Argentina, Corrientes: Tompkins y su imperio natural
En el Iberá hay miedo, pero no el miedo que las antiguas leyendas adjudican a los "aparecidos" o espíritus de los esteros, sino el miedo de sus habitantes y de dueños de pequeñas parcelas, cercados por una gran sombra
Es la del magnate norteamericano Douglas Tompkins, que va extendiendo sus dominios sobre las tierras firmes del sistema del Iberá, donde se encuentra una de las reservas de agua más importantes del mundo, y que se suman a las que tiene en la Patagonia, cerca de los ríos, la naturaleza y la cordillera.
En Corrientes, Tompkins compró 230.000 hectáreas, con estancias que pertenecieron a familias tradicionales de la Argentina. En esos lugares, de repente, se cerraron los caminos "de servidumbre", usados por los pobladores para pasar de un campo a otro acortando distancias, para llegar a sus casas sin dar enormes rodeos. Y se cortó el acceso a los espejos de agua que conforman el sistema Iberá. Miembros de tres familias que resisten el desalojo dijeron que el empresario mandó a cambiar alambrados y un peón asegura que tuvo que demoler una escuela por indicación de la gente de Tompkins.
A caballo y por momentos en canoa, Clarín recorrió la zona de Concepción, San Miguel e Ituzaingó. Allí hay familias con más de un siglo y medio de radicación en los esteros, la gran mayoría en tierras fiscales. Perdieron todo: sus humildes casas, sus animales, sus canoas, sus muertos, su arraigada forma de vida. Fueron expulsados sin explicación alguna. Ramón Bernardo Gómez tiene 72 años, vivía junto a dos nietos de 17 y 18 años en la zona conocida como "Ñupi". Nació y se crió en el lugar. Su esposa murió y está enterrada ahí.
Ramón afirmó que fue sacado de allí por la Policía y trasladado por la fuerza a la estancia San Alonso, donde sus nietos fueron esposados durante varias horas alrededor de un árbol. Dijo haber pasado nueve días en un calabozo de la comisaría de San Miguel y que no le quisieron tomar declaración ni denuncia.
Otras veces —según testimonios recogidos por Clarín— los gendarmes reunieron a los habitantes de los esteros en el casco de la estancia San Alonso, donde Alberto Ansola —señalado por los denunciantes como empleado de Tompkins— les "explicó" que tenían que abandonar la zona.
Según testigos, hay sobrevuelos rasantes de avionetas, incendios de campos y matanza de animales para aumentar la presión.
Tompkins actúa en Corrientes por dos vías: la firma Conservation Land Trust (en el Sur tiene la Patagonia Land Trust) y la Fundación Ecos. La primera compra tierras y apoya económicamente a la segunda, que es la que impulsa el plan de manejo sustentable del Iberá. El plan auspicia reducir las actividades agropecuarias productivas en la zona al mínimo. Esto produciría una reducción en el precio de los campos, que después se podrían comprar más baratos.
Ecos, según las fuentes consultadas, estuvo conducida por Miguel Reynal, un hombre que ya no ejerce ese puesto, pero encabeza actividades del grupo. Hoy, la titular es María Leichner, su esposa. Ambos niegan vinculación con Tompkins.
Sin embargo, colocan a la organización de Tompkins como la principal financista de los planes que tienen para el Iberá. Eso consta en la documentación que presentaron ante el Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD) para conseguir el financiamiento para el proyecto, a la que tuvo acceso Clarín.
En esos papeles, presentan a la firma de Tompkins como "un grupo de conservación internacional que adquiere las tierras que aún quedan en manos privadas". Para su "plan de sustentación", Ecos aportaría 33.000 dólares, la Fundación Iberá, 20.000, Vida Silvestre 25.000 y Conservation Land Trust, o sea Tompkins, 9.110.000 dólares, casi el 90 por ciento del total.
En esos escritos, Ecos aseguró que la intención, tras la compra de tierras por parte de CLT, es que éstas sean "otorgadas a la agencia de conservación provincial o nacional que corresponda". Pero funcionarios correntinos pusieron esa promesa en duda.