Argentina: Mendoza autoriza cuestionado emprendimiento minero
"El Gobierno de la occidental provincia argentina de Mendoza emitió la Declaración de Impacto Ambiental que autoriza las etapas de construcción y producción del proyecto minero "Potasio Río Colorado", en el sur del Departamento de Malargüe, que consiste en la extracción, procesamiento, transporte, almacenamiento y expedición de cloruro de potasio"
El Gobierno de la occidental provincia argentina de Mendoza emitió la Declaración de Impacto Ambiental que autoriza las etapas de construcción y producción del proyecto minero "Potasio Río Colorado", en el sur del Departamento de Malargüe, que consiste en la extracción, procesamiento, transporte, almacenamiento y expedición de cloruro de potasio, mineral utilizado como fertilizante natural de los cultivos y como suplemento dietario. Mientras que las autoridades ponderan las "estrictas medidas ambientales" a la que será sometido el emprendimiento de la empresa brasileña Vale, declarado "de interés nacional" por el gobierno de Cristina Kirchner, y su positivo "efecto multiplicador sobre la economía provincial", el Consejo Provincial del Ambiente emitió un dictamen "negativo" y advirtió que "implicaría una rápida extracción de recursos de potasio no renovables, y una significativa contribución al agotamiento del gas argentino, para abastecer una demanda externa", además de un "enorme pasivo de riesgo, virtualmente a perpetuidad", según pudo saber RENA.
La visión oficial
El Gobierno de Mendoza, a través de la Autoridad Ambiental Minera que ejerce la Dirección de Protección Ambiental y la Dirección de Minería, emitió la Declaración de Impacto Ambiental que autoriza las etapas de construcción y producción del “Proyecto Potasio Río Colorado”, a 270 kilómetros de la ciudad de Malargüe y a 700 kilómetros de la ciudad de Mendoza. Además, según informó la cartera ambiental a RENA, se suscribió un Acta Compromiso entre el Poder Ejecutivo y la empresa para la constitución de un Fondo de Desarrollo Socio Ambiental.
La Declaración de Impacto Ambiental "está condicionada al cumplimiento de instrucciones que surgieron del proceso de evaluación en el que participaron diversos organismos públicos, instituciones académicas y científicas y en el que se cumplió con la apertura a la participación ciudadana, de acuerdo a las disposiciones de la Ley Provincial de Ambiente N° 5961", según un comunicado oficial.
El Proyecto Potasio Río Colorado, en su concepción global, consiste en la extracción, procesamiento, transporte, almacenamiento y expedición de cloruro de potasio, mineral que se utiliza como fertilizante natural de los cultivos y como suplemento dietario.
El yacimiento de cloruro de potasio se localiza en el sur del Departamento de Malargüe, a una profundidad de entre 1000 y 1200 metros, y el método de extracción será mediante disolución. Para eso se realizarán las obras de la planta de proceso e instalaciones auxiliares en la mina. También se contempla, para el traslado del producto, la construcción de un corredor ferroviario hasta el Puerto de Bahía Blanca, sur de la provincia de Buenos Aires, donde se levantará una planta de compactación y se establecerá un puerto.
Según informó la cartera de Ambiente, la Resolución de Declaración de Impacto Ambiental consta de 111 artículos con instrucciones que debe cumplir la Empresa Potasio Río Colorado S.A. para comenzar con las actividades. Se destaca un Sistema Integral de Monitoreo y Control que dispone de una red telemétrica de transmisión de las variables de control a la Autoridad Ambiental Minera (AAM) e integrada a un Sistema de Alerta Temprana; la obligación de mitigar la emisión de gases de efecto invernadero mediante la implantación de forestales y la mejora del arbolado público; y la instalación de fuentes de energías renovables para abastecer parte del consumo del emprendimiento.
El procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, tramitado en un expediente de 32 cuerpos con más de 7 mil fojas, contó con la participación y dictamen del Comité interjurisdiccional del Río Colorado -COIRCO- (integrado por las provincias de Rio Negro, Neuquén, La Pampa, Mendoza y Buenos Aires), la Municipalidad de Malargüe, la Dirección de Hidráulica, la Dirección de Recursos Naturales Renovables, la Dirección de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Consejo Provincial del Ambiente, el Departamento General de Irrigación, el CCT Mendoza del Conicet, la Dirección de Patrimonio Cultural, el Instituto Nacional del Agua (INA), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), y la Universidad Nacional de Cuyo (UNC). Todos esos organismos, en el contexto de la Comisión de Evaluación Interdisciplinaria Ambiental Minera (CEIAM), emitieron el Informe Final Único, sustento de la Declaración de Impacto Ambiental.
Las mismas organizaciones integrarán además la Unidad de Gestión Ambiental Potasio Río Colorado (UGAPRC), creada para el seguimiento y control del proyecto, que cuenta con autorización legislativa para la provisión de agua del Río Colorado mediante ley provincial 7775 del año 2007.
