Argentina: agroquímicos, indiferencia oficial ante informe sobre malformaciones y cáncer
Un estudio detectó que en las poblaciones rurales del sur provincial los casos de malformaciones en niños superan 10 veces la media latinoamericana; y la cantidad de cánceres hormono-dependientes, como son de testículos y ovarios, también superan varias veces la media nacional. A pesar de su relevancia, la investigación duerme desde hace casi tres años en los despachos oficiales
El estudio fue realizado por profesionales del Hospital Italiano, el Ministerio de Salud de la Nación, la Universidad Nacional de Rosario (UNR), el Centro de Investigaciones en Biodiversidad y Ambiente, la Federación Agraria Argentina, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santa Fe.
"Después de que se presentó oficialmente, en 2006, no pasó nada, no hubo programas ni políticas, ni del Ministerio de Salud nacional, que financió la investigación, ni de la provincia, que debió haber recepcionado los resultados", disparó el coordinador del proyecto y director de la Unidad de Medio Ambiente y Salud Reproductiva del Hospital Italiano, Alejandro Oliva.
El especialista destacó que "si se ponen en relación estas enfermedades con las condiciones ambientales, podemos decir que el 90 por ciento de los casos detectados se produjeron a unos 300 metros de los focos de riesgo estudiados, que son acopiadores de granos y agroquímicos, feed-lots, basurales y transformadores con PCB".
El proyecto, que recobró relevancia luego de que la Justicia ordenó el 16 de marzo pasado la suspensión de las fumigaciones en la localidad de San Jorge, comenzó a desarrollarse en 2001 y abarcó las localidades de Bigand, Carreras, Alcorta, Santa Teresa y Máximo Paz, además de la bonaerense Pérez Millán.
Oliva detalló que "en todos los casos se trata de áreas altamente explotadas en los últimos 50 años por actividades agroproductivas, y que estuvieron expuestas a diferentes agroquímicos".
La investigación no sólo estudió los casos de malformaciones congénitas infantiles como hipospadias y criptorquidias, problemas masculinos que tienen relación directa con las cuestiones ambientales y el uso de agroquímicos, sino también los cánceres hormono-dependientes (próstata, mama, testículo y ovario), ambos marcadores del impacto del medioambiente.
Resultados. En el caso de las malformaciones urogenitales se estudiaron los registros de Carreras y Máximo Paz. En estas comunas, los casos de criptorquidias, una patología que se caracteriza por el no descenso de los testículos es ocho veces mayor a la media nacional, y la hipospadia (el pene no se desarrolla de manera usual) supera esos registros 14 veces. Y en Máximo Paz, la incidencia de hipospadias llega a superar 20 veces los índices esperados.
"No quedan dudas de que en materia de malformaciones existe un problema serio", sintetizó Oliva, quien indicó que "en los casos de cánceres, el análisis es más complejo".
En los hombres se detectaron cánceres de testículos que triplican la media nacional, al igual que los casos de cáncer gástrico. Los de páncreas y pulmón duplican la media, y los de hígado son diez veces mayores a la media.
En las mujeres, los cánceres de ovarios duplican la incidencia media y los de cánceres hepáticos son seis veces mayores a los registros nacionales.
Medio ambiente. Oliva indicó que "se puede sospechar que hay una relación entre estas enfermedades y las condiciones del medio ambiente, que incluyen el uso de agroquímicos, la calidad del agua —que en esa zona tiene altos niveles de arsénico— y los demás factores de riesgo".
También aseguró que "el 90 por ciento de los casos de estas enfermedades se presentan en todas las localidades bajo estudio en el radio de 300 metros o menos de los puntos de riesgo", y puso en juego otro concepto, el de "sinergismo".
"Muchos de estos factores de riesgo, en baja dosis, producen gran impacto, y esto es lo que sucede en esta zona. La existencia de agroquímicos acumulados en el organismo de la gente se mantiene allí hasta 50 años. También se acumula en los animales, el suelo y los sedimentos. Pero a esa contaminación se suma agua con altos tenores de arsénico, napas con nitritos y nitratos, que son productos de los feed-lots. Todo eso, más la fumigación, se combina y está teniendo un alto impacto", explicó.
"Lo que manifiesta la gente es que «algo está pasando», pero no saben qué y tampoco saben cómo interpretarlo. Es más, estas comunidades se sintieron desnudas cuando se planteó esta problemática y no relacionan factores de riesgo ambientales con enfermedad", explicó el director de la investigación.
Sin embargo, el médico reconoció que "en los últimos meses, en el sur provincial, apareció el reclamo de la gente ante las fumigaciones y hasta hubo intervención de la Justicia. El planteo sube desde las propias comunidades", aseguró.
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Los herbicidas encienden el alerta en poblaciones rurales
El estudio ignorado desde hace casi tres años por el Ministerio de Salud establece que a partir de 1994 "es muy importante la distribución del herbicida glifosato en el sur de la provincia, que por otra parte está teniendo un nivel de aplicación creciente", sobre todo con el progresivo desarrollo que tuvo desde entonces el cultivo de soja. En este sentido, el director de la investigación, Alejandro Oliva, dejó en claro que "el problema que existe no es sólo el glifosato, sino lo que se aplica junto a él, ya que en ningún lugar se lo utiliza en estado puro".
El glifosato es un herbicida de amplio espectro y es el principio activo del herbicida Roundup, nombre comercial del producto comercializado por la multinacional Monsanto y que lidera el mercado local, aunque también lo distribuyen otros laboratorios con diferentes marcas.
Su nivel de toxicidad es materia de debate en los últimos años. Es más, a partir del uso de esta sustancia en Ecuador, Naciones Unidas consideró que "existen razones suficientes para hacer un estudio sobre los efectos de las fumigaciones con el herbicida".
De hecho, en la Cámara de Diputados de Santa Fe se presentó a fines de 2007 un proyecto de comunicación que solicitaba "al Poder Ejecutivo realizar gestiones ante el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y demás reparticiones competentes del Gobierno Nacional para la recategorización del glifosato en todas sus variantes y denominaciones comerciales, como fitosanitario de «Peligrosidad Alta»".
La propuesta del diputado del Frente Cívico y Social Santiago Mascheroni, que entre sus fundamentos hizo referencia a esta investigación realizada en el sur santafesino, se aprobó en mayo del año pasado y en junio llegó a manos del Ejecutivo provincial. De entonces a la fecha, no hubo respuesta ni informes sobre los resultados de las gestiones.
Cóctel. El director de la investigación señaló que "si bien el glifosato no es agua bendita, es de las sustancias más benignas", pero aclaró que el yor problema son "otros elementos que lo acompañan y los cócteles que se producen para su utilización".
"La aplicación de glifosato puro no existe. El problema es que sus hermanos de acción son los detergentes, que sirven para penetrar en la tierra y son terriblemente tóxicos, tanto como DDT —un insecticida organoclorado cuyo uso está prohibido en el país—. Y a eso se agregan además otras sustancias, pueden ser clorados u hormonados, que mejoran la acción del glifosato", detalló el especialista, quien sintetizó: "Son verdaderos cócteles".
La propia presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, anunció semanas atrás que había dado instrucciones para que se realizara una investigación sobre el uso de agroquímicos y sus efectos en la salud. En ese sentido, Oliva indicó que "mandó a investigar el glifosato, pero todavía ni siquiera sabemos quienes integran el equipo encargado de hacerlo".
San Jorge: El 16 de marzo la Justicia ordenó la inmediata suspensión de las fumigaciones en las adyacencias de la zona urbana. La medida la tomó el juez Tristán Martínez ante la presentación de un recurso de amparo interpuesto por un grupo de vecinos conjuntamente con el Centro de Protección a la Naturaleza de la capital provincial. Ahora esperan que el Concejo y la Municipalidad delimiten la llamada línea agronómica (la zona hasta donde se puede fumigar).
Desvío Arijón: En esta localidad ubicada a 40 kilómetros de Santa Fe, a mediados de marzo un vecino intentó frenar la fumigación de un campo cercano a su vivienda. Ahora enfrenta una denuncia penal por invasión a la propiedad privada y amenazas.
Stephenson: El 27 de marzo en esta localidad situada a 60 kilómetros al sur de Rosario se dictó una ordenanza municipal que fijó un límite entre la zona urbana y rural, y establece una barrera para la pulverización de agroquímicos. La normativa surgió a partir de un planteo de los vecinos, que manifestaron su preocupación por las complicaciones de salud que podrían provocar estas actividades.
María Juana. En julio de 2008, los habitantes de esta localidad del centro de la provincia exigieron rígidos controles al uso de agroquímicos, y solicitaron el respeto a la legislación vigente y la delimitación de las zonas en las que se prohíbe la aplicación de estos productos.
En Santa Fe la ley 11.273 de productos fitosanitarios establece como objetivo "la protección de la salud humana, de los recursos naturales y de la producción agrícola, a través de la correcta y racional utilización de los recursos fitosanitarios, como así también evitar la contaminación de los alimentos y del medioambiente, promoviendo su correcto uso mediante la educación e información planificada". Sin embargo, su aplicación se puso en debate en los últimos meses ante los reclamos de los vecinos de diferentes localidades.
La ley indica que el depósito de las maquinarias de aplicación de las fumigaciones debe estar "fuera de las zonas urbanizadas" y "en ningún caso podrán circular cargadas con productos fitosanitarios fuera del cultivo a tratar".
Por aire.En cuanto a las aeronaves, "en ningún caso la ruta empleada implicará el sobrevuelo sobre zonas pobladas, aún después de agotada la carga". Y aquí también entra en juego la llamada "línea agronómica" que deben establecer las autoridades comunales de cada una de las localidades.
De hecho, la decisión de la Justicia que se conoció diez días atrás ante el reclamo de los vecinos de San Jorge, plantea que deben suspenderse las fumigaciones hasta tanto el Concejo y la Municipalidad de esa localidad establezcan los límites planteados en la normativa vigente.
Además de la ley 11.273, hubo otros intentos por regular la actividad agropecuaria cuando convive con urbes.
En noviembre de 2007, la Legislatura provincial había aprobado la ley 12.824 que regulaba la radicación de instalaciones de los acopios de granos en el territorio santafesino. La norma, propuesta por el entonces diputado justicialista Claudio Tibaldo, propiciaba la relocalización de los complejos de silos y celdas, aunque finalmente la norma aprobada sólo limitaba la instalación de los acopios en las zonas urbanas.
Sin embargo, ni la propuesta original ni la aprobada por la Legislatura quedaron ratificadas, ya que en enero de 2008 el Ejecutivo provincial vetó la norma argumentando de que violaba competencias de municipios y comunas.