesto trabas para que trabajadores que llevan más de 20 años produciendo una tierra se apropien de ella, algo garantizado por las leyes.

Los programas de apoyo, como el "programa de jefes de hogar" no alcanzan ni cualitativa ni cuantitativamente.

Cuantitativamente alcanza para una familia normal para subsistir sólo una semana.

Por otro lado, los programas se manejan de una forma escandalosamente arbitraria; para entrar en ellos hay que estar vinculado con un emisario del gobierno (los "punteros") que los entregan bajo un punto de vista de conveniencia política.

En un barrio de Tucumán, los llamados piqueteros hicieron barricadas en las calles para llamar la atención sobre la miseria. Desde allí en adelante recibieron cada vez menos la ayuda alimentaria estatal.

¿Podría el estado argentino efectivamente garantizar la alimentación de la población?

Por supuesto. En Argentina se producen 10 veces más alimentos de los que necesita la población.

Además hay infinidad de tierras que se mantienen desocupadas, sin cultivar y que podrían ser aprovechadas por la gente para alimentarse.

Sabemos que hay un interés de poderes económicos para mantenerlas así e incluso aprovecharse y quitar tierras a los campesinos.

En Santiago del Estero, por ejemplo, vimos como terratenientes e inmobiliarias, apoyados por la policía y en complicidad con las autoridades judiciales, buscan sacar a los campesinos de los establecimiento y así usurpar sus tierras.

¿Cómo funciona el proceso que ustedes han iniciado?

Casi todos los países del mundo han suscrito el pacto de derechos económicos, culturales y sociales DESC, que tiene el mismo estatus que los derechos humanos políticos, es una parte de los derechos humanos.

En las Naciones Unidas existe un comité que revisa cada 5 años el cumplimiento de estos derechos. Cada país debe presentar un informe.

En él debe quedar claro que el estado mismo se ha esforzado en cumplir con los derechos humanos, entre ellos, con el derecho a la alimentación.

La próxima vez que se presente Argentina, frente al comité de las Naciones Unidas en Ginebra tendremos el derecho a intervenir antes de que lo haga el gobierno y de mostrar la violación.

BBC Mundo, Internet, 12-5-03