Argentina: ¿El último round?
Aunque desde Agricultura se había dejado trascender que no habría novedades hasta después de las elecciones sobre el tema regalías en semillas, Monsanto agitó las aguas con intervenciones sobre los importadores europeos. Productores cuestionan una medida de la Comisión Nacional
Si hubiera que contar puntos de consenso en la pelea por las regalías en el sector semillas entre productores y obtentores –con Monsanto a la cabeza– uno es que a los primeros les preocupa e interesa el acceso a la tecnología. Y a los segundos, lograr los mayores avances que sean posibles.
Para el caso, los voceros de la compañía estadounidense enarbolan un ejemplo bastante contundente: la liberación al mercado nacional de cinco nuevas tecnologías en soja permitiría engrosar la producción en unos 10 millones de toneladas y aumentar los ingresos del sector en 1.700 millones de dólares. Entre esos nuevos “eventos” (materiales transgénicos) se cuentan variedades más eficientes en el uso del nitrógeno, tolerantes a sequía e insectos, sojas de alto rendimiento, con más proteínas o altos niveles de ácido oleico (o la combinación de ambos), propiedades capaces de competir con otros aceites de calidad, como el de oliva, y altamente valoradas entre los elaboradores de alimentos y procesadores.
“Sin acuerdo sobre el pago de regalías, estas innovaciones tecnológicas no llegarán al país” remachan los directivos de la compañía.
Los productores, además, reconocen que la tecnología –en este caso contenida en las especies vegetales– tiene un valor y tiene que pagarse. Éste es uno de los aspectos que tal vez más se ha cotizado en medio de la puja que afloró en los últimos meses, especialmente después que Monsanto anunció su intención de cobrar derechos sobre los embarques de soja argentina RR (Roundup Ready).
“El productor no dice: ‘no quiero pagar’. Quiere un sistema sencillo y un precio razonable porque le preocupa el acceso a la nueva tecnología. Y nosotros estamos dispuestos a reconocer el uso propio gratuito, teniendo en cuenta el espíritu de la ley (nacional de semillas) que ampara en particular al pequeño productor”, se escucha en la vereda de Monsanto. ¿Una señal de que la presión judicial en el destino europeo de recientes embarques no es más que una carta para sentarse a negociar en el frente doméstico?
En los últimos días, los referentes de Monsanto en el país han salido a poner algunos paños fríos, en medio de algunas novedades que no hicieron más que sumar tensión en el proceso de negociación en el que la Secretaría de Agricultura se ha mostrado como parte directamente interesada, más allá de que en la compañía aluden a una “negociación entre privados” (productores, exportadores y semilleros).
En Monsanto niegan la adopción de “posturas extorsivas”, como acusó el secretario Miguel Campos, y apuntan que la actuación judicial en Holanda y Dinamarca sobre cargas e importadores no provocará ni tiene por objeto la interrupción del comercio, al igual que las tomas voluntarias de muestras sobre un embarque en España (algo similar anticipan que ocurrirá en Alemania). En la misma línea, la compañía asegura que no tiene intención de dejar sus inversiones en el país, como sí lo dispuso el grupo Suez, controlante de Aguas Argentinas, en disconformidad con la política oficial de tarifas sobre los servicios públicos.
Ante las acciones de Monsanto en Europa, el Gobierno se presenta como tercera parte interesada y contrató un estudio jurídico europeo especializado en asuntos de patentes.
Leña al fuego.
Una disposición en ciernes de la Comisión Nacional de Semillas (Conase), para limitar el denominado “uso propio” en la nueva campaña, con la venia de Agricultura y el apoyo de una parte de las entidades del sector, fue otra de las novedades de la semana.
Confederaciones Rurales Argentinas salió al cruce con un comunicado en el que se califica a la iniciativa como “fuera de lugar y sin consenso de los productores”. La entidad advirtió sobre un nuevo embate de la industria semillera para reducir a la mínima expresión el derecho que el agricultor tiene sobre el uso propio de la semilla para siembra, expresamente permitida por la ley 20.247 (ley de semillas y creaciones fitogenéticas) y la ley 24.376 de 1994, en la cual Argentina adhirió al Acta Upov ’78.
“Ante todo, consideramos que el ámbito para realizar modificaciones a la ley es el Parlamento nacional. Asimismo, insistimos en que es el Instituto Nacional de Semillas (Inase) quien tiene las atribuciones de fiscalizar y regular este mercado ateniéndose a la actual ley de semillas”, enfatizó CRA.