Desarrollo Socio Ambiental
Dentro de la declaración de Impacto Ambiental y con vistas a garantizar el desarrollo sustentable mendocino, la Provincia y la empresa firmaron un acta compromiso para la constitución de un Fondo de Desarrollo Socio Ambiental, que estará compuesto por 48 millones de pesos que aportará la firma brasileña en la etapa de construcción (2009-2013), y el equivalente al 1 por ciento de la Facturación Bruta Total durante el período de producción del proyecto, estimado en más de 40 años. "A valores actuales esto implicaría un aporte anual de aproximadamente 44 millones de pesos. De esta forma, además tributar regalías e impuestos nacionales y provinciales realizará un importante aporte al desarrollo socio ambiental de Mendoza", explicó la cartera de Ambiente y explicó que el fondo deberá ser ratificado por la Legislatura Provincial.
Las obras a solventar con ese dinero serán aquellas que impliquen la construcción, ampliación o mejoramiento de la infraestructura educativa y sanitaria (escuelas, centros asistenciales y hospitales), habitacional y social (centros comunitarios, comedores, obras y planes de vivienda), ambiental (en Áreas Naturales Protegidas y de control ambiental), de transporte (caminos, accesos, vías férreas y aeródromos), de producción, almacenamiento y transporte de energía (obras de energía hidráulica, eólica, térmica, gasoductos y electroductos), agrícola y ganadera (obras de riego y demás obras hídricas). Y aquella que posibilite el desarrollo de nuevas actividades productivas, como los polos industriales, tecnológicos, científicos o turísticos.
El acuerdo contempla también cláusulas referidas a “Mano de Obra Mendocina”, y fija un piso del 75 por ciento del total de personal y de las empresas contratistas. Y “Compre Mendocino”, priorizando la contratación de empresas de bienes y servicios locales.
La suscripción del Acta Compromiso y la notificación de la Declaración de Impacto Ambiental se concretó en una reunión realizada en la Casa de Gobierno. El Gobernador estuvo acompañado por el Secretario de Medio Ambiente, Guillermo Carmona, por el Ministro de Infraestructura, Francisco Pérez, el Intendente de Malargüe, Juan Antonio Agulles, y por funcionarios de Ambiente e Infraestructura. En representación del Gobierno nacional estuvo presente el Secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral.
Por Potasio Río Colorado S.A. participaron los gerentes Antonio Francisco Cisne Pessoa, Evandro Meneses Monteiro, Marcos Gutiérrez y Jorge Bengoechea.
En la oportunidad, los funcionarios presentes destacaron las estrictas medidas ambientales que prevé la declaración de Impacto Ambiental, el efecto multiplicador que sobre la economía provincial tendrá esta inversión, la generación de miles de empleos directos e indirectos y la posibilidad de crecimiento y nacimiento de cientos de empresas locales de provisión de bienes y servicios.
Enorme consumo energético
En un comunicado fechado el 20 de agosto último, 12 entidades mendocinas, hicieron pública su preocupación por la autorización del proyecto minero.
En 2008, recordaron, en cumplimiento del Decreto 820-06, la Secretaría de Medio Ambiente llamó al Consejo Provincial del Ambiente (órgano asesor del Poder Ejecutivo por ley provincial 5.961) a participar de la Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto, invitación que la gestión anterior había omitido cursar. El 22 de diciembre de 2008, el Consejo Provincial del Ambiente emitió su Dictamen Sectorial. Allí concluyó que "El proyecto Potasio Río Colorado implicaría una rápida extracción de recursos de potasio no renovables, y una significativa contribución al agotamiento del gas argentino, para abastecer una demanda externa, sin considerar las necesidades internas a largo plazo, en condiciones que permitirían a Mendoza captar apenas una pequeña parte del valor generado".
Las entidades manifestaron que, aún en su versión mejorada a partir de la propuesta de relocalización, "el depósito de sal constituiría un enorme pasivo de riesgo, virtualmente a perpetuidad. El análisis de otras alternativas viables para el residuo de sal no ha sido suficientemente profundo ni sometido a dictamen de las entidades de la Comisión de Evaluación Interdisciplinaria Ambiental Minera (CEIAM)". Y por eso, "el dictamen para este proyecto Potasio Río Colorado es negativo".
"El Consejo Provincial del Ambiente reconoce que, con la relocalización de la pila de sal residual (120 millones de toneladas), disminuyó el riesgo de contaminación del río Colorado, aunque sin eliminarlo, y la Declaración de Impacto Ambiental incluye algunas de las recomendaciones efectuadas por dicho Consejo. Por otro lado, de concretarse el proyecto (...), requerirá 1 millón de metros cúbicos de gas por día, tanto como el consumo residencial + comercial + oficial de toda la provincia de Mendoza, o un tercio de las importaciones desde Bolivia", advirtieron.
"Las reservas probadas de gas en el país alcanzan para sólo 8 años. A corto y largo plazo la escasez e importación de gas, y con ella el costo de la energía para los argentinos, seguirán creciendo. La fuerte contribución de Potasio Río Colorado al agotamiento de nuestro gas acentuaría esa tendencia, perjudicial para los hogares argentinos, las actividades productivas y el desarrollo sustentable", ampliaron.
"Si al gas sumamos la electricidad requerida, el consumo energético total de Potasio Río Colorado equivale a la generación de las 4 centrales Nihuiles más Los Reyunos, o al 83 por ciento de (la central nuclear) Atucha I, o a la electricidad facturada en toda la provincia de Tucumán. Potasio Río Colorado emplearía a 386 personas en Mendoza, pero con la misma cantidad de energía que requeriría esa mina, la industria mendocina hoy da trabajo a 16.100 obreros. El gobierno no ha expresado por qué motivos desechó estas objeciones del Consejo Provincial del Ambiente".
"Se han ensalzado los 40 millones de dólares anuales que este proyecto podría dejar al fisco mendocino. Pero ese monto representaría menos de 4 por ciento de los más de 1.000 millones de dólares por año que facturaría la mina", aseveraron.
"Por todo ello, expresamos nuestro firme rechazo al proyecto, y exhortamos al Secretario de Energía de la Nación a no otorgar los permisos de gas y electricidad requeridos por Potasio Río Colorado".
El comunicado fue firmado por la Agrupación Los Horneros, la Asamblea Popular por el Agua, el Centro de Ingenieros Agrónomos de Mendoza, el Consejo de Desarrollo Sustentable, la Federación Agraria General Alvear, el Foro Opinión Ciudadana, la Fundación Cullunche, la Fundación Carlos Padín, la Multisectorial General Alvear, Oikos Red Ambiental, las Organizaciones Sociales Autoconvocadas y la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra.
"Es un disparate"
RENA consultó a la Asamblea Popular por el Agua, que reconoció que el riesgo ambiental de salinización para el río Colorado "ha quedado muy disminuido", pero "sin desaparecer".
"Ahora algunos funcionarios salen a hablar, sin que haya ningún proyecto concreto, de que la pila de sal residual podría ser utilizada por una fábrica de soda solvay, idea (no proyecto) que ciertamente es muy antigua en Mendoza y nunca se concretó. Hoy hay una funcionando y habría que ver muy bien si sería factible o no (ambiental y económicamente) instalar otra en Malargüe para usar la sal residual del proyecto PRC. De cualquier modo, para utilizar toda esa sal, debería ser una de las fábricas de soda solvay más grandes del mundo. O bien usarla como insumo pero a lo largo de varios siglos antes de agotarla. Son 120 millones de toneladas de cloruro de sodio. El residuo se acumularía a razón de 3 millones de toneladas al año, el triple de la oferta y demanda actual en Argentina", revelaron sus integrantes. "Ambientalmente hay otros impactos más localizados, por supuesto, pero se los toma como menores", ampliaron.
Respecto del gas "es un disparate", calificaron. "Las autoridades provinciales no nos han dado explicaciones de por qué se apartaron de nuestro dictamen sectorial. Especulan con 'tirar el fardo' a la Secretaría de Energía de la Nación, por más que el manejo racional de los recursos energéticos no sea competencia exclusiva de esa secretaría; Mendoza también debe hacerlo en función de nuestras leyes provinciales".
Además, continuaron, "hay presiones políticas y empresarias desde Malargüe sobre el gobernador (malargüino) para que arranquen ese y otros proyectos mineros. La imagen de este gobierno está muy por el piso, y un anuncio de este tipo les viene bien. Claro, siempre y cuando logren silenciar lo que tenemos para decir al respecto". Esas presiones "también vienen de (el Secretario de Planificación Julio) De Vido, de (el titular de la cartera de Minería Jorge) Mayoral, y la propia presidente, que declaró el proyecto 'de interés nacional' el 3 de diciembre pasado".
La organización asegura que el verdadero interés es "de la nación brasileña: el potasio es para Brasil, la empresa es brasileña, y las gigantescas ganancias también tomarán, en su mayor parte, ese rumbo".
Consultado sobre la causa del gran empuje de las autoridades a este proyecto, Eduardo Sosa, titular de Oikos, organización de la sociedad civil dedicada a promover el libre acceso a la información, la participación ciudadana y la resolución de conflictos socio-ambientales en Mendoza, dijo que sospecha de "la necesidad imperiosa de conseguir recursos para la provincia, sea la forma que fuere".
"Por otra parte, el Gobierno tiene una tendencia a asociarse con las empresas y no con la sociedad civil, lo que redunda en el corporativismo de estado que estamos viviendo. Otra argumentación tiene relación con la visión de corto plazo que poseen las autoridades provinciales y una estructura mental que favorece la remediación antes que la conservación y la prevención".
Sosa reveló que existe la posibilidad de que el presidente brasileño Luis Inácio Lula Da Silva viaje a Mendoza para inaugurar las obras de inicio del cuestionado emprendimiento minero.