Argentina: Fornari/ “Soberanía alimentaria, prioridad para los pueblos”
Nuestro país tiene el derecho a definir sus propias políticas agrarias y alimentarias, de acuerdo a objetivos de desarrollo sostenible y seguridad alimentaria, aseguró a AIM el abogado especialista en Derecho ambiental Osvaldo Fornari, quien agregó que “dentro de la cultura e identidad de los pueblos está también su modo de producción, y eso es lo que se debe defender”
Sobre la “soberanía alimentaria”, Fornari apuntó que “la idea central es lograr como nación que nuestro pueblo tenga garantizada la alimentación por medios propios, cultivos propios. La discusión actual en la materia se centra en el desplazamiento de ciertos cultivos y su reemplazo por otros”, agregó. “Dentro de la cultura e identidad de los pueblos está también su modo de producción. Por eso planteamos volver a esos modos que tenían los pueblos locales: si un productor elimina las intermediaciones, a él mismo le resultará mejor su trabajo y colaborará con la persona que le compra directamente que pagará menos el alimento”.
Agronegocios, un paquete impuesto
“Nos han impuesto un paquete tecnológico no deseado, donde además de los pesticidas nos venden semillas modificadas”, advirtió.
Pero además, entre los efectos de los agronegocios está el éxodo rural, que implica el traslado de personas desde su tierra de origen a lugares urbanizados. “En este caso, los campesinos pierden hábitos de producción, saberes milenarios, se hacinan en las ciudades y los más débiles pueden quedar incluidos en las áreas de delincuencia”.
Fornari, que es socio fundador e integra la organización Fundavida de Gualeguaychú, destacó que cuando se habla de delitos ambientales “habrá que ver cómo actúa la comunidad de abogados, juristas y veterinarios si no lo incluirán como el contexto previo”.
¿Qué es la soberanía alimentaria?
La soberanía alimentaria es un concepto político introducido en 1996 por Vía Campesina en Roma, con motivo de la Cumbre mundial de la alimentación de la Organización para la alimentación y la agricultura (FAO).
Se entiende como el derecho de cada pueblo a definir sus propias políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a objetivos de desarrollo sostenible y seguridad alimentaria e implica la protección del mercado doméstico contra los productos excedentarios que se venden más baratos en el mercado internacional, y contra la práctica del dumping (venta por debajo de los costos de producción).
Este nuevo concepto, constituye una ruptura con relación a la organización actual de los mercados agrícolas puesta en práctica por la OMC. En contraste a la seguridad alimentaria definida por la FAO, que se centra en la disponibilidad de alimentos, la soberanía alimentaria incide también en la importancia del modo de producción de los alimentos y su origen. Resalta la relación que tiene la importación de alimentos baratos en el debilitamiento de producción y población agraria locales.
Derecho ambiental en defensa de los pueblos
En diálogo con esta Agencia, Fornari indicó que dada la gravedad de la problemática ambiental en Argentina y en otras partes del mundo, existe una tendencia a nivel mundial que determina la utilización del derecho penal en forma disuasiva en primera instancia, y luego represiva si la disuasión no tiene efecto.
El abogado colabora con la Unidad fiscal temática ambiental (Ufima), que funciona en la órbita del procurador general de la nación, Esteban Righi. Esta Unidad es la que junto con la Defensoría del pueblo tiene mandato constitucional para custodiar la problemática ambiental. “Estas unidades que se están gestando nos marcan otras tendencias o necesidades”.
El profesional indicó que el Derecho ambiental, del cual es especialista, es multidisciplinario y complejo. “Por un lado están las cuestiones puntuales como pueden ser las intoxicaciones, pero en realidad lo que ahora estamos comenzando a descubrir es que tienen un montón de efectos en distintos planos que hasta hace poco eran insospechados”.
Y agregó que para su desarrollo “hacen falta bioquímicas, geógrafos, toxicólogos, economistas. La contaminación es el producto final, pero en el medio hay todo una serie de cuestiones como el desarraigo, el hacinamiento. Incluso en los lugares más insólitos se sienten los desacoples de las cuestiones medioambientales”.
También advirtió que está comprobado que el éxodo rural es producto del desplazamiento provocado por cuestiones ambientales. “Esa gente que fue desplazada de su vida campesina, termina hacinada en los cordones de las grandes ciudades. La consecuencia es que después corremos a hacer cárceles porque tenemos problemas de inseguridad sin resolver”.
La contaminación de las grandes ciudades también es un problema “casi imposible de solucionar y por eso, estamos esperanzados en medidas que se van tomando. Creo que los entrerrianos tienen una ocasión brillante para ponerse a la cabeza en el debate de preservación del ambiente. No me olvido de la gente que también está en las luchas por el tema de las minas a cielo abiertos y otras avanzadas del gran capital que viene con el nombre de inversión a colocar esos megaproyectos sin que les importen las riquezas naturales”. Desde ese lugar, agregó, los grandes capitales “vienen a buscar los recursos naturales”.
Criticas a convencionales entrerrianos
En otro orden, el profesional indicó que “hay muchos convencionales entrerrianos que no han entendido el proyecto de Fundavida, que pide que en casos graves de contaminación ambiental, se aplique directamente el derecho penal. Muchos, de buena fe pero con desconocimiento, nos han dicho que la provincia no puede dictaminar sobre delitos. Y aunque eso es verdad (las provincias delegaron en la jurisdicción nacional la facultad de legislar sobre delitos), creemos que la provincia está en una excelente situación para –desde el plano constitucional, que es el que luego fija la pirámide jurisdiccional- aplicar una fuerte decisión política para prevenir estos delitos. La gente se cuida más cuando sabe que hay un delito en el medio”.