Argentina: alertan sobre “negociaciones” para no demoler terraplén en Yahaveré
Pobladores de Yahaveré denunciaron que la empresa Forestal Andina, que construyó sin autorización un terraplén en la zona del Iberá, renovó sus intenciones de no demoler la obra como lo dispuso la justicia sino habilitarlo como camino para los campesinos. "Queremos la demolición del terraplén" dijo a Momarandu.com Hernán Sotelo, referente de los pobladores, y alertó que autoridades comunales de Concepción se reunieron con la empresa
El terraplén de más de 20 kilómetros se emplaza en Yahaveré, y según los pobladores obstruye el escurrimiento de las aguas. Semanas atrás el Superior Tribunal de Justicia resolvió la destrucción de la obra.
Pero según alertaron los pobladores, la empresa en cuestión pretende que el terraplén no sea demolido sino "arreglado" para permitir el escurrimiento y a la vez ser utilizado como camino público. Esta pretención era conocida, pero la novedad sería que Forestal Andina lo estaría analizando en acuerdo con autoridades comunales y concejales de Concepción.
Ante ello, los habitantes del pequeño paraje cuestionaron la intención empresarial, la cual no es acorde a lo que pretenden los campesinos.
"Nosotros queremos la demolición" dijo Sotelo y señaló que se busca el trazado de un camino público pero que no esté en tierras de Forestal Andina.
Semanas atrás los lugareños elevaron al Legislativo un proyecto para expropiar 1700 metros de terrenos de Forestal Andina para construir un camino público a varios parajes. Pero indican que si se hace ese camino en el terraplén como quiere Forestal Andina, "no será un camino público".
Agregó Sotelo que "queremos se respeto el fallo judicial, y se derribe íntegramente la obra. El camino público que es nuestro otro reclamo, pretendemos se haga en un lugar distinto".
EL TERRAPLEN
La empresa Forestal Andina inició en 2005 un terraplén que luego fue denunciado por pobladores por obstruir el escurrimiento de aguas.
La demanda se hizo cuando el terraplén tenía un kilómetro y medio de extensión, y la justicia aceptó en esa oportunidad una cautelar para detener la construcción.
Pero la empresa hizo caso omiso, y en mayo de 2006, el Juzgado Nº12 resolvió la destrucción de la obra posterior al kilómetro y medio edificado y el inicio del proceso para conseguir la declaración de impacto ambiental de esos 1.500 metros iniciales, que de no hacerlo también debía ser derribado.
En segunda instancia, la Cámara de Apelaciones ratificó que la obra debía ser destruida por impedir el normal escurrimiento de las aguas. La firma privada apeló y el Superior Tribunal de Justicia rechazó ese recurso extraordinario.
Actualmente el terraplén tiene más de 22 kilómetros y la demolición demandará 1.5 millones de pesos